Selene Román Blas

Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
31/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Selene Román Blas
  • Pérez Góngora Y Asociados, S.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de noviembre de dos mil veintidós. Téngase al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, acusando recibo de las constancias relativas al acto reclamado que le fueron devueltas en dos tomos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Amparo indirecto 31/2022-II Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del amparo auxiliar 31/2022, relativo al juicio constitucional 378/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; y, R E S U L T A N D O I. *****************************, representante legal de ********************************************, por escrito recibido en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, promovió demanda de amparo indirecto en contra de los actos que atribuyó al Congreso del Estado de Nuevo León y otras autoridades. II. En auto del tres de marzo pasado, se desechó la demanda de amparo por lo que respecta al Secretario General de Gobierno, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana y Secretario de Medio Ambiente, todos del Estado de Nuevo León, y por lo que toca a los diversos actos y autoridades responsables se admitió a trámite la demanda propuesta; se les solicitó su informe con justificación; se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo el siete de septiembre del año en curso. III. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022 del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. IV. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar 31/2022 al que vinculó el juicio de amparo 378/2022 del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuible a una autoridad jurisdiccional con residencia en el Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que éste asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA.". Segundo. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa *****************, representante legal de *************************, reclama: Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León: a) La discusión, aprobación y expedición de los Decretos números 036, 037 y 038, por los cuales se aprueba la Ley de Ingresos para el Estado de Nuevo León en el ejercicio 2022 y que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en particular la adición del artículo 154-Bis los cuales estipulan el impuesto estatal denominado "Impuesto Sobre Nóminas", publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el veintitrés de diciembre de 2021. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León: a) La iniciativa, promulgación y orden de publicación de los Decretos números 036, 037 y 038, por los cuales se aprueba la Ley de Ingresos para el Estado de Nuevo León en el ejercicio 2022 y que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en particular la adición del artículo 154-Bis los cuales estipulan el impuesto estatal denominado "Impuesto Sobre Nóminas", publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el veintitrés de diciembre de 2021. Del Secretario y Subsecretario de Ingresos y Director de Recaudación, ambos de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León: a) La aplicación de los Decretos números 036, 037 y 038, por los cuales se aprueba la Ley de Ingresos para el Estado de Nuevo León en el ejercicio 2022 y que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en particular la adición del artículo 154-Bis los cuales estipulan el impuesto estatal denominado "Impuesto Sobre Nóminas", publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el veintitrés de diciembre de 2021. Sin que sea procedente precisar actos reclamados en relación a las diversas autoridades, en razón de que mediante acuerdo del tres de marzo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo indirecto, precisamente respecto de las señaladas como Secretario General de Gobierno, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana y Secretario de Medio Ambiente, todos del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Lo anterior, consistente en el refrendo y publicación de los decretos reclamados, ya que no se reclamaron por vicios propios. Tercero. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Además, la existencia de la porción normativa combatida y, por ende, la participación de la responsable en el proceso de creación de las leyes, se encuentra acreditada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual constituye un hecho notorio que puede invocarse de oficio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 56, en la página 73, tomo VI, común, sección jurisprudencia SCJN del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Semanario Judicial de la Federación (registro: 206225). Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras Secretario y Subsecretario de Ingresos y Director de Recaudación, ambos de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; sin embargo, tal negativa se desvirtúa en razón de que las autoridades señaladas como ordenadoras aceptaron los actos reclamados, de ahí que estas pueden de un momento a otro materializar los actos tildados de inconstitucionales. Cuarto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. Las autoridades responsables ejecutoras Secretario y Subsecretario de Ingresos y Director de Recaudación, ambos de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, manifestaron que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio que se resuelve mismas que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se visualiza que la parte quejosa exhibió diversos comprobantes fiscales digitales, con los cuales acreditó su interés jurídico, circunstancia que se robustece con las documentales que