Serapio Fonseca Perez
Expediente 960/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Serapio Fonseca Perez
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la papeleta, el oficio de cuenta y anexos, acorde a los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Federal; numeral 1, fracción I, 5, 6, 35, 112, 115, 116, 117, 119 y 125 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 960/2023-5B. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo. En ese contexto, requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito, o en medios magnéticos, a través del correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el cual se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Bajo el apercibimiento que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se impondrá una multa por el equivalente de CIEN UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de TREINTA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro, para el verificativo de la audiencia constitucional. En diverso orden, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial, y con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria de este juzgado para que emplace a juicio a la tercero interesada ******************** en su calidad de ofendida, por ser esposa de la víctima del delito, con domicilio en calle ********************, para lo cual deberá correrle traslado de la demanda y del auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia se ordena emplazar al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con residencia en esta ciudad, por conducto del citado Juzgado, anexándose con copia de la demanda y del escrito inicial de demanda. En el entendido de que dicho juez deberá remitir la constancia de notificación al agente a él adscrito, para estar en condiciones de tenerlo debidamente emplazado al presente juicio de amparo. En otro panorama, con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en ********************, de esta ciudad; de igual manera, téngase como sus autorizados legales para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** En cuanto a la solicitud para realizar la consulta del expediente electrónico, así como la promoción vía electrónica, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede al autorizado con usuario LICPRAXEDEZGV, permiso para consultar el presente juicio de amparo y promover por la vía electrónica, así como para que se les realicen las notificaciones electrónicas a la parte quejosa. En atención a lo dispuesto en los artículos 6° Constitucional, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo establecido en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dígase a las partes que las determinaciones que se dicten en el presente asunto están a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información establecido en los señalados ordenamientos. En tal virtud, infórmese a las partes que están en posibilidad de oponerse a que se publiquen sus nombres y datos personales, acorde a lo dispuesto por el ordinal 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en congruencia con el diverso numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada Ley. Ahora, debido a la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
- Incidental
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal, con una copia del escrito inicial de demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 713/2023, promovido por ********************, contra actos del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147 y 150 de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda constitucional, requiérase el informe previo a la autoridad señalada como responsable; informe que deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la citada ley, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. En el entendido de que, la responsable podrá rendir el informe de referencia por escrito, vía telegráfica, o bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, en su caso, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, se señalan las doce horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Pues bien, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el órgano de control constitucional debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. En la especie, el promovente de este amparo señala como actos reclamados del juez responsable, textualmente, los siguientes: ". De la primera autoridad señalada como responsable, reclamo la resolución de fecha 23 de noviembre de 2023, dictada en audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se le solicitó la desaplicación de la prisión preventiva oficiosa de la que el quejoso es objeto, ordenada dentro de la causa penal 255/2023, seguida en contra del suscrito ********************, por supuestos hechos considerados por la ley como constitutivos del delito de Homicidio Doloso, previsto y sancionado por los artículos 133 y 134, ambos del Código Penal para el Estado de Sinaloa; cometido en contra de la vida ********************. ..." A su vez, la suspensión del citado acto se pide para los siguientes efectos: ". SUSPENSIÓN. Por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 147, 162, 163, 166 y demás relativos de la Ley de Amparo, solicito se me conceda de inmediato la Suspensión Provisional y en su oportunidad la definitiva de los Actos reclamados, para el efecto de que, con base en una interpretación conforme al artículo 166 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107, fracción X, Constitucional, se me conceda la Suspensión Provisional con efectos restitutorios, es decir, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares, dejando sin efecto la prisión preventiva oficiosa que dejó de inaplicar la responsable al dictar el acto reclamado, la cual ya fue declarada inconvencional en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, de siete de noviembre de dos mil veintidós; y García Rodríguez y otro contra México, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en las que el estado mexicano fue condenado. ." Pues bien, en razón de que el acto reclamado que se relaciona con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta al quejoso, SE CONCEDE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, por las razones que se expondrán enseguida. En primer término, el órgano de control constitucional al resolver si concede o no la suspensión provisional con efectos restitutorios respecto de la prisión preventiva oficiosa debe atender al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, conforme al cual la medida cautelar puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado; de ahí que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, de ser jurídica y materialmente posible, puede restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Por otro lado, el precepto 128 la ley en consulta señala que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares dictadas por autoridad judicial; sin embargo, esa disposición no es absoluta, habida