Sendy Heman Aquino Hernández
Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sendy Heman Aquino Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, signado por el *******, al que adjunta el testimonio de la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en la queja *****, relativa al recurso interpuesto por la quejosa *****, en contra del auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, que en sus puntos resolutivos señala. ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja.. Acúsese recibo correspondiente.. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y archívese como asunto total y definitivamente concluido... ******transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación****,..
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto; de lo cual, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa .......................... mediante el cual interpone recurso de queja; en consecuencia, remítase el escrito de expresión de agravios y copias certificadas del auto impugnado, así como de las necesarias para la resolución del recurso interpuesto, al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO, para lo que tenga a bien proveer. En tales condiciones, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna.
- Principal
Visto el oficio signado por la SECRETARIA DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, por el cual remite el juicio de amparo ............... que se originó con motivo de declinatoria planteada por este juzgado federal, remitiendo al efecto el auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, a través del cual precisa que no acepta la competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo; hágase del conocimiento del juzgado oficiante que este juzgado de distrito no insistirá en la incompetencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Vista la demanda de amparo; se acuerda: Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Luego entonces, si la quejosa reclama en el presente asunto el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en el que la autoridad responsable no acordó de conformidad el trámite del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones que planteó dentro del expediente .......................... En ese sentido, dicho acto no constituye para la parte quejosa, acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, pues, resulta innegable que el auto reclamado, no quebranta en perjuicio del quejoso, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo reconocido por los derechos fundamentales, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño predominante o exorbitante, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial; sino que, el perjuicio podrá actualizarse al dictar la sentencia definitiva respectiva, y será en ese momento cuando podrá evidenciarse si se agravió a la parte quejosa, esto es, si la violación de que ahora se duele trascendió al resultado del fallo, debido a que aún no se tiene certeza si el hecho de que la responsable no analice la autenticidad del documento que pretendió controvertir, le causará algún perjuicio, pues ello únicamente podrá materializarse al momento en que se resuelve el juicio natural, mismo que incluso, pudiera resulta favorable a sus pretensiones, aun sin haber analizado el documento señalado. El acto reclamado, tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso el auto combatido podrá constituir una violación dentro del procedimiento, reclamable en amparo directo, para el supuesto de que la sentencia definitiva que llegue a dictarse le sea desfavorable. En efecto, el acto reclamado ningún perjuicio irreparable irroga a la justiciable, ya que sólo pueden considerarse como violaciones al procedimiento, encuadrables en el artículo 172, de la Ley de Amparo. analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida, por propio derecho, por las razones antes expuestas. No resulta inadvertido, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.
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