exhibió el Coordinador General de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo el dieciséis de agosto pasado. Respecto a la fracción XIV, de la Ley de Amparo, no se configura su actualización en razón de que de las constancias de referencia se advierte que fue el veintitrés de febrero de dos mil veintidós cuando la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo fue promovida el dos de marzo pasado, es evidente que se presentó en el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En virtud a lo anterior, y no advirtiéndose diversas causales de improcedencia que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos. Quinto. Previamente al estudio de los conceptos de violación, cabe precisar que el análisis de los motivos de inconformidad debe efectuarse conforme al principio de estricto derecho, por no operar la suplencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, la parte quejosa aduce esencialmente en sus conceptos de violación que la autoridad responsable violó en su perjuicio las garantías establecidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contemplan los derechos humanos de legalidad y proporcionalidad tributarias. Previo al análisis de los conceptos de violación, es importante destacar que el pago de contribuciones es una obligación de los mexicanos contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Por su parte, el Código Fiscal de la Federación prevé que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, y en su artículo 2 señala que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, específicamente en su fracción I, define a los impuestos como las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV del propio artículo. Así, los elementos de toda contribución deben estar expresamente establecidos en la ley que les dé origen, a fin de colmar el principio de legalidad; dichos elementos son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago. En cuanto al primer elemento, el sujeto puede dividirse en dos, sujeto activo y sujeto pasivo; el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, mientras que el sujeto pasivo es la persona que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un tercero, o bien se trate de una obligación fiscal sustantiva o formal. Por lo que respecta al objeto de la contribución consiste en la materia, actividad, o acto sobre la cual recae la obligación, esto es, se trata de los hechos, operaciones, ingresos o riqueza generadora del tributo. Por lo que hace al tercer elemento de las contribuciones, la base es la cuantía sobre la cual se determina una contribución menos las deducciones autorizadas en la ley. Mientras que, por lo que hace a la tasa o tarifa es la unidad aritmética que se toma como base para la liquidación, en moneda del curso legal, del tributo a pagar. Finalmente, el último elemento del impuesto es la época de pago, el cual consiste en el momento establecido en la ley, en el que debe realizarse el pago de la contribución causada. Dichos elementos deben estar consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. En ese tenor, cabe precisar que los conceptos de violación a que alude la parte quejosa son los siguientes: 1) Que el artículo 154 Bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, viola lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria. Ahora bien, a efecto de dar contestación a los conceptos de violación formulados por la parte, quejosa debe considerarse por razones de orden lógico el análisis de la legalidad, el cual es de estudio previo. Los anteriores argumentos, relativos a la violación a la garantía de legalidad tributaria son infundados. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de legalidad en materia tributaria se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Del examen de dicho principio, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley. De tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Es aplicable la jurisprudencia de la Séptima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 232797, que establece: "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles." Dicho principio, relacionado con los elementos constitutivos del impuesto, exige que sea el legislador y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias. Del artículo 154 Bis de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, se advierte que se incorporó como nuevo objeto del impuesto sobre nóminas todas las erogaciones que se realicen por los conceptos que se asimilan a los ingresos por salarios conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para definir el sujeto de dicho impuesto, el legislador en el artículo 155, estableció que lo serían las personas físicas, las morales o las unidades económicas que realicen los pagos a que se refiere el artículo 154 precitado; catálogo este último que precisa los conceptos que se considerarán como remuneraciones al trabajo personal subordinado, de igual forma, los numerales 156 y 160, establecen la base y los casos en que se exceptúa del pago de dicho impuesto. Asimismo, por lo que se refiere a la base del tributo de referencia, el legislador en el artículo 94, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se refirió al monto de las erogaciones efectuadas en dinero o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, así como los pagos en dinero o en especie realizados a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales de cualquier especie o tipo de sociedades o asociaciones; y los pagos a personas físicas por concepto de honorarios, por la prestación de servicios personales independientes o por actividades empresariales, omitiendo adecuar el dispositivo conforme con el nuevo objeto del tributo que aquí se impugna. De lo que puede concluirse que el sujeto y la base del impuesto sobre nóminas, con relación al nuevo objeto añadido en ese tributo (erogaciones que reciban los miembros de sociedades civiles), se encuentran definidos con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que el gobernado tenga certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, por ese específico concepto, por lo que puede constatarse que dichos preceptos cumplen con el principio de legalidad tributaria. Pues, no obstante que el artículo 154 Bis de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, haga referencia a diversa norma, es decir, al numeral 94, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ello no implica que se violente el principio de legalidad tributaria, toda vez que claramente se puede observar que se cumple con el mismo, ya que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, se encuentran consignados de manera expresa en la ley. En consecuencia, se reitera que son infundados los argumentos orientados a demostrar violación al principio de legalidad tributaria. Por lo que hace al concepto de violación respecto del principio de proporcionalidad tributaria, cabe precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, establece como obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De dicho numeral surge el principio de proporcionalidad tributaria, que radica en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, lo que significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por la Federación o la entidad federativa, refleje una auténtica manifestación de capacidad del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. De manera que tomando en cuenta que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o la tarifa del tributo respectivo. Sobre el particular, se estima aplicable la jurisprudencia P. /J. 109/99, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192849, que establece: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto." Asimismo, cobra vigencia la jurisprudencia P. /J. 10/2003, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184291, de rubro y texto siguientes: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción." Con relación al principio de proporcionalidad tributaria, el propio Máximo Tribunal ha referido que para determinar si una contribución cumple con ese principio, es necesario atender a su naturaleza para establecer las formas como se manifiesta la capacidad contributiva. Así, los impuestos sobre ingresos y la propiedad de un patrimonio o capital, son los clásicos impuestos directos, pues recaen sobre las personas que perciben los primeros, o son propietarias o poseedoras del patrimonio o capital, y reciben esa denominación porque para efectos de la imposición, la capacidad contributiva se evidencia de manera directa. Por su parte, los impuestos al gasto o consumo, son indirectos, ya que son aquéllos que gravan el uso de la riqueza, en la medida que su utilización a través del gasto o erogación refleja la capacidad contributiva de forma indirecta. En ese sentido, es trascendental destacar que no sólo los ingresos, utilidades o rendimientos constituyen indicadores de una capacidad contributiva, sino que existen múltiples indicadores más. Así las cosas, el Estado Mexicano -al establecer las contribuciones- grava los indicadores que conforme a la técnica fiscal pueden manifestarse a través de la obtención de ingresos, de la propiedad, del patrimonio o capital, o de la realización de gastos o erogaciones destinados a adquirir bienes o servicios. En ese tenor, la imposición sobre ingresos se origina en el momento en el que se presentan tales entradas como indicadores de capacidad contributiva, tratándose de las personas físicas cuando las obtienen en efectivo, bienes o crédito, y en el caso de las morales cuando obtienen utilidades. La imposición sobre el patrimonio o capital grava la riqueza ya adquirida por los contribuyentes, como sucede en el impuesto predial y en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; por último, la imposición al gasto o erogaciones se produce en forma diferente, pues ésta acontece una vez que las personas poseyendo la riqueza, hacen uso de ella para adquirir los bienes y los servicios. En esa línea de pensamiento, conviene puntualizar que el objeto, base y sujeto pasivo son diversos en cada uno de los tres supuestos a que se ha hecho referencia: a) En el primer caso, o sea, cuando el impuesto grava los ingresos propiamente, el objeto del impuesto lo constituye el hecho o acto de obtener ingresos en dinero o en especie, la base son los ingresos percibidos menos las deducciones permitidas por la ley, y el sujeto pasivo lo son las personas físicas o morales que obtienen dichos ingresos. b) En los impuestos al capital o al patrimonio el objeto lo constituye el bien mueble o el bien inmueble que forma parte del patrimonio sobre el que recae el tributo, la base es el valor del capital o del propio patrimonio, y el sujeto pasivo son las personas poseedoras o propietarias de dichos bienes. c) Por último, tratándose de la imposición al gasto o a las erogaciones, el objeto del tributo es la realización de una erogación, la base se conforma por el gasto que el legislador escoge de entre los que efectúa el contribuyente, y el sujeto pasivo es la persona que realiza ese gasto o erogación. Cabe resaltar que el legislador tiene plenas facultades para seleccionar el hecho imponible a efecto de integrar un sistema impositivo que satisfaga los principios señalados por la Constitución, pues ésta le da libertad de gravar cualquier hecho que considere indicador de una capacidad contributiva, siempre y cuando cumpla con los requisitos tributarios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino a un gasto público. Es aplicable la jurisprudencia P. /J. 17/90, de la Octava Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205868, titulada y redactada como sigue: "CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN. Es inexacto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al otorgar al Estado el poder tributario, establezca que el objeto de las contribuciones quede limitado a los ingresos, utilidades o rendimientos de los contribuyentes, pues tan restringida interpretación no tiene sustento en esa norma constitucional, que otorga plena libertad al legislador para elegir el objeto tributario, con tal de que respete los principios de proporcionalidad, equidad y destino." Asentado lo anterior, es oportuno identificar con toda claridad el indicador de capacidad contributiva que el legislador seleccionó para gravar con el impuesto sobre nóminas, al tenor de lo que dispone el artículo 154, relacionado con los diversos 154 Bis, 155, 156, 160, fracción II, inciso c), de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, que al efecto disponen: "ARTÍCULO 154.- Es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, dentro del territorio del estado. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1995) Para los efectos de este gravamen se consideran remuneraciones al trabajo personal, todas las contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, ya sea ordinarias o extraordinarias, incluyendo viáticos, gastos de representación, comisiones, premios, gratificaciones, fondo de ahorro, donativos, primas, aguinaldo, tiempo extra, despensas, alimentación y otros conceptos de naturaleza semejante, aun cuando se eroguen en favor de personas que, teniendo su domicilio en Nuevo León, por motivo de su trabajo, presten trabajo personal subordinado fuera del Estado. Son también objeto de este impuesto los pagos realizados a los Directores, Gerentes, Administradores, Comisarios, Miembros del los Consejos Directivos o de Vigilancia de Sociedades o Asociaciones. (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2003) También son objeto de este impuesto, los pagos que se realicen por concepto de honorarios a personas físicas que presten servicios personales preponderantemente a un prestatario, siempre que por dichos servicios no se pague el impuesto al valor agregado. (ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) Para los efectos del párrafo anterior se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de los obtenidos por la prestación de servicios independientes. (ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, las personas a que se refiere el párrafo anterior, deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año de calendario. En caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar el pago del impuesto." (ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2021) "ARTÍCULO 154 Bis.- Para efectos del artículo anterior, se deben considerar incluidas en el objeto de este impuesto todas las erogaciones que se realicen por los conceptos que se asimilan a los ingresos por salarios conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta." "ARTÍCULO 155.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las morales o las unidades económicas que realicen los pagos a que se refiere el Artículo anterior. (REFORMADO, P.O. 17 DE DICIEMBRE DE 2010) La Federación, el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados, Fideicomisos y demás entidades públicas, deberán cubrir el impuesto a su cargo." "ARTÍCULO 156.- Es base de este impuesto, el monto total de los pagos a que se refiere el Artículo 154." "ARTÍCULO 160.- Están exentos del pago de este impuesto: I Las erogaciones que se cubran por concepto de: a) Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas; b) Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales, que se concedan de acuerdo con las leyes o contratos respectivos; c) Pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte; d) Indemnizaciones por rescisión o terminación, que tengan su origen en la prestación de servicios personales subordinados; e) Pagos por gastos funerarios; (REFORMADO P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2003) f) Viáticos efectivamente erogados por cuenta del patrón y debidamente comprobados, en los mismos términos que para su deducibilidad requiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (REFORMADO P.O. 17 DE FEBRERO DE 2004) g) Fondo de ahorro, despensas y alimentación. (REFORMADA, P.O. 10 DE OCTUBRE DE 2007) h).- Las remuneraciones a personas discapacitadas. Para efectos de esta Ley se entiende por persona discapacitada, la que tenga una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. El Centro de Evaluación de Habilidades y Actitudes Laborales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es el organismo certificador de las habilidades laborales de las personas discapacitadas. II.- Las erogaciones que efectúen: a) DEROGADA. (P.O. 17 DE DICIEMBRE DE 2010) (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) b) Instituciones sin fines de lucro que realicen o promuevan asistencia social en cualquiera de sus formas, debidamente reconocidas como instituciones de beneficencia privada en los términos de la Ley de Beneficencia Privada para el Estado de Nuevo León. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989) c) Cámaras de comercio, industria, agricultura, ganadería, pesca o propietarios de bienes raíces, sindicatos obreros, asociaciones patronales y colegios profesionales, así como los organismos que los agrupen. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) d) Las Instituciones educativas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) e) Asociaciones de servicio a la comunidad, sin fines de lucro, debidamente reconocidas como instituciones de beneficencia privada en los términos de la Ley de la Beneficencia Privada para el Estado de Nuevo León. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1993) f) Las asociaciones religiosas." (Énfasis añadido) Como puede observarse, en el impuesto sobre nóminas que se causa en el Estado de Nuevo León, el legislador seleccionó como indicador de la capacidad contributiva la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, dentro del territorio del estado, pues así lo estableció textualmente en el artículo 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Así se desprende también con relación al objeto del impuesto: a) Qué debe entenderse por remuneración al trabajo subordinado; b) Que la base del tributo será el monto de las erogaciones efectuadas en dinero o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les dé, prestado dentro del territorio del estado; y c) Cuales de ese tipo de erogaciones estarán exentas del pago del impuesto; pero todo siempre, se reitera, atendiendo a las erogaciones relacionadas con el trabajo personal subordinado. Conclusión que es aplicable incluso para el artículo 154 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León (porción aquí impugnada) y que considera incluidas en el objeto del impuesto precisado en el numeral 154 todas las erogaciones que se realicen por los conceptos que se asimilan a los ingresos por salarios conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En ese contexto, debe puntualizarse que con la adhesión anterior se asimiló dicho ingreso a uno por prestación de un servicio personal subordinado, en términos de lo que dispone el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que se considerarán ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Sin embargo, se estima que para determinar si las erogaciones que se realicen por los conceptos que se asimilan a los ingresos por salarios verdaderamente tienen una naturaleza jurídica asimilable a un ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado, debe atenderse a las normas que regulan ese tipo de instituciones, al margen de lo que disponga la legislación impositiva federal para efectos del Impuesto sobre la Renta, pues sólo así se podrá determinar si existe una verdadera correspondencia entre el objeto del impuesto y el indicador de capacidad contributiva que el legislador se propuso gravar con el impuesto sobre nóminas. El artículo 8° de la Ley Federal de Trabajo establece que se entiende por trabajo, toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio; de igual forma, el citado precepto establece que el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. "Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio." Por su parte, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. "Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos." En ese contexto, el artículo 134, fracción III, de la citada legislación, establece que dentro de las obligaciones de los trabajadores, se encuentra la de desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. "Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: [.] III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo; [.]". Luego, de las disposiciones legales a que se ha hecho referencia, se desprende que el trabajo personal subordinado es la actividad humana, intelectual o material, que una persona física presta a otra física o moral, mediante el pago de un salario. Ahora bien, para conocer si los miembros del Consejo de Administración y/o miembros de los Comités Consultivos de la parte quejosa, derivan en la prestación de un trabajo personal subordinado, es importante conocer las disposiciones que regulan este tipo de entidades. Los artículos 2581, 2602, 2603 y 2604 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, establecen: "Art. 2581.- Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial." "Art. 2602.- La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus efectos. Si la administración no se hubiere limitado a alguno de los socios, se observará lo dispuesto en el artículo 2612." "Art. 2603.- El nombramiento de los socios administradores, no priva a los demás socios del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. No es válida la renuncia del derecho consignado en este artículo." "Art. 2604.- El nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura de sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser judicialmente, por dolo, culpa o inhabilidad. El nombramiento de administradores, hecho después de constituida la sociedad, es revocable por mayoría de votos." (Énfasis añadido) Ahora bien, cabe precisar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha establecido: - Que los miembros del Consejo de Administración de las empresas que no desempeñen un puesto adicional mediante retribución a los mismos, no son sujetos del Seguro Social obligatorio. - Que no son sujetos del seguro obligatorio los miembros del Consejo de Administración de acuerdo con la Ley de Sociedades Mercantiles y siempre y cuando no desempeñen algún puesto adicional con retribución específica. - Que los Comisarios de sociedades por acciones no deben considerarse sujetos afiliables al régimen obligatorio del Seguro Social, por no reunir las condiciones que para ello establece la ley de la materia. Dicho criterio ha sido incluso plasmado en la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 36, Sexta Parte, página 134, con número de registro digital 800761de rubro y texto: "GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR ÚNICO. NO ES AFILIABLE AL IMSS. Cuando una persona es gerente general y administrador único de una sociedad, integra, por sí sola, la voluntad directriz del ente jurídico, y no estando bajo la dirección y dependencia de ningún órgano de administración, no tiene el carácter de trabajador, y no es, por tanto, afiliable al Instituto Mexicano del Seguro Social. A la inversa, cuando una persona, aunque tenga la designación de gerente general y sea accionista de la empresa y miembro del consejo de administración, no integra la voluntad social, sino que sólo contribuye, en unión de los demás consejeros, a integrarla, está subordinada a la empresa, y cabe estimar que hay en el caso una relación laboral, por lo que tal persona es afiliable al IMSS." Así como la diversa del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 41, Sexta Parte, página 115, con número de registro digital 256405, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. GERENTES GENERALES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. De la tesis publicada en las páginas 94 y 95 del Informe rendido por el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte al terminar el año de 1970, podría parecer que sólo el que reúne los dos cargos de administrador único y gerente general, queda exceptuado de afiliación, pero es de notarse que esa tesis tiene la expresión siguiente: "... las razones y fundamentos legales que sustentan la anterior conclusión, han originado que ésta propia Sala, por lógica consecuencia, haya establecido el criterio de que la persona física que integre, o concurra a integrar el órgano nato de administración en su carácter de administrador único o miembro del consejo de administración, no es afiliable obligatoriamente al régimen del Seguro Social, ya que la propia circunstancia de formar o concurrir a formar la voluntad directriz de la empresa, determina la inexistencia del vínculo laboral ...". De la parte transcrita, se desprende que basta que el gerente general concurra a integrar el consejo de administración, como miembro del mismo, para que no sea afiliable, por las razones que en la tesis se indican y que éste tribunal hace suyas." Aunado a la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXIV, Quinta Parte, página 14, con número de registro digital 274134 "COMISARIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES. CARÁCTER LABORAL. Las actividades de un comisario se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, no pudiéndose determinar a priori que una persona designada como comisario sea un trabajador, pues se trata de un vigilante de las actividades de determinada persona moral, por lo que para calificar si es en realidad un trabajador, se hace necesario en todo caso examinar objetivamente las condiciones de realización del servicio prestado." Luego entonces, si las características de dichas figuras son diversas en relación las que reúnen los empleados de una empresa, es dable concluir que la actuación de estos atañe a un fin común de carácter preponderantemente económico, con motivo de idéntico, como lo precisa en artículo 2581 precitado. De lo anterior se obtiene que las cantidades que las sociedades civiles entregan a sus Directores, Gerentes, Administradores, Comisarios, Miembros de los Consejos Directivos o de Vigilancia de Sociedades o Asociaciones, no derivan de la prestación de un trabajo personal subordinado, ya que tienen su origen en las ganancias que aquéllas generan, derivado de la combinación de recursos o esfuerzos de los socios y no a una relación de naturaleza contractual. En este punto, es importante destacar que, a diferencia de la relación de trabajo, en la que el trabajador se encuentra subordinado al patrón, de las disposiciones del Código Civil para el Estado de Nuevo León, especialmente las que se refieren a las obligaciones y derechos recíprocos de los socios, se desprende que en las sociedades existe igualdad entre éstos; por lo que, a diferencia de la relación de trabajo, en las sociedades no existe el elemento de subordinación respecto de éstas y los socios. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que dentro de las sociedades existan socios industriales que contribuyen con su trabajo personal o el ejercicio de cualquier profesión o industria a la sociedad; sin embargo, no existe entre éstos y la sociedad el elemento de subordinación que caracteriza a la relación de trabajo, pues como se ha visto, los socios industriales pueden intervenir en los asuntos que competen a la sociedad en igualdad de condiciones que los socios capitalistas, sin que se encuentren sometidos a la voluntad éstos; además, los socios industriales reciben dividendos o remanentes que se generan por las ganancias de la sociedad y no un salario como consecuencia de la prestación de un trabajo personal subordinado. Sobre el particular, resultan ilustrativas las siguientes tesis aisladas, emitidas, respectivamente por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con números de registro digital 170453 y 168562, respetivamente, que establecen: "RELACIÓN DE TRABAJO. NO EXISTE ENTRE UNA SOCIEDAD CIVIL Y UNO DE SUS SOCIOS QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ASESOR JURÍDICO DE AQUÉLLA, AUN CUANDO SE HAYA ACORDADO RETRIBUÍRSELOS, SI NO LOS DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR Y NO SE DA EL ELEMENTO DE SUBORDINACIÓN. El hecho de que el actor, en su carácter de socio de la sociedad civil demandada, por disposición de su asamblea, en su carácter de órgano supremo, haya fungido como presidente del consejo de administración y asesor jurídico de aquélla, no significa que exista una relación laboral entre las partes, por no darse subordinación del accionante con la persona moral, aun cuando los socios hayan acordado retribuirle económicamente esos servicios, ya que éstos son desempeñados con el carácter de socio y como integrante del consejo de administración, mas no como trabajador." "RENTA. LOS SOCIOS DE UNA SOCIEDAD CIVIL QUE APORTAN TRABAJO A ÉSTA NO PUEDEN CONSIDERARSE TRABAJADORES SI OBTIENEN UN REPARTO DE UTILIDADES Y, POR TANTO, LAS APORTACIONES QUE REALIZAN A SU FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL NO SON DEDUCIBLES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. El artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes podrán deducir las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a la que establece la Ley del Seguro Social. Por otra parte, del artículo 2689 del Código Civil Federal se advierte que en las sociedades existen dos tipos de socios: a) los capitalistas, que aportan recursos financieros o materiales y b) los industriales, que contribuyen con su trabajo y experiencia. En esa tesitura, si los socios de una sociedad civil se obligaron a aportar su trabajo, no por ello pueden ser considerados como trabajadores, dado que la labor que desarrollan es precisamente en su calidad de socios, como se advierte del artículo 2688 del indicado código, por lo cual obtienen un reparto de utilidades y, en esas condiciones, las aportaciones que realizan a su fondo de pensiones o jubilaciones complementarias a las establecidas en la Ley del Seguro Social no son deducibles, porque tal erogación no puede considerarse como necesaria, no fue establecida expresamente por el legislador, ni se advierte que pueda tener alguna finalidad social, económica o extrafiscal que la justifique." Lo antes expuesto permite deducir que las cantidades que las sociedades civiles entregan a sus socios, no constituyen erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, ya que no derivan de un trabajo de esa naturaleza sino de las ganancias que aquéllas generan por la combinación de los recursos o esfuerzos de los socios. Dicho en otras palabras, los miembros de las sociedades civiles reciben erogaciones de las ganancias que aquéllas generan; sin embargo, tales anticipos no tienen su origen en la prestación de un trabajo personal subordinado, ya que no derivan de la actividad humana, intelectual o material, que una persona física presta a otra física o moral, mediante el pago de un salario. En ese sentido, es inconcuso que el artículo 154 Bis de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, transgredió el principio de proporcionalidad tributaria, pues la inclusión de ese rubro dentro del objeto del tributo rebasa el indicador de capacidad contributiva que se propuso gravar, que se reitera, es la realización de erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, dentro del territorio de la entidad federativa. Cobra vigencia, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 115/2012 (10a.), emitida en la Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2001931, que dispone: "IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO. EL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL CONTEMPLAR COMO OBJETO DE AQUÉL LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPOS RECIBAN LOS MIEMBROS DE LAS SOCIEDADES CIVILES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011). En uso de su facultad impositiva, el legislador del Estado de Yucatán estableció en el artículo 21 de la ley citada el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal subordinado, cuyo objeto son dichas erogaciones. Ahora bien, en el segundo párrafo del propio precepto, contempló como objeto del tributo las cantidades que por concepto de anticipos reciban los miembros de las sociedades civiles; sin embargo, tales anticipos no tienen su origen en la prestación de un trabajo personal subordinado, ya que no derivan de la actividad humana, intelectual o material, que una persona física presta a otra física o moral, mediante el pago de un salario, sino que constituyen adelantos que las sociedades civiles entregan a sus socios periódicamente durante un determinado ejercicio, a cuenta de sus ganancias; por tal motivo, se concluye que el precepto mencionado contraviene el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, al contemplar los referidos anticipos como objeto del impuesto, rebasa el indicador de capacidad contributiva que el legislador se propuso gravar." Por consiguiente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos que más adelante se precisarán. Dado que los motivos de afrenta en examen resultan fundados, trae como consecuencia que se desincorpore de la esfera jurídica de la sociedad quejosa la obligación de cubrir el impuesto sobre nóminas, únicamente por el rubro consistente en todas las erogaciones que se realicen por conceptos que se asimilan a los ingresos por salario. En mérito de lo anterior, resulta innecesario el estudio de los diversos motivos de disenso esgrimidos respecto a los principios de equidad y la contribución al gasto público, del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo relatado en párrafos en el considerando que antecede, lo anterior, al resultar fundados los conceptos de violación respecto del principio de proporcionalidad tributaria. Es de exacta aplicación a lo así expuesto la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, Tomo 175 - 180 Cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Sexto. En las narradas condiciones, al resultar infundados unos y fundados otros de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, por lo que las autoridades responsables deberán: 1) Desincorporar de la esfera jurídica de la obligación de pagar el impuesto declarado inconstitucional y no se le aplique el artículo que lo establece, ni en lo presente ni en lo futuro, única y exclusivamente por lo que se refiere al objeto de dicha contribución. 2) En la inteligencia de que sigue vigente la obligación de la sociedad quejosa para cubrir el impuesto sobre nóminas por los distintos conceptos que prevé la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, de ser así el caso. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *************************************, representante legal de ****************************, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estados de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normativa de la materia, se declara que el citado fallo ha causado ejecutoria; archívