Selene Sotelo Maldonado
Expediente 1423/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Selene Sotelo Maldonado
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Selene Sotelo Maldonado, Demetrio Candía Gálvez, Maurilio Francisco Hernández y Magdalena Delgado Gómez, por propio derecho y en en su carácter de Presidenta Municipal, Síndico Procurador, Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Regidora de Salud y Asistencia Social, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xalpatláhuac, Guerrero, contra actos del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1423/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C", encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial C responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario (a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por haberlo solicitado, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión y de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General citado, no se formará duplicado físico. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se le apercibe que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a éste órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Arcenio Dorantes Gómez, como lo señala la parte quejosa, con domicilio en Calle Galeana, número cuarenta y seis (46), Colonia San Francisco en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Ahora bien, y toda vez que el citado domicilio se encuentran fuera de la residencia de este Juzgado Federal, pero dentro de su territorio jurisdiccional; de conformidad en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Mixto de Paz del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio mencionado en líneas que anteceden, para que con copia simple de la demanda y del presente proveído, emplace a juicio al tercero interesado de referencia; de igual forma, lo requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso indicado, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los quejosos en el escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Ramírez Santiago, Briseida Elizabeth Abarca Aries y Adelina Sánchez Tolentino, toda vez que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y por despacho al tercero interesado y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 1423/2023, promovido Selene Sotelo Maldonado, Demetrio Candía Gálvez, Maurilio Francisco Hernández y Magdalena Delgado Gómez, en su carácter de Presidenta Municipal, Síndico Procurador, Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Regidora de Salud y Asistencia Social, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xalpatláhuac, Guerrero, contra actos del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Se apertura por separado el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir por dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de garantías. Se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las autoridades responsables que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo a proveer en relación con la suspensión provisional es necesario precisar el acto que los quejosos reclaman en la especie, por lo que a continuación se inserta en lo que interesa la siguiente imagen. Es aplicable a la anterior determinación, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), Registro digital: 2019200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Conforme a este marco constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 116/2012, estableció que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, en principio, es necesario verificar si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la medida preventiva sobre actos inexistentes, dado que no existiría materia sobre cual decretarla; enseguida, analizar si el acto reclamado es o no susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativos, entre otros. Por su parte, los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que ocurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en el incidente por separado y duplicado: Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos: Continúe la producción o el comercio de narcóticos; Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas ordenes este dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; Se afecten intereses de menores o incapaces o les pueda causar trastorno emocional o psíquico; Se impida el pago de alimentos; Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del publico ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión. se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." En ese contexto, el numeral 128 transcrito, establece que la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, siempre y cuando el acto reclamado no se ubique dentro de los supuestos establecidos en el numeral 129 previamente transcrito, que prevé diversos casos en los que se causan perjuicio del interés social o contravención de disposiciones de orden público; en la inteligencia que de manera excepcional se podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos, si con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. En ese sentido, de lo aquí expuesto, para conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, el juzgador debe tomar en cuenta, sucesivamente, los siguientes elementos: a) Que la suspensión la solicite el agraviado. b) Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, caso en el cual se podrá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. Precisadas la conducta que se reclama y los requisitos suspensiones, lo procedente es analizar si en el caso concreto es procedente o no conceder la suspensión solicitada, conforme los lineamientos previamente establecidos. Pues bien, el primero de los requisitos se colmó plenamente toda vez que el quejoso solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos anunciados, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Lo anterior es así, pues por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. De tal modo, que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese tenor, en un análisis ponderado de constitucionalidad, se debe atender a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad vertidas por la parte quejosa en la demanda de amparo y en su caso los anexos, por ser los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. A partir de lo anterior, conforme a los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se haga efectiva la multa que se le impuso en acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por el cual se les impone a los aquí quejosos una multa individual, equivalente a la cantidad de ******************** hasta en tanto las autoridades reciban notificación respecto de la resolución relativa a la suspensión definitiva que se dicte en este incidente. Lo anterior, siempre que a la fecha no se haya efectuado dicho acto, y hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Se estima así, toda vez que se considera conveniente conservar la materia del amparo, concediendo la presente medida cautelar, hasta que se cuente con mayores datos que permitan verificar las particularidades del acto reclamado y la afectación que produce en la esfera jurídica del quejoso. La medida cautelar surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si los quejosos no acreditan ante este juzgado de Distrito dentro del plazo de cinco días siguientes al que se les notifique el presente proveído, haber exhibido ante la autoridad exactora la cantidad equivalente a $******************** que les fue impuesta por concepto de multa en acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente de origen ********************, que se fija de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 y 136, de la Ley de Amparo, y que tiene por objeto reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero, si el incidentista no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 148/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, Tomo XXVII, visible en la página 1413, tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital 176523, que es del tenor siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." De igual forma, apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 138/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168607, que sobre el tema dispone: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los quejosos en el escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien y toda vez que el domicilio del tercero interesado proporcionado por la parte quejosa se encuentra fuera de la residencia pero dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en ********************, y con copia simple del presente auto notifique el mismo a la citada parte procesal. De igual forma lo requiera para que en el acto de la diligencia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que se le realice, apercibidos que de no hacerlo así, las siguientes notificaciones aun las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hecha En el entendido que para llevar a cabo dicho acto procesal, el servidor público que se comisione para ese efecto, deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente." Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y por despacho al tercero interesado Arcenio Dorantes Gómez.
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