Serafin Santiago Saavedra

Expediente 771/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
771/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Serafin Santiago Saavedra

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta población, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada a favor de dicho Tribunal, y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Serafín Santiago Saavedra, misma que fue enviada por este órgano jurisdiccional, por haberse declinado la competencia a su favor, la que radicó con el número de amparo directo 258/2018. Por otra parte, y toda vez que por auto de once de septiembre del año en curso, causó estado el diverso de veintitrés de agosto del mismo año, en el que se desechó la demanda de garantías, por lo que respecta al acto reclamado al juez Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; en consecuencia, Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Asimismo, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que la parte final del proveído de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, por lo que respecta al acto reclamado al juez Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta población, mediante el cual acusa recibo de la remisión del expediente 771/2018, promovido por Serafín Santiago Saavedra, así como siete copias de la demanda de garantías, toda vez que por auto de veintitrés de agosto del año en curso, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el escrito signado por el quejoso Serafín Santiago Saavedra, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: 1. De los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El fallo dictado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el toca penal número 571-(I)/2015, en que en cumplimiento a la sentencia de amparo directo 287/2016, dejaron insubsistente la diversa sentencia absolutoria dictada a su favor por esa misma sala, el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; por otra parte, al resolver el recurso de apelación, confirmaron la sentencia condenatoria recurrida, con la única modificación de las cantidades que deberá exhibir el sentenciado para gozar de los beneficios de la substitución de la pena de prisión por una multa y de la libertad condicional. 2. Del juez Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. El auto de trece de junio de dos mil dieciocho, en que ordena a la actuaria requiera en forma personal al sentenciado Serafín Santiago Saavedra, quejoso en este juicio, para que dentro del plazo de cinco días, dé cumplimiento en todos sus términos a la sentencia dictada por esa autoridad el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, así como para que manifieste, si se acoge al beneficio de substitución de la pena de prisión por multa o al beneficio de condena condicional que le fue concedida, y en caso de acogerse a uno de los dos beneficios, deberá exhibir la cantidad que le fue requerida. Apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se procederá en su contra en términos de ley. En el caso, este resolutor estima carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto, con respecto al acto reclamado a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República; y numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. En efecto, los artículos 34 y 170, de la Ley de la Materia, en lo que interesa establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. ." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. ." De tales preceptos se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas que deciden el juicio en lo principal, y respecto de las cuales se haga valer previamente el recurso ordinario que establezca la ley de la materia, por virtud de la cual puedan ser modificadas o revocadas, y es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Luego, si de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, es procedente el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito contra las sentencias definitivas que ponen fin al juicio; ello hace evidente, la competencia para conocer del asunto que se analiza (fallo dictado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el toca penal número 571-(I)/2015, en que en cumplimiento a la sentencia de amparo directo 287/2016, se dejó insubsistente la diversa sentencia absolutoria dictada a su favor por esa misma sala, el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; por otra parte, al resolver el recurso de apelación, confirmaron la sentencia condenatoria recurrida, con la única modificación de las cantidades que deberá exhibir el sentenciado para gozar de los beneficios de la substitución de la pena de prisión por una multa y de la libertad condicional), corresponde a un Tribunal Colegiado en única instancia, consecuentemente, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, y estima radica en el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Por otra parte, con respecto al diverso acto reclamado al juez Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, consistente en el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, en que ordena a la actuaria requiera en forma personal al sentenciado Serafín Santiago Saavedra, quejoso en este juicio, para que dentro del plazo de cinco días, dé cumplimiento en todos sus términos a la sentencia dictada por esa autoridad el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, así como para que manifieste, si se acoge al beneficio de substitución de la pena de prisión por multa o al beneficio de condena condicional que le fue concedida, y en caso de acogerse a uno de los dos beneficios, deberá exhibir la cantidad que le fue requerida. Apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se procederá en su contra en términos de ley; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades." En el caso, el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, en que se requirió al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, dé cumplimiento de la sentencia dictada por el juez Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y manifieste si se acogerá a alguno de los beneficios que le fue concedido, bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con lo anterior, se procederá en su contra en términos de ley, no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la efectividad de dicho apercibimiento, está condicionada a que el obligado cumpla o no con tal requerimiento, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, que aparece publicada en la página 2321 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción I, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional, por lo que respecta al acto reclamado al juez Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Con motivo de la incompetencia para conocer del acto reclamado a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a que se hizo referencia en párrafos que anteceden, con fundamento en lo que establece el artículo 47 de la Ley de Amparo, y por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, previa copia certificada de las actuaciones que integran el presente juicio, se ordena remitir el mismo, así como siete copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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