cuenta que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, estableció que la referida porción normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo, y que pueden existir excepciones que corresponde al juzgador de amparo examinar en cada caso concreto y realizar la determinación relativa, atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar puede ser suspendida. En el caso, acorde a lo que narra la parte impetrante en la demanda de amparo, se aprecia que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 255/2023, el quejoso ******************** fue vinculado a proceso por supuestos hechos considerados por la ley como constitutivos del delito de homicidio doloso, previsto y sancionado por los artículos 133 y 134, ambos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, cometido en contra de la vida de ********************, fijándose, en consecuencia, en su contra, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. También se aduce en la demanda de amparo que, el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, el quejoso, a través de su abogado particular licenciado ********************, solicitó a la autoridad responsable señalada como ordenadora, el desahogo de una audiencia para la revisión de la medida cautelar impuesta; esta audiencia se verificó el veintitrés de noviembre del año en curso. Sin embargo, en esa audiencia, el juez natural (señala el quejoso) resolvió negar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa alegando que ".como juzgador primario, para resolver el particular, argumentando que debía ser una autoridad federal, específicamente un juez de amparo, quien debía ordenarle dicha desaplicación, en términos de la contradicción de criterio 40/2023.". Pues bien, como se vio, el tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo señala que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares dictadas por autoridad judicial; empero, esa disposición no es imperiosa, además de lo ya señalado respecto a que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dejó evidenciado en resolución de la acción de inconstitucionalidad 62/2016, que la referida porción normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo, y que pueden existir excepciones correspondiendo al juzgador de amparo el determinar, en cada caso, la posibilidad de que alguna medida cautelar pueda ser suspendida. Analizado lo anterior, este juzgador constitucional, basándose en los antecedentes narrados en la demanda de amparo, por ser con lo que se cuenta en estos momentos, al haberse aplicado al quejoso la prisión preventiva oficiosa, y que esta no podía desaplicarse hasta en tanto no se lo ordenara al juez natura, un juez de amparo, este juzgador estima procedente con base en el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), dado el análisis de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora; ello, con base en lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, y García Rodríguez y otro Vs. México, donde estableció que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconvencional por transgredir los derechos fundamentales de libertad y presunción de inocencia, al no estar sujeta a un juicio de proporcionalidad (con la satisfacción de los cuatro escaños consistentes en: fin compatible con la Convención, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto); en tanto que sólo la autoridad judicial puede efectuar y la que debe justificar su imposición según las particularidades de cada caso, lo que no ocurre si se aplica de manera oficiosa. Es por ello que, en cuanto al análisis de la apariencia del buen derecho, en un cálculo de probabilidades se avizora una sentencia favorable a quien acude a la acción de amparo. Además, también existe peligro en la demora, si el quejoso se encuentra privado de la libertad con motivo de la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra, si no se suspende esa medida cautelar con efectos restitutorios, al generarse una afectación permanente mientras persista y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente; aunado, no se advierte afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares; por tanto, procede otorgar la suspensión provisional del acto reclamado al quejoso, referente a la prisión preventiva oficiosa, para el efecto de que el Juez de Control responsable fije una audiencia de revisión de la medida cautelar -dentro del término legal de 48 horas establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales-, en la cual, prescindiendo de la determinación de prisión preventiva oficiosa reclamada (lo cual no significa que la deje sin efecto), analice los datos puestos a su conocimiento, así como el que realice el debate correspondiente, e imponga de manera provisional la medida que considere razonablemente adecuada -que puede ser incluso la de prisión preventiva, pero justificada- para lograr la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de posibles testigos, así como evitar la obstaculización del proceso. La anterior medida suspensional no procederá en el caso de que la autoridad responsable -en la audiencia en la que se emitió la resolución reclamada- sí hubiera realizado el análisis correspondiente y debatido la cuestión planteada y, con base en ello, hubiera emitido la determinación de prisión preventiva que se combate, pero de forma justificada. Sirve de apoyo por su aproximación jurídica, la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, visible a páginas 3918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, correspondiente al mes de agosto de 2023, Tomo IV, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De igual forma, cobra apoyo a todo lo antes dicho, la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro- Norte, con residencia en la Ciudad de México, visible a páginas 4670, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, correspondiente al mes de septiembre de dos mil veintitrés, Tomo IV, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." Finalmente, también cobra aplicación la tesis I.1º.P.31P(11ª), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a páginas 4512, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, correspondiente al mes de agosto de 2023, Tomo V, Undécima Época, con el rubro siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA QUE DE INMEDIATO EL JUEZ DE CONTROL FIJE UNA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR E IMPONGA LA QUE CONSIDERE ADECUADA, QUE PUEDE SER INCLUSO LA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA." La suspensión provisional de los actos reclamados concedida, surte efectos desde luego, aun cuando sea recurrida esta determinación conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo. En otro panorama, expídase a la parte quejosa copia certificada de la presente determinación, previa toma de razón que por su entrega y recibo se deje en autos. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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