Serafín Vazquez González y Otros.

Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
221/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Serafín Vazquez González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por los artículos 98 y 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de seis de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por *************************, *************************, *************************, *************************, ************************* Y *************************, transcurrió para éstos del veintisiete de marzo pasado al dos de los actuales, sin que a la fecha se hayan interpuesto recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE SEIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 221/2019. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie, este juzgador considera que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no observaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de los aludidos actos reclamados el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga a los justiciables a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Como ya se adelantó, los quejosos en esencia se duelen de las "órdenes verbales o escritas" para que sean traslados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México a uno diverso, emitido por autoridades administrativas. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se colige que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Entonces, cuando las peticiones realizadas sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento quedaran sin materia, por no atenderse de inmediato, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, al constituir un caso urgente. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que los actos que pretende combatir en esta instancia son susceptibles de ser combatidos a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el Juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Por ello, el acto que se reclama en la especie, no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que la parte quejosa debió agotar previamente el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En tales condiciones, se reitera, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso debió agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente."

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