Serafin Hernandez Gonzalez
Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 57 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Serafin Hernandez Gonzalez
- Director General del Organismo de Cuenca Balsas de la Comision Nacional del Agua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito pronunció sentencia en el presente juicio (fojas 594 a 606), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que: "Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada en el expediente *******, emitida por el Director General de la Comisión Nacional del Agua, que confirma el oficio ******* de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Director de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, por el que se le impone una multa y con libertad de jurisdicción, dicte otra de manera congruente, completa y exhaustiva, fundada y motivada; esto es, se pronuncie sobre todas las argumentaciones hechas valer por la quejosa en el ocurso por el que interpone recurso de revisión, que dejó de observar, los cuales ya fueron plasmados en la presente resolución.". Determinación que causó ejecutoria el nueve de marzo de dos mil veintitrés, y se requirió a la autoridad responsable el acatamiento a la ejecutoria de amparo (foja 622). Ahora bien, de la ejecutoria de amparo se advierten las siguientes consideraciones: - Que en el caso ocurrió una infracción al principio de congruencia externa, pues en su resolución, la responsable no se hizo cargo de las manifestaciones planteadas en el escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el que el quejoso interpone recurso de revisión contra el acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve. - Que la responsable no atendió las argumentaciones realizadas por la quejosa al interponer el recurso de revisión en comento, mismas que se encuentran encaminadas a evidenciar la ilegalidad de la multa impuesta mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve. - Que únicamente expuso que en el caso concreto el quejoso no cumplió con lo dispuesto en los artículos 88 y 88 Bis, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales, disposiciones legales que establecen que para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, se requiere de permiso emitido por la autoridad del agua, empero, se insiste, no tomó en cuenta las manifestaciones de la actora. Lo que era necesario a efecto de respetar el principio de congruencia externa, debiendo fundar y motivar, por qué no son procedentes los argumentos expuestos en el recurso de que se trata. - De igual forma se transgrede el principio de exhaustividad al momento de emitir el acto reclamado, que es no es otra cosa que el examen que debe efectuar la autoridad respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación de la autoridad para decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes, ya que de no hacerlo se violaría el principio de congruencia que tutela el artículo 16 constitucional, así como la impartición de justica previsto en el 17 Constitucional. - Lo aquí resuelto no se traduce en un pronunciamiento de fondo, en atención a las irregularidades formales establecidas en la presente sentencia; por lo tanto, la autoridad responsable con libertad de jurisdicción podrá calificar las argumentaciones según corresponda, purgando los vicios formales que la afectaban, ya que lo aquí resuelto no orienta en sentido alguno o constriñe a la autoridad responsable a actuar de algún modo, sino lo contrario le otorga libertad de jurisdicción, para que subsane la violación formal en la que incurrió y con ello se cumpla con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional. El escrito que se comenta y que fue presentado ante la responsable el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el que el quejoso interpone recurso de revisión contra la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, esencialmente expresó lo siguiente: 1.- Que cumple con los artículos 209 y 210 de la Ley de Salud para el Estado de Oaxaca, así como 26 y 27 del Reglamento de Salud Municipal del Municipio Huajuapan de León, ya que esas disposiciones son las mismas con las que deben regirse los establos, granjas avícolas, porcinas y similares, esto en cuestión de salubridad y porque su terreno encuentra dentro de su jurisdicción, por lo que no ha incumplido ni infringido ninguna norma municipal o Estatal. De igual manera, que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales, en su segundo párrafo, establece que el control de descargas de aguas residuales corresponde a los municipios. 2.- Que el municipio de Huajuapan de León, donde se encuentra su granja, no cuenta con el sistema de alcantarillado y drenaje, por lo que se vio en la necesidad de construir una fosa séptica con el fin de evitar cualquier filtración y evitar perjuicios a terceros, de conformidad con el artículo 204 de la Ley de Salud para el Estado de Oaxaca; lo cual constituye un derecho establecido en el artículo 10 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. Además, que la fosa séptica cumple con lo establecido en el proyecto de la Norma Mexicana NOM-006-CONAGUA-1997 que establece las especificaciones y métodos de pruebas para la construcción de fosas sépticas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve. 3.- Que en ningún momento el inconforme estuvo representado por abogado o licenciado en derecho, por lo que se violó su derecho humano al debido proceso. Lo cual apoyó en las jurisprudencias de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO" y "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". 4.- Que la autoridad tenía la obligación de recabar todas y cada una de las pruebas para estar en aptitud de dictar una resolución fundada y motivada en donde probara plenamente su responsabilidad, porque no ordena el desahogo de pruebas periciales, inspecciones, informes solicitados a la autoridad municipal de Huajuapan de León Oaxaca, para que informara si su inmueble contaba con el servicios de drenaje y alcantarillado. Asimismo, que la prueba pericial era importante su desahogo para establecer si las descargas de aguas por asear sus treinta y dos puercos y un caballo resulta suficiente para contaminar los mantos acuíferos o el subsuelo del Rio Salado. Que al no hacerse hecho de esa manera, era imposible que encuadrara su conducta en la hipótesis de la fracción I del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales. En cuanto a este tema, concluye diciendo que la carga de la prueba, respecto de la existencia del daño causado al subsuelo, correspondía a esa autoridad del agua. 5.- Los servidores públicos encargados de realizar la visita, se percataron que en dicho inmueble carecía de los servicios de drenaje y alcantarillado, motivo por el cual se construyó la fosa séptica, apegándose a la Ley General de Salud y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, lo cual debió considerar la responsable al dictar la resolución. 6.- Que no se inspeccionó la fosa séptica, para advertir que se encontraba vacía, media o al máximo nivel de su ocupación, situación que la deja en total estado de indefensión, ya que tal circunstancia era necesaria para determinar el grado de contaminación, ya que como se asentó en el acta de inspección el excremento de los treinta y dos marranos, y un caballo, no se vierten fosa séptica, sino que es trasladada a otro terreno y es utilizado como abono, por lo que no es jurídicamente posible y humanamente que el simple hecho de bañar a los animales se le aplique una sanción económica y fincar responsabilidad administrativa. Asimismo, que es ilógico que se requiera una concesión por parte de la autoridad del agua, máxime que como lo manifestó cumplió con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y la Ley Estatal de Salud. 7.- Que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución, la multa impuesta es excesiva e ilegal, tomando en consideración que no ha infringido la Ley de Aguas Nacional y de igual manera que no se requiere ningún título de concesión para bañar 32 cerdos y un caballo. Además, que la descarga de dichas aguas residuales no produce cianuro, descargas toxicas que pongan en peligro o en riesgo los mantos acuíferos o subsuelo. Máxime que el excremento no es depositado en la fosa séptica, sino que es trasladado a otro terreno y que es aprovechado como abono para cultivo. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio ******* de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efecto legal la diversa misiva BOO.809.358 de veinticuatro de agosto de dos mil veinte en el que se confirmó la resolución contenida en el oficio BOO.809.02.1370 de quince de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, dictó nueva resolución en la que declaró procedente, pero infundado el recurso de revisión interpuesto por Serafín Hernández González, (fojas 635 a 645). De constancias también se advierte la notificación realizada al aquí quejoso, respecto de dicha determinación (fojas 646 y 647). No obstante ello, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés (fojas 657 a 662), este órgano de control constitucional declaró no tener por cumplida la misma, toda vez que la autoridad incumplió con los principios de exhaustividad y congruencia al no contestar la totalidad de los agravios expuestos por el impetrante del amparo, de manera fundada y motivada; por lo que se requirió nuevamente el cabal cumplimiento de la ejecutoria constitucional. En esa tesitura, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio BOO.809.371 de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el que dejó sin efecto legal las diversas misivas ****** de veinticuatro de agosto de dos mil veinte y **** de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en las que se confirmó la resolución contenida en el oficio BOO.809.02.1370 de quince de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, dictó nueva resolución en la que la responsable se pronunció sobre las argumentaciones hechas valer por la parte quejosa, en el ocurso por el que interpone recurso de revisión, y declaró procedente, pero infundado el recurso de revisión interpuesto por ******** (fojas 684 a 702). Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a la anterior determinación las manifestaciones vertidas por la parte quejosa al momento de desahogar la vista otorgada por este órgano federal, mediante escrito presentado el veintiséis de julio del año en curso (foja 707 a 709), en el sentido de que resulta totalmente incongruente la forma de resolver de la autoridad responsable, ya que en ningún momento cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad al dictar nuevamente la sentencia correspondiente en el recurso de revisión interpuesto por el hoy quejoso en el expediente 169/2019; que la autoridad responsable sigue violando los derechos fundamentales que establecen los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues únicamente se avocó a manifestar que los argumentos y razonamientos vertidos por el quejoso en sus agravios, no son tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución combatida. Sin que haya lugar a tomar en cuenta sus manifestaciones puesto que las mismas se encuentran encaminadas a cuestiones de legalidad, sin embargo, en el presente asunto fue concedida la protección constitucional, al advertirse una irregularidad en su forma, además de que las manifestaciones que realiza se encuentran encaminadas a resolver cuestiones de fondo. Sí se tramitó incidente de suspensión. En ese contexto, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 196, en relación con el 214 de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese este expediente, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, háganse las anotaciones respectivas. (...)
- Principal
Cuernavaca******************** Morelos; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta******************** agréguese a los autos para que conste como corresponda******************** el oficio de la autoridad responsable Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua******************** Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales******************** mediante el cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa su determinación contenida en el oficio BOO.809.371******************** de diecisiete de julio de este año******************** y con ello dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo******************** por lo cual******************** solicita se requiera al quejoso proporcione un domicilio donde se le pueda notificar esa determinación. Al respecto******************** dígase al ocursante que este juzgado notificó al quejoso el auto de veinte de julio de este año******************** en el que se le da vista con el cumplimiento que su representada refirió dar a la ejecutoria de amparo y en dicho acuerdo se recibió la determinación que contiene ese comunicado******************** razón por la cual******************** resulta innecesario proveer como lo pide. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido y se agrega en autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual desahoga la vista dada en autos y realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado al fallo protector; las cuales se tiene por formuladas y serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre dicho cumplimiento. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese en autos para que obre como corresponda, el oficio de la autoridad responsable Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, por el cual remite copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Vista. Al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales exhibidas y las demás obrantes en autos, relativas al cumplimiento, dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que si lo consideran pertinente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, con apercibimiento.
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