Selestina Morales Riqueño

Expediente 960/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
960/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2016

Partes del expediente

  • Selestina Morales Riqueño
  • JUNTA ESPECIAL NUMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILlACION y ARBITRAJE DEL ESTADO

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia definitiva dictada por este Juzgado Federal, con fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo que antecede, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con veintiocho minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria María Guadalupe Salazar Martínez, con quien legalmente actúa, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 960/2016, promovido por ********************. Abierta la misma, la Secretaria, hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, al no existir promociones pendientes por acordar, se declara abierto el periodo probatorio, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que adjuntó a su escrito de demanda la parte quejosa, así como la diversa documental que anexó a su informe justificado el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos; lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; por lo cual, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 960/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, *****************, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, que hizo consistir en: "La omisión de la responsable de acordar promoción con folio 000943 de fecha 08 de febrero del año 2016." Acto que estima violatorio en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías; por auto de seis de junio de dos mil dieciséis, se registró la demanda bajo el número 960/2016; se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y forma parte integrante de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio, en cumplimiento además a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se hacen consistir en: La omisión de la autoridad responsable de acordar la petición presentada en escrito de ocho de febrero de dos mil dieciséis en el juicio laboral número 01/948/2010. TERCERO. La responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos, por conducto de su Presidente, admitió el acto que se le atribuye, y mencionó: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO; pero no en los términos y condiciones que así lo refiere, toda vez que con fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis esta autoridad emitió el acuerdo respecto del escrito presentado ante esta autoridad el ocho de febrero del presente año con número de folio 000943, sin que la omisión de notificar a la parte actora dicho acuerdo obedezca a una conducta de negligencia, dolo o mala fe, sino por la excesiva carga de trabajo que impera en esta junta, razón por la cual resulta imposible dar cumplimiento con los términos que establece la Ley Federal del Trabajo."; y adjuntó como soporte de su informe copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/948/2010, entre las que se aprecia el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis a que alude; documentales que cuentan con pleno valor probatorio acorde a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, párrafo segundo. Se cita por aplicable, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. En el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este Tribunal Federal advierte que se actualice alguna; por tanto, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación que hizo valer el peticionario de garantías en su escrito de demanda, ya que no se requieren para el desarrollo y dictado de la resolución, además de que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, pues ello no lo priva de la oportunidad para recurrirla y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Al caso, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sustentado en la jurisprudencia número 477, visible en la página 414, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". QUINTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos por advertirse la actualización de las causales de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En el caso, procede analizar la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En efecto, de la demanda de garantías se advierte que la parte demandante de amparo señaló como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo relativo a la promoción presentada el ocho de febrero de dos mil dieciséis en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, dentro de la contienda laboral 01/948/2010. Del examen de las constancias que la autoridad laboral responsable anexó a su informe justificado para acreditar su dicho, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte efectivamente que el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, emitió un proveído en torno a la petición presentada por la parte actora (aquí quejosa) el ocho de febrero de dos mil dieciséis. En consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos, demostró que efectivamente el diecinueve de abril de dos mil dieciséis emitió el proveído correspondiente a la promoción presentada por la parte quejosa, con lo cual se evidencia la cesación del acto reclamado, toda vez que con tal proceder la autoridad laboral responsable restituyó a la parte demandante de derechos fundamentales en el goce de sus garantías violadas, ya que los efectos del acto reclamado han cesado por lo que respecta a dicha autoridad, para los fines procedentes; más si se considera que la autoridad responsable ordenó la notificación a las partes, mediante boletín judicial. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia número 544 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 362 del Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, cuyo texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Así también sirve de apoyo el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de garantías con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la propia Ley. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior consideración que no obre constancia de la notificación del mencionado auto a la parte quejosa; toda vez que mediante la vista ordenada en el presente juicio con el informe justificado de la autoridad responsable al quejoso, se subsana dicha deficiencia formal; cuenta habida que este juzgado federal mediante acuerdo de veintiocho de junio de abril de dos mil dieciséis, ordenó dar vista a las partes con la documental enviada por la responsable, acuerdo que fue notificado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis en curso, por tanto, resulta incuestionable que la parte quejosa tiene conocimiento del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, pronunciado por la autoridad responsable, que nos ocupa, cuya omisión le es reclamada en esta instancia constitucional, por lo que es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por orientación, la tesis 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ******************, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Salazar Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guarda el juicio, del que se advierte que mediante oficio registrado con folio 3341, la autoridad responsable, informó las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en este juicio. En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe las actuaciones que haya realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo derivada del juicio en que se actúa y relacionada con el expediente laboral ******************** de su estadística; lo anterior, en el entendido que deberá remitir copia certificada con la que acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional; además, deberá atender lo siguiente: 1. En caso de que haya señalado fecha para la práctica de alguna diligencia, remitir las constancias de notificación respectivas; 2. En el supuesto de haber enviado una comunicación oficial, ya sea exhorto u oficio solicitando algún informe de autoridad, remitir el acuse con que acredite la recepción del mismo; y, 3. Si la última actuación corresponde a una razón actuarial, en la cual se asentó la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento o la notificación de cualquiera de las partes, deberá remitir el acuerdo y notificación correspondiente, con que se dé vista a la parte actora de tal situación. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Archívese. Este expediente es susceptible de destrucción.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano