Serafín León Padilla
Expediente 350/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Serafín León Padilla
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de tres de mayo del año en curso, que desechó de plano la demanda promovida por Serafín León Padilla, Abel Osorio Soto, Rafael Hernández González, Manuel Iturbide Sánchez, Pablo Gómez Prado, Rubén González Benitez, Jesús Medina Lara, Agustín Arriaga Gálvez, Mario Eduardo García Irineo, J. Jesús Medina Valdez, Ignacio Gutiérrez Miranda y Abimael Jesús Cruz, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: SERAFÍN LEÓN PADILLA, ABEL OSORIO SOTO, RAFAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL ITURBIDE SÁNCHEZ, PABLO GÓMEZ PRADO, RUBÉN GONZÁLEZ BENITEZ, JESÚS MEDINA LARA, AGUSTÍN ARRIAGA GÁLVEZ, MARIO EDUARDO GARCÍA IRINEO, J. JESÚS MEDINA VALDEZ, IGNACIO GUTIÉRREZ MIRANDA Y ABIMAEL JESÚS CRUZ. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito signado por Ramón Espinoza Esteves, apoderado jurídico de Serafín León Padilla, Abel Osorio Soto, Rafael Hernández González, Manuel Iturbide Sánchez, Pablo Gómez Prado, Rubén González Benitez, Jesús Medina Lara, Agustín Arriaga Gálvez, Mario Eduardo García Irineo, J. Jesús Medina Valdez, Ignacio Gutiérrez Miranda y Abimael Jesús Cruz, en atención a su contenido, se le tiene cumpliendo con las prevenciones formuladas en diverso acuerdo de veintiséis de abril del año en curso; por tanto, se le tiene aclarando que los actos que atribuye a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, son lo siguientes: 1. El auto de dos de abril de dos mil dieciocho, en el que se le dijo que no había lugar a acordar de conformidad su petición en el sentido de que la perito designada en el sumario de origen se constituyera en la Junta Especial Número Diez, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, a fin de que los quejosos estamparan muestras gráficas y, 2. El diverso acuerdo de diez de abril del año en curso, en el que se hizo efectivo el apercibimiento realizado a los quejosos y se tuvieron por ciertas las objeciones formuladas por el apoderado jurídico de la parte demandada en el juicio subyacente. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Asentado la anterior, se sostiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Afecten a personas extrañas; y, 3. Determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando éstos: ? Afecten derechos sustantivos Y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando: ? Se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que los actos reclamados no afectan derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así pues, conviene precisar que los quejosos señalaron como actos reclamados los siguientes: 1. El auto de dos de abril de dos mil dieciocho, en el que se le dijo que no había lugar a acordar de conformidad su petición en el sentido de que la perito designada en el sumario de origen se constituyera en la Junta Especial Número Diez, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, a fin de que los quejosos estamparan muestras gráficas y, 2. El diverso acuerdo de diez de abril del año en curso, en el que se hizo efectivo el apercibimiento realizado a los quejosos y se tuvieron por ciertas las objeciones formuladas por el apoderado jurídico de la parte demandada en el juicio subyacente. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. Que ante la Junta Especial Número Uno de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio laboral J-I-3624/2016, promovido por los quejosos frente al Sindicato de Transportistas de Materiales para la Construcción, Obras en General, Minerales de la Región Oriente de Michoacán "Hermanos López Rayón" de Zitácuaro, Michoacán y otros. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la responsable a petición del apoderado jurídico de la parte demandada en el juicio subyacente, fijó fecha y hora para la toma de muestras gráficas a cargo de los hoy quejosos, apercibiéndoles que en caso de no comparecer, se les tendrían por ciertas las objeciones formuladas por aquél. Dada la inasistencia de los quejosos a que se recabara la prueba en cita, solicitaron su desahogo ante la diversa Junta Especial Número Diez, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, a lo que recayó acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho en el que se les dijo que no había lugar a ello, dado que el domicilio de la perito estaba en el área pericial de la junta responsable en esta ciudad, por lo que la responsable señaló nueva fecha para la recepción de muestras gráficas a cargo de los quejosos; apercibiéndolos que en caso de no comparecer, se tendrían por ciertas las objeciones realizadas por la parte incidentista. Derivado de lo anterior, la junta responsable por acuerdo de diez de abril del año en curso, emitió acuerdo en el que dada la inasistencia de los quejosos al desahogo de la prueba en cita, hizo efectivo el apercibimiento decretado tuvo por ciertas las objeciones formuladas por el apoderado jurídico de la parte demandada en el juicio subyacente. Siendo los dos últimos acuerdos citados los que constituyen los actos reclamados. En ese sentido, los actos que reclama la parte quejosa no se tratan de alguno que sea de imposible reparación, entendiéndose por éste, de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el acto impugnado afecte a personas extrañas a juicio, pues en el caso, se trata de la parte actora en el sumario subyacente y no son de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues se advierte que las violaciones que reclama, sólo afectan a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. De igual modo, los efectos de los acuerdos reclamados de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente, que se siga la secuela procesal, presumiendo ciertas las objeciones formuladas por la parte demandada. En efecto, se insiste que el acto reclamado señalado en este apartado no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia ] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales, como pueden ser los autos o resoluciones que diriman cuestiones de personalidad, admisión o desechamiento de pruebas o debido proceso, etcétera. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, materia común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido llegado el momento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio y Jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad, ambos con residencia en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el cinco y diez siguientes (fojas 551, 552 y 555). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el nueve de septiembre de dos mil quince (fojas 157 a 170), por este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a los quejosos Lilia Mora Godínez y/o Lilia Mora Godínes, José y Ramiro, ambos de apellidos Mora Godínez, los dos primeros por conducto de sus apoderados jurídicos Rubén Rodríguez Prado, Rafael Vega Hernández, Edgar Omar Romero Carrillo y Edgar Antonio Rodríguez Onofre y el último por derecho propio, para los efectos que se reproducen: "[.] Que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, residente en Zamora, Michoacán, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número 391/2009, a partir del auto de radicación de la sucesión, incluyendo las actuaciones de la segunda sección y sus consecuencias, consistente en la cancelación de los asientos registrales y nuevas inscripciones realizadas a los bienes que constituyen el haber hereditario del de cujus. Previo a continuar con la secuela procesal dentro del referido juicio, ordene emplazar a juicio a los quejosos, a fin de que se les otorgue la oportunidad de comparecer al juicio, probar y alegar lo que a su interés convenga, en relación a los derechos hereditarios que les asisten. [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que se vulneraron en perjuicio de los quejosos los derechos humanos de audiencia y defensa que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no fueron oídos ni vencidos en el juicio sucesorio intestamentario número 391/2009, por lo que se concluyó que lo actuado en el citado juicio, y las consecuencias legales de la resolución interlocutoria de la primera sección, así como de la segunda sección, irrogaron perjuicios de imposible reparación a los solicitantes del amparo, dado que tuvieron por efecto privarlos del derecho de heredar por sucesión legítima a bienes de Rubén Mora Ramos. Sentencia que causó ejecutoria el seis de octubre de dos mil quince y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 186-188). Luego, en auto de cinco de enero de dos mil dieciséis, se declaró que el fallo protector había quedado cumplido, y se ordenó el archivo del presente sumario (fojas 265-267), Después, ante el ocurso con el cual los quejosos comparecieron a promover incidente de inejecución de sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, por auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se requirió a éstos para que aclararan cuál era el medio de defensa que pretendían interponer, toda vez que dicha incidencia no estaba prevista en el citado numeral (fojas 307 a 333). En cumplimiento a lo anterior, los solicitantes del amparo, pidieron que se les supliera la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el arábigo 213 de la ley en la materia, pues acudieron ante este órgano jurisdiccional a promover incidente para manifestar su inconformidad contra el auto de cinco de enero de dos mil dieciséis, lo cual se proveyó en sus términos en acuerdo de seis de marzo de dos mil diecisiete, y se les tuvo interponiendo recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 336-338). De dicho recurso correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta localidad, órgano colegiado que por auto de veinticuatro de marzo del año inmediato anterior, desechó la inconformidad por extemporánea, cuyo acuerdo quedó firme en proveído de diez de abril siguiente (fojas 344 a 346 y 349). Posteriormente, en escrito de tres de mayo de dos mil diecisiete, los quejosos, comparecieron de nuevo a promover el incidente a que refiere el arábigo 193 de la Ley de Amparo, el cual, por auto de cuatro siguiente se denegó su admisión (fojas 357 a 363). Inconformes con la determinación anterior, recurrieron en queja el acuerdo citado en el párrafo que antecede, del cual tocó conocer al mencionado Tribunal Colegiado, el que por ejecutoria pronunciada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 395-410), resolvió de la manera siguiente: "[.] ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Lilia Mora Godínez o Godínes, José y Ramiro Mora Godínez, en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el amparo indirecto número I-131/2015". Estableció, que es así porque: ". se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo solamente respecto del Juez Segundo de lo Civil de Zamora, Michoacán y del Administrador de Rentas de esa misma ciudad; no así, por lo que ve al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado, de quien ni siquiera existe informe justificado, porque nunca se le aclaró cómo debía dar cumplimiento. .el acuerdo que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y ordenó archivar el asunto como concluido; desatendió tanto el referido artículo 193, como el artículo 214 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo conducente es declarar fundado el recurso de queja y que con base en los citados preceptos de la Ley de Amparo, se debe admitir y tramitar el incidente". En cumplimiento a lo anterior, este órgano jurisdiccional, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho (foja 411), admitió a trámite el incidente para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, únicamente por lo que veía al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado. Incidencia que resolvió esta potestad el nueve de febrero de la presente anualidad (fojas 422-429), en la que determinó que al no encontrarse cumplida cabalmente la ejecutoria de amparo, el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, debería llevar a cabo lo siguiente: "[.] Realice la cancelación de los asientos registrales y las nuevas inscripciones realizadas al bien que constituye el haber hereditario del de cujus Hugo Mora Ramos, derivado del juicio sucesorio testamentario 391/2009, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, a saber, el inmueble ubicado en la Avenida Benito Juárez Número 190, zona centro, en Zamora, Michoacán, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, bajo el registro número 32686, tomo 195, debiendo cancelar la escritura relativa a Hugo Mora Godínez así como la diversa realizada a María Eréndira Mora Soto, además de las que, en su caso, se hubieren realizado con posterioridad. [.]" Mediante proveídos de veintitrés de febrero y doce de marzo, ambos de la anualidad que transcurre (fojas 494 y 503), se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia del fallo protector. Ahora, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, mediante oficios con terminación 730/2018, 981/2018 y 1199/2018 (fojas 437, 502 y 520), hizo del conocimiento de este juzgado que realizó la cancelación de los asientos registrales y las nuevas inscripciones practicadas al bien inmueble en conflicto ubicado en la Avenida Benito Juárez número 190, zona centro, en Zamora, Michoacán, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, bajo el registro número 32686, tomo 195, derivadas del juicio sucesorio 391/2009 y del que emanaron los actos reclamados en el presente juicio. Es decir, con el primero, acreditó que el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, realizó la cancelación del registro 15, tomo 2924 y registro 10, tomo 3593, relativos a Hugo Mora Godínez y María Eréndira Mora Soto, respectivamente, y con la última de las misivas, demostró que, individualmente, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, canceló los gravámenes registrados con los números 6 y 21 de los tomos 1729 y 1822, de los libros de gravámenes del distrito judicial de Zamora, concernientes a los contratos que celebró María Eréndira Mora Soto, de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y prendaria, en los que constituyó como garantía hipotecaria el bien inmueble que compone el haber hereditario del de cujus Hugo Mora Ramos. Por su parte, el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad Raíz, con domicilio en esta localidad, por calco RRP/DAT/1207/2018, manifestó el cumplimiento dado al fallo protector (foja 550), pues comunicó que lo anterior quedó inscrito en el registro 25 del tomo 2403 del libro de cancelaciones totales. Ahora, del examen de las documentales destacadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con domicilio en esta localidad, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue: realizó la cancelación de los asientos registrales y las nuevas inscripciones efectuadas al bien que formaron el haber hereditario del de cujus Hugo Mora Ramos, derivado del juicio sucesorio intestamentario 391/2009, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, a saber, canceló la escritura relativa a Hugo Mora Godínez así como la diversa realizada a María Eréndira Mora Soto, además de las que, en su caso, se hubieren realizado con posterioridad, como fueron las concernientes a los contratos que celebró María Eréndira Mora Soto, de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y prendaria, en los que constituyó como garantía el bien inmueble que formó el haber hereditario del de cujus Hugo Mora Ramos Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el veintiuno de febrero y el veintidós de marzo ambos de dos mil dieciocho, canceló los asientos registrales y las nuevas inscripciones realizadas al bien inmueble ubicado en la Avenida Benito Juárez número 190, zona centro, en Zamora, Michoacán, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, bajo el registro número 32686, tomo 195, que constituyeron el haber hereditario del de cujus Hugo Mora Ramos, derivado del juicio sucesorio intestamentario 391/2009, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, así como la escritura relativa a Hugo Mora Godínez, al igual que la diversa realizada a María Eréndira Mora Soto. Lo cual, muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance del cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue cancelar las anotaciones registrales y nuevas inscripciones realizadas a los bienes que constituyeron el haber hereditario del cujus, derivado de un juicio sucesorio, así como la escritura relativa a Hugo Mora Godínez al igual que la realizada a María Eréndira Mora Soto. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los incidentes de suspensión, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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