Séptima Sala del S.T.J.E.
Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 2 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/07/2018
Partes del expediente
- Séptima Sala del S.T.J.E.
Actuaciones
- Incidental
tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado. Se tiene promoviendo al quejoso, por su propio derecho, contra los actos que reclama de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia y del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, ambos del Estado de Jalisco, se advierte que se duele de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación, misma que confirma la diversa resolución definitiva emitida el veinticuatro de marzo del año en curso, en el juicio , del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil de esta ciudad, y se le condena al pago de gastos y costas de segunda instancia. En ese tenor, quien esto provee estima que al satisfacerse las exigencias previstas en el numeral 128 de la ley de la materia, ya que la medida cautelar que nos ocupa se solicita expresamente por la quejosa, porque con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que existe peligro inminente de que se ejecuten los actos reclamados con perjuicios de difícil reparación para dicha amparista, debe concedérsele la suspensión provisional, para lo cual, se ordena que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, sin suspender el procedimiento, no se ejecute en su contra las sentencia definitiva dictada por el Juez responsable; lo anterior, si es que a la fecha no ha ocurrido. Medida suspensional que cabe decir estará vigente hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en el incidente en que se actúa, y es otorgada en virtud de que se acredita presuntivamente el interés jurídico que le asiste a la promovente, al ser parte demandada en el procedimiento de origen y ser en contra de quien se dictó la sentencia definitiva. En cambio, si opta por hacerlo mediante billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi); la institución depositaria incluirá la leyenda de que la depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de ese depósito, y la relativa a que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con las condiciones establecidas para el otorgamiento de la garantía, se tendrá por no presentado el billete o póliza de fianza, según sea el caso. Por otra parte, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, que deberán rendir POR DUPLICADO dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Para la celebración de la audiencia incidental prevista en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Para darle mayor celeridad al procedimiento incidental en que se actúa, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles conforme a lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la legislación en comento. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, mediante notificación por medio de lista, con apoyo en la fracción III del artículo 26 de la legislación de la materia. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal del promovente, el que indica en la demanda de cuenta. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición a costa del promovente y de las demás partes que en su caso se les llegue a dar intervención, de copias simples de las constancias que integren el presente expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto. En esa misma tesitura, se considera que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, reproduzcan los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos, como lo son, cámaras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígase al promovente y partes que eventualmente se reconozcan en este sumario, que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Por último, se hace del conocimiento del promovente y de las partes que tengan intervención en este amparo, que en términos de los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y numerales 6, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual sigue vigente de conformidad con el con el segundo y tercer transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, así como de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información; asimismo, los intervinientes en este juicio de control constitucional, podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos.
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