Serapio León Higuera
Expediente 142/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2016
Partes del expediente
- Serapio León Higuera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de once de abril de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA SERAPIO LEÓN HIGUERA, publicada el catorce de abril de dos mil dieciséis en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice "Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Serapio León Higuera, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de marzo del actual, bajo protesta de decir verdad manifiesta los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado en el presente juicio, además exhibe tres copias de su ocurso inicial En consecuencia, se tiene por cumplida la prevención formulada en el auto señalado en el párrafo que antecede, y se tiene al quejoso Serapio León Higuera promoviendo demanda de amparo en contra de la autoridad responsable: 1. Titular del Juzgado Primero Civil en Ensenada, Baja California. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La resolución interlocutoria de fecha veinticuatro de febrero de dos dieciséis, emitida en el incidente de liquidación de intereses, derivado del juicio 919/2013-A, del índice del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de apelación previsto en el numeral 501, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; precepto que a la letra reza: ARTÍCULO 501.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiere dentro del término fijado se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente por tres días y de lo que replique, por otros tres al deudor. El Juez fallará dentro de igual término lo que estime justo. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo. En efecto, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de fecha veinticuatro de febrero de dos dieciséis, emitida en el incidente de liquidación de intereses, derivado del juicio 919/2013-A, del índice del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, es dable su impugnación a través del recurso de apelación a que se refiere el artículo 501, del del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, pues la impenetrante figura como parte demandada en el juicio de origen, por lo que se advierte que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Luego, al advertirse que la impetrante no agotó el recurso de apelación previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligada, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la Tesis, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2011, Tomo XXXIV, Materia Civil, Novena Época, visible en la página 1289, cuyo rubro y texto es el siguiente: APELACIÓN. PROCEDE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS EN UN PROCEDIMIENTO SUMARIO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 401, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). La interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de costas debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio. Si la interlocutoria reclamada fue dictada después de concluido el juicio sumario intentado contra el tercero perjudicado, no puede aplicarse la regla especial que establece como inapelables las resoluciones que recaigan en los juicios sumarios que versen sobre la rendición de cuentas por tutores, administradores y por todas aquellas personas a quienes la ley o el contrato correspondiente impone esa obligación, como refiere la fracción VIII del artículo 401 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Pues si no fue dictada dentro del juicio sumario, sino después de concluido éste, no puede operar la regla especial de referencia y, previo a la interposición del amparo, debe interponerse el recurso de apelación previsto por el artículo 146 del mencionado código, a fin de respetar el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. De igual forma, sustenta lo anterior la Tesis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2008, Tomo XXVII, Materia Común, Novena Época, visible en la página 2378, que a la letra dice: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECIDE EN PRIMERA INSTANCIA EN UN JUICIO ORDINARIO FEDERAL, PREVIO A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. La resolución que decide un incidente de liquidación de daños y perjuicios, sustanciado de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles en un juicio ordinario federal, no es una sentencia interlocutoria contra la que proceda el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque de la interpretación sistemática de los numerales 220, 221 y 222 del aludido código, se advierte que la sentencia es la resolución que decide el asunto en lo principal, en tanto que un auto determina cuestiones secundarias, previas al fallo o incidentales, diversas de aquellas que han de examinarse en la sentencia; además de que en el sistema de resoluciones y medios de impugnación del propio código no se prevé la existencia de sentencias interlocutorias. Por tanto, la mencionada resolución no puede considerarse técnicamente como una sentencia interlocutoria sino como un auto, y si éste es emitido en la primera instancia, debe impugnarse a través del recurso de apelación, conforme a los artículos 231, 353 y 363 del citado código, como condición para que adquiera definitividad, y sea susceptible de reclamarse a través del amparo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente."
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA SERAPIO LEÓN HIGUERA, publicada el cinco de abril de dos mil dieciséis en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "ista la demanda de amparo que promueve ***, por derecho propio, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Titular del Juzgado Primero Civil en Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 142/2016-II-D. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 114 fracciones II y V, 108 fracción V, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precise bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que sirvan de fundamento de los conceptos de violación. Lo anterior, pues resulta ser un requisito indispensable para la tramitación de la demanda de amparo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 108, de la ley de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 127/99 de la novena época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y dos, que se apunta: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Así como la tesis de la octava época, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y uno, página ciento veintidós que se anota: DEMANDA DE AMPARO, LA PROTESTA DE DECIR VERDAD CONTENIDA EN LA, NO NECESITA SOLEMNIDAD O FORMULA SACRAMENTAL. La expresión "bajo decir la verdad manifiesto que son ciertos los hechos que a continuación señalo, los cuales constituyen los fundamentos de violación ..." cumple con el requisito exigido por el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual no necesita solemnidad o fórmula sacramental alguna, sino que se requiere que quede clara la manifestación de conducirse con verdad respecto de los hechos o abstenciones que consten al quejoso y que constituyan antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. b) Exhiba tres copias más de la demanda de garantías, toda vez que se requieren en total cinco, una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y dos para los cuadernillos incidentales. Ello, en virtud de que únicamente exhibió dos copias del ocurso de cuenta, las cuales resultan insuficientes para correrle traslado a las partes, en términos de lo establecido por el artículo 110 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido con antelación, en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en avenida Pedro Loyola, número 160, fraccionamiento Punta Banda II, de esta ciudad; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a María Guadalupe Carpio Durán y Silvia Argelia Flores Martínez, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal."
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