Senen Salazar Cruz

Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1149/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Senen Salazar Cruz
  • SENEN SALAZAR CRUZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Oficio emitido por el Juez de lo Penal con residencia en Tepexi de Rodríguez, Puebla. Devuelve sin diligenciar el despacho ******************** orden ********************, de este juzgado, por las razones ahí expuestas; dese de baja, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Acúsese recibo. Ahora, de la lectura integral de la razón que asentó la diligenciaría adscrita al juzgado oficiante, se advierte que el directo quejoso fue trasladado al CEFERESO DE CHIAPAS, el pasado trece de noviembre; en consecuencia, se provee: Con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2°, gírese atento exhorto vía SISE al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique al presente proveído y el auto de diez de noviembre pasado, a ********************, en su lugar de reclusión. Hecho lo anterior, de inmediato remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que así lo acrediten. Por ello, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Juez Federal, para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo las diligencias encomendadas cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional.

  2. Principal

    Con la diligencia de aceptación y protesta de cargo del Defensor Público del Estado de Puebla. Se advierte que ********************, con cédula profesional ********************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en Derecho, aceptó el cargo conferido como defensor público del quejoso ********************; en consecuencia, téngasele con tal carácter en el presente asunto. En la inteligencia de que a partir de este momento las subsecuentes notificaciones que se le practique al aquí quejoso, aún las de carácter personal, se le hará a través de dicho defensor público, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena notificar al defensor público de manera personal el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, para que se imponga de su contenido. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el defensor público en la comparecencia de aceptación y protesta de cargo. Ahora, toda vez que el citado quejoso ********************, está recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de lo Civil y lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de este juzgado y con apoyo del precepto 27, fracción I, de la ley de la materia, ordene a quien corresponde notificar al impetrante de amparo, en el lugar de su reclusión, con copia autorizada de este auto, y hecho lo anterior, de inmediato remita la constancia de notificación correspondiente al correo electrónico institucional 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx.

  3. Principal

    Con la diligencia de aceptación y protesta de cargo del Defensor Público del Estado de Puebla. Se advierte que ***, con cédula profesional ***, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en Derecho, aceptó el cargo conferido como defensor público del quejoso ***; en consecuencia, téngasele con tal carácter en el presente asunto. En la inteligencia de que a partir de este momento las subsecuentes notificaciones que se le practique al aquí quejoso, aún las de carácter personal, se le hará a través de dicho defensor público, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena notificar al defensor público de manera personal el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, para que se imponga de su contenido. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el defensor público en la comparecencia de aceptación y protesta de cargo. Ahora, toda vez que el citado quejoso ***, está recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de lo Civil y lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de este juzgado y con apoyo del precepto 27, fracción I, de la ley de la materia, ordene a quien corresponde notificar al impetrante de amparo, en el lugar de su reclusión, con copia autorizada de este auto, y hecho lo anterior, de inmediato remita la constancia de notificación correspondiente al correo electrónico institucional 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. AUTO 10-11-2023: [...] Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen, tal y como se vio en párrafos precedentes. De lo que se colige que previo a acudir al juicio de amparo, a reclamar, hechos, actos u omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, en el caso específico de este asunto omisión de brindar servicios médicos al interno, proporcionarle medicamentos, así como la omisión de trasladarlo a instituciones médicas para estudios y valoración médica especialidad, la omisión de decretar las medidas y protocolos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud, con pleno respeto a los derechos constitucionales, convencionales y universales que protegen a todas aquellas personas privadas de su libertad, como el caso del quejoso, dejando de vigilar que en los ceresos se lleve una debida atención en cuanto a los servicios médicos de los centros penitenciarios, la omisión de realizar los ajustes razonables a las disposiciones vigentes en el centro de reclusión, entendidos como aquellos modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud a fin de establecer medidas y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud y las diversas leyes, debió agotar uno diverso. Indicado lo anterior, debe decirse que dada la calidad de interno que tiene el aquí quejoso, así como al hecho de que está recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi, tiene aplicación respecto a sus condiciones de internamiento la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tal legislación prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula (internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial), siendo los principales los siguientes:[...] Atención médica que forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, tan es así, que está regulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 30 y 34. Ahora bien, para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que están cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el director del centro en que estén recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Igualmente, la aludida legislación establece la forma en que deben sustanciarse las peticiones, a saber: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Una vez admitida, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. En casos urgentes, la citada ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución o juez rector de la causa para plantear su petición. Hipótesis en que la mencionada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución o juez rector de la proceso, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Lo expuesto pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Pero, además, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución o juez rector de la causa competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, la persona privada de su libertad también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En consecuencia, tomando en consideración que la Ley Nacional de Ejecución prevé mecanismos ágiles y eficaces para salvaguardar el derecho humano a la saludad del que gozan las personas privadas de su libertad en los centros de reinserción social del país, el quejoso previo a la promoción del juicio de amparo debe acudir a ellos a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que en el presente caso se surta hipótesis alguna del artículo 22 Constitucional, en virtud de que no se está ante un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie. En consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de tal legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Sin embargo, toda vez que el promovente señala que actualmente está recluido en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, el cual se encuentra fuera del lugar de residencia de este Tribunal Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y los numerales 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2°, gírese atento despacho vía correo electrónico al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a *** en el lugar de su reclusión. Por lo anterior, con fundamento en el último párrafo del numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al Juez Federal, para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el ordinal 17 Constitucional. Se tienen por autorizados a *** y *** en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En otro orden, dado que el quejoso está interno en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y no cuenta con autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, se requiere a la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días nombre defensor público que asista al quejoso *** a fin de asistirlo en el presente asunto y garantizar de esta forma un efectivo acceso a la justicia; en razón de lo anterior, córrasele traslado con copia de la demanda. Apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  4. Principal

    Oficio PJEP/IDP/DG-599-2023, signado por la Titular del Instituto de la Defensoría Pública. Informa que designó para actuar en el presente asunto en tutela de los derechos del quejoso ********************, al defensor público ********************. En tal virtud, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efecto la notificación de este proveído, comparezca a las oficinas de este juzgado en días y horas hábiles, debidamente identificado a aceptar y protestar el cargo que le ha sido designado. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Lo anterior, hágase del conocimiento del referido defensor público por conducto de la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, mediante oficio que al efecto se gire. Sin perjuicio de lo anterior, téngase como forma especial y expedita de contacto con ********************, el correo electrónico y número telefónico que la oficiante proporciona en su ocurso de cuenta, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal.

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