Serafina Perez Ramirez
Expediente 257/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Serafina Perez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido al solicitante del amparo *** en su carácter de apoderado legal de ***, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en la Tesis de Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante escrito recibido el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de la Federación, *** ostentándose como apoderado legal de ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, actos que describió de la forma siguiente: IV.- Los actos de autoridad reclamados.- La resolución de la REVISION CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE en el juicio laboral 3864/2013/P.P., de fecha 9 de enero del 2017. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (f. 9-11), se admitió a trámite la demanda promovida contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y Actuario adscrito a dicha Junta; y substanciado que fue el procedimiento en todas sus partes, el veintiocho de marzo de dicho año (f. 40-53), se dictó la sentencia respectiva en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, dejara insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revisión interpuesto contra actos del Presidente de la referida Junta plasmados en acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 3864/2013 P.P.; y dictara otra, en la que, prescindiendo de los argumentos en que sustentó la determinación contenida en la resolución reclamada y atendiendo la totalidad de los agravios vertidos, resolviera el recurso de revisión interpuesto conforme a derecho procediera. Posteriormente, mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete (f. 57-58), se declaró que la sentencia emitida causó ejecutoria; por tanto, se procedió a requerir su cumplimiento a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. Al respecto, mediante oficios números 2102/201 y 2085, registrados con los folios 3175 y 3147 (f. 66 y 61), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, por conducto de su Presidente, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete(f. 68), así como de la resolución de veinticinco de abril del apuntado año (63-65), dictados dentro del expediente laboral ***, de los que se desprende que en las indicadas fechas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efecto la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revisión interpuesto contra actos del Presidente de la Junta Local responsable; y dictó una nueva determinación, en la que se aprecia que prescindió de los argumentos en que sustentó la determinación contenida en la resolución reclamada y atendiendo la totalidad de los agravios vertidos resolvió el recurso de revisión interpuesto en cuya resolución declaró procedente la revisión contra actos del Presidente promovido por la parte actora en el expediente laboral de origen. Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (f. 69), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obran en autos se pronunciaría sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional; término que ha transcurrido de acuerdo con la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación. En suma, si la protección constitucional fue otorgada para el efecto de que la Junta Local responsable dejara insubsistente el acto reclamado, consistente en la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente laboral ***, de su índice, y prescindiendo de los argumentos en que sustentó la determinación contenida en dicha resolución, analizara los agravios vertidos por la aquí quejosa, y resolviera el recurso de revisión interpuesto conforme a derecho procediera; y al respecto existe constancia en autos de que la referida Junta Local dejó sin efecto la aludida resolución y emitió otra en la que se aprecia que sin tomar en cuenta los argumentos en que sustentó la determinación contenida en resolución reclamada, analizó los agravios vertidos por la solicitante del amparo, y en la resolución correspondiente declaró procedente la revisión interpuesta contra actos del Presidente; se arriba a la conclusión de que la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTA CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Comuníquese lo anterior a las partes; y por tratarse de un asunto totalmente concluido, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 202 primer párrafo, en relación con el diverso numeral 201 fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en términos artículo 196 tercer y cuarto párrafos, del citado ordenamiento legal; previas las anotaciones respectivas en el libro de control. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (f. 40-53), que por una parte, decretó el sobreseimiento en este juicio de amparo; y por otra, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria. La sentencia de referencia concedió la protección constitucional solicitada en los términos siguientes: ". Por todo ello, al haberse puesto de manifiesto que en contra de la parte quejosa existe violación de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, deje insubsistente la resolución de ****, que resolvió el recurso de revisión interpuesto contra actos del presidente de la referida Junta plasmados en acuerdo de ****, dentro del expediente laboral ***; y dicte otra, en la que, prescindiendo de los argumentos en que sustentó la determinación contenida en la resolución reclamada y atendiendo la totalidad de los agravios vertidos, resuelva el recurso de revisión interpuesto conforme a derecho proceda; con lo cual quedaría cumplido el amparo y restituida la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo." Fijado lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que reciba el oficio de notificación correspondiente dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo en los términos indicados y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos apuntados dentro del plazo concedido; o no exponer el motivo legal que le impida hacerlo, se le impondrá una multa desde luego; y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación de la autoridad contumaz. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico de la Junta Local responsable; toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194 de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Por último, devuélvase la copia certificada de las constancias que obran dentro del expediente *** (un tomo), que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje remitió a efecto de justificar la constitucionalidad del acto que se le atribuyó a la Junta responsable.
- Principal
En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual una vez concluida en sus etapas, se resolvió: PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 257/2017-V-1, promovido por *** en su carácter de apoderado legal de ***, contra la ejecución de la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, que se atribuyó al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato; por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a *** en su carácter de apoderado legal de ***, contra la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, que reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato; por los motivos y en los términos anotados en el considerando cuarto de este fallo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por ***; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5° fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado en este juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Por otro lado, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 12 del invocado ordenamiento legal, ténganse por autorizados en amplios términos a los licenciados *** y ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y por no cumplir con dicho requisito, téngase por autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos al licenciado ***.
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