SERA SILVIA MARISLEYDIS y Otros.

Expediente 270/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
270/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • SERA SILVIA MARISLEYDIS y Otros.
  • Sera Silvia Marisleydis
  • IVAN LUIS SERA PARRA y Otros.
  • MARGARITA CARIDAD RODRIGUEZ y Otros.
  • LAZARO YOHANIS GARCIA CAMACHO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa. Esto considerando que las autoridades responsables, fueron notificadas el veintidós de junio quedando comprendido dicho plazo del veintitrés de junio al seis de julio del presente año, en la inteligencia de que el lapso de las demás partes quedó contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. No es óbice a lo anterior que no obra en autos la constancia de notificación del fallo en comento a las autoridades responsables foráneas, ya que las autoridades de mérito sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo que en el caso no sucede, pues por cuanto hace al acto atribuido a éstas, se sobreseyó en el juicio; lo anterior con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Amparo. De conformidad con el punto 7.4 del capítulo de Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, firmado electrónicamente el tres de septiembre de dos mil veinte, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la suspensión de oficio y de plano.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marisleydis Sera Silva, Iván Luis Sera Parra, Lisa María Rodríguez Corona, Lázaro Yohanis García Camacho y Margarita Caridad Rodríguez Díaz, por las razones expuestas en los considerandos tercero de esta resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio número INM/ORS/DJ/2289/2022, signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con sede en esta ciudad; por medio del cual rinde informe justificado; memorial que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se recibe la prueba documental que anexa la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar Por lo que respecta al domicilio y a los delegados a que hace referencia la autoridad oficiante se deberá estar a lo acordado en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, en el que se proveyó al respecto.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio signado por la Subdirectora de Control y Verificación Migratoria de la Oficina del Instituto Nacional de Migración Sinaloa, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; comunicado, que únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, toda vez que el cinco de abril de dos mil veintidós se proveyó al respecto. Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Asimismo, se le tiene aclarando que el nombre correcto de las quejosas Marislaydis Sera Silvia y Margarita Caridad Rodríguez es Marisleydis Sera Silva y Margarita Caridad Rodríguez Díaz. Por lo que respecta al domicilio señalado por la autoridad responsable se deberá estar a lo acordado en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, en el que se proveyó al respecto. De igual forma, la responsable de mérito indicó que la información contenida en el comunicado de cuenta tiene el carácter de reservada y confidencial, acorde con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, por ser dicha pieza documental la continente de la justificación de la legalidad del acto reclamado no puede válidamente censurarse su acceso a las partes en este cuaderno, pues de su análisis se advierte que su conocimiento resulta esencial para su defensa. No obstante lo anterior, es indispensable precisar que tal circunstancia tiene como límite las disposiciones normativas en materia de acceso a la información pública, concretamente, en los casos en los que el informe justificado incluya INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En consonancia con el criterio anterior y, en puntual observancia de la jurisprudencia transcrita a fin de salvaguardar la reserva y confidencialidad de los datos contenidos en el informe relativo a la suspensión de plano respecto del cual se provee, se precisa que aun cuando el promovente tiene expedito su derecho para consultar en su totalidad esa información dentro de las instalaciones que ocupa este recinto judicial, en presencia del personal de la adscripción, no podrá bajo ninguna circunstancia ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Ahora, del estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable de mérito ha sido omisa en rendir informe justificado, por tanto, en consecuencia, con fundamento en el artículo el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se le requiere para que, en el improrrogable término de tres días, contado a partir del momento en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten la constitucionalidad de los actos que se le reclama, y de ser el caso, de las bitácoras de las que se advierta, si los aquí quejosos han tenido acceso a un teléfono para realizar llamadas; lo anterior, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, o bien, manifestar la imposibilidad que tengan para ello, se hará acreedora a una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia en comento. Finalmente, para dar margen a que las partes se impongan del aludido informe, SE DIFIERE la audiencia constitucional programada para hoy, y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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