Selene Tellez Zaragoza

Expediente 670/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
670/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Selene Tellez Zaragoza
  • Marco Antonio Cruz Galindo
  • SELENE TELLEZ ZARAGOZA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del incidente de inejecución 5/2017, el expediente de amparo número 670/2017, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió: PRIMERO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Dese aviso con la presente resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a su Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a su determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Agréguese el expedientillo formado con motivo de la incidencia planteada, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original en el mismo, lo anterior a fin de hacer practico su manejo. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. Del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que jurídicamente es imposible cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. En efecto, en sentencia engrosada el treinta y uno de agosto de este año se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a Violencia Familiar Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, realizara lo siguiente: I. En relación con el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete: a) Para que deje insubsistente el acto reclamado, en la parte que consideró impertinentes los actos de investigación solicitados por la quejosa. b) Con libertad de facultades, pero purgando los vicios establecidos en esta sentencia, determine si los mismos sirven para acreditar alguno de los requisitos para que se configure el hecho con apariencia de delito de abandono de persona, para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado o la reparación del daño. Estudio que deberá realizar de manera individual respecto de cada uno de los actos de investigación solicitados y, en caso, de estimar que no son necesarios, exponer de manera fundada y motivada su negativa. c) Comunique su contenido de la impetrante. II. Respecto el retardo en la integración de la carpeta de investigación: a) Ordene al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, para que requiera a los elementos de la policía que se hayan designado, de manera inmediata proporcionen los actos de investigación realizados. b) Ordene a la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses para que requiriera de manera inmediata al perito en materia de psicología los dictámenes correspondientes para que sean agregados a la carpeta de investigación. c) Una vez desahogadas las actuaciones referidas y aquellas que considere necesarias para agotar la investigación, determine lo que corresponda. Finalmente, cabe señalar que los lineamientos establecidos en esta sentencia deberán quedar totalmente cumplidos en un plazo que no exceda de cuarenta días naturales, mismo que se estima razonable para que la representación social desahogue los actos de investigación indicados, así como aquellos que estime conducentes, y dicte la resolución que conforme a derecho corresponda. De las constancias que envió la agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita en Violencia Familiar Mesa Uno, se advierte que en la carpeta de investigación CDI-1264/2017/AESEX de su índice, realizó lo siguiente: A) Mediante acuerdo de diez de octubre de este año dejó insubsistente el acuerdo de treinta de mayo pasado reclamado, en la parte que desechó las peticiones de la parte inconforme y precisó que los actos de investigación solicitados por la agraviada serían materia de estudio en una diversa resolución. B) En la misma data, con libertad de facultades y purgando los vicios establecidos en la sentencia, proveyó lo atinente a los actos de investigación solicitada por la víctima, precisando que se acordaban en conformidad, pero no giraba el oficio correspondiente, toda vez que mediante escrito de dieciocho de agosto del año en curso la agraviada Selene Téllez Zaragoza hizo del conocimiento que el imputado y ella acordaron terminar con sus diferencias, siendo su voluntad no aportar más datos de prueba a la carpeta de investigación. Ante ello, solicitaba señalara día y hora para ratificar dicho ocurso y, en su oportunidad, decretar el no ejercicio de la acción penal; lo cual aconteció el veintinueve de septiembre de la presente anualidad, data en la que la víctima Selene Téllez Zaragoza, asistida de su asesora jurídica particular, ratificó el libelo de referencia y manifestó que respecto al delito de violencia familiar no contaba con mayores datos de prueba que aportar y por cuanto hace al diverso de abandono de personas, otorgaba su más amplio y cumplido perdón en favor de Marco Antonio Cruz Galindo, solicitando se archive la carpeta de investigación; lo que comunicó a la asesora jurídica particular el doce de octubre de la presente anualidad. C) El once de octubre de dos mil diecisiete determinó el no ejercicio de la acción penal en favor de Marco Antonio Cruz Galindo, por considerar que opera la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, en relación con el diverso numeral 255, así como la causal de sobreseimiento prevista en los arábigos 327, fracción VI, y 485, en relación con el artículo 255, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual notificó a la quejosa. Tal situación, como se destacó, evidencia la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Efectivamente, en el caso, se concedió la protección constitucional al considerar que el actuar de la fiscal responsable, por una parte, infringió el mandato contenido en el artículo 16 constitucional, referente a que todo acto dirigido al gobernado debe constar por escrito, ser emitido por autoridad competente, así como estar debidamente fundado y motivado; por la otra, violó en numeral 17 de la Carta Magna, en el que se establece la obligación a la responsable de impartir justicia pronta y expedita, en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria, la agente del Ministerio Público debía realizar los siguientes actos: En relación con el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete: Dejar insubsistente el acto reclamado, en la parte que consideró impertinentes los actos de investigación solicitados por la quejosa. Con libertad de facultades, pero purgando los vicios establecidos en la sentencia, determinar si los mismos sirven para acreditar alguno de los requisitos para que se configure el hecho con apariencia de delito de abandono de persona, para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado o la reparación del daño. Estudio que se debía realizar de manera individual respecto de cada uno de los actos de investigación solicitados y, en caso, de estimar que no son necesarios, exponer de manera fundada y motivada su negativa. Comunicar su contenido de la impetrante. Respecto el retardo en la integración de la carpeta de investigación: Ordenar al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, para que requiera a los elementos de la policía que se hayan designado, de manera inmediata proporcionen los actos de investigación realizados. Ordenar a la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses para que requiriera de manera inmediata al perito en materia de psicología los dictámenes correspondientes para que sean agregados a la carpeta de investigación. Una vez desahogadas las actuaciones referidas y aquellas que considere necesarias para agotar la investigación, determinar lo que corresponda. Sin embargo, la Agente del Ministerio Público adscrita a Violencia Familiar Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales se encuentra imposibilitada para acatar lo ordenado en los efectos de la sentencia. Lo anterior, porque si bien se pronunció sobre los actos de investigación solicitados por la impetrante y consideró que eran pertinentes; no ordenó su desahogo en virtud de la solicitud de la víctima de concluir con la investigación. De igual forma, tampoco recabó los datos de investigación ordenados, porque ante las manifestaciones de la víctuima, consideró que se actualizaban las cusas de sobreseimiento indicadas; mismas que imposibilitaban continuar con la investigación de los hechos. Ante tal circunstancia, sobreviene una causa que impide a la agente del Ministerio Público acatar los lineamientos dados en el fallo protector; por tanto, se estima que en la especie existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, se ordena remitir el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno, en conformidad con el artículo 196, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014210 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Página: 490 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. Del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que jurídicamente es imposible cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. En efecto, en sentencia engrosada el treinta y uno de agosto de este año se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a Violencia Familiar Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, realizara lo siguiente: I. En relación con el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete: a) Para que deje insubsistente el acto reclamado, en la parte que consideró impertinentes los actos de investigación solicitados por la quejosa. b) Con libertad de facultades, pero purgando los vicios establecidos en esta sentencia, determine si los mismos sirven para acreditar alguno de los requisitos para que se configure el hecho con apariencia de delito de abandono de persona, para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado o la reparación del daño. Estudio que deberá realizar de manera individual respecto de cada uno de los actos de investigación solicitados y, en caso, de estimar que no son necesarios, exponer de manera fundada y motivada su negativa. c) Comunique su contenido de la impetrante. II. Respecto el retardo en la integración de la carpeta de investigación: a) Ordene al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, para que requiera a los elementos de la policía que se hayan designado, de manera inmediata proporcionen los actos de investigación realizados. b) Ordene a la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses para que requiriera de manera inmediata al perito en materia de psicología los dictámenes correspondientes para que sean agregados a la carpeta de investigación. c) Una vez desahogadas las actuaciones referidas y aquellas que considere necesarias para agotar la investigación, determine lo que corresponda. Finalmente, cabe señalar que los lineamientos establecidos en esta sentencia deberán quedar totalmente cumplidos en un plazo que no exceda de cuarenta días naturales, mismo que se estima razonable para que la representación social desahogue los actos de investigación indicados, así como aquellos que estime conducentes, y dicte la resolución que conforme a derecho corresponda. De las constancias que envió la agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita en Violencia Familiar Mesa Uno, se advierte que en la carpeta de investigación CDI-1264/2017/AESEX de su índice, realizó lo siguiente: A) Mediante acuerdo de diez de octubre de este año dejó insubsistente el acuerdo de treinta de mayo pasado reclamado, en la parte que desechó las peticiones de la parte inconforme y precisó que los actos de investigación solicitados por la agraviada serían materia de estudio en una diversa resolución. B) En la misma data, con libertad de facultades y purgando los vicios establecidos en la sentencia, proveyó lo atinente a los actos de investigación solicitada por la víctima, precisando que se acordaban en conformidad, pero no giraba el oficio correspondiente, toda vez que mediante escrito de dieciocho de agosto del año en curso la agraviada Selene Téllez Zaragoza hizo del conocimiento que el imputado y ella acordaron terminar con sus diferencias, siendo su voluntad no aportar más datos de prueba a la carpeta de investigación. Ante ello, solicitaba señalara día y hora para ratificar dicho ocurso y, en su oportunidad, decretar el no ejercicio de la acción penal; lo cual aconteció el veintinueve de septiembre de la presente anualidad, data en la que la víctima Selene Téllez Zaragoza, asistida de su asesora jurídica particular, ratificó el libelo de referencia y manifestó que respecto al delito de violencia familiar no contaba con mayores datos de prueba que aportar y por cuanto hace al diverso de abandono de personas, otorgaba su más amplio y cumplido perdón en favor de Marco Antonio Cruz Galindo, solicitando se archive la carpeta de investigación; lo que comunicó a la asesora jurídica particular el doce de octubre de la presente anualidad. C) El once de octubre de dos mil diecisiete determinó el no ejercicio de la acción penal en favor de Marco Antonio Cruz Galindo, por considerar que opera la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, en relación con el diverso numeral 255, así como la causal de sobreseimiento prevista en los arábigos 327, fracción VI, y 485, en relación con el artículo 255, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual notificó a la quejosa. Tal situación, como se destacó, evidencia la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Efectivamente, en el caso, se concedió la protección constitucional al considerar que el actuar de la fiscal responsable, por una parte, infringió el mandato contenido en el artículo 16 constitucional, referente a que todo acto dirigido al gobernado debe constar por escrito, ser emitido por autoridad competente, así como estar debidamente fundado y motivado; por la otra, violó en numeral 17 de la Carta Magna, en el que se establece la obligación a la responsable de impartir justicia pronta y expedita, en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria, la agente del Ministerio Público debía realizar los siguientes actos: En relación con el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete: Dejar insubsistente el acto reclamado, en la parte que consideró impertinentes los actos de investigación solicitados por la quejosa. Con libertad de facultades, pero purgando los vicios establecidos en la sentencia, determinar si los mismos sirven para acreditar alguno de los requisitos para que se configure el hecho con apariencia de delito de abandono de persona, para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado o la reparación del daño. Estudio que se debía realizar de manera individual respecto de cada uno de los actos de investigación solicitados y, en caso, de estimar que no son necesarios, exponer de manera fundada y motivada su negativa. Comunicar su contenido de la impetrante. Respecto el retardo en la integración de la carpeta de investigación: Ordenar al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, para que requiera a los elementos de la policía que se hayan designado, de manera inmediata proporcionen los actos de investigación realizados. Ordenar a la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses para que requiriera de manera inmediata al perito en materia de psicología los dictámenes correspondientes para que sean agregados a la carpeta de investigación. Una vez desahogadas las actuaciones referidas y aquellas que considere necesarias para agotar la investigación, determinar lo que corresponda. Sin embargo, la Agente del Ministerio Público adscrita a Violencia Familiar Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales se encuentra imposibilitada para acatar lo ordenado en los efectos de la sentencia. Lo anterior, porque si bien se pronunció sobre los actos de investigación solicitados por la impetrante y consideró que eran pertinentes; no ordenó su desahogo en virtud de la solicitud de la víctima de concluir con la investigación. De igual forma, tampoco recabó los datos de investigación ordenados, porque ante las manifestaciones de la víctuima, consideró que se actualizaban las cusas de sobreseimiento indicadas; mismas que imposibilitaban continuar con la investigación de los hechos. Ante tal circunstancia, sobreviene una causa que impide a la agente del Ministerio Público acatar los lineamientos dados en el fallo protector; por tanto, se estima que en la especie existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, se ordena remitir el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno, en conformidad con el artículo 196, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014210 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Página: 490 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita en Violencia Familiar Mesa Uno, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.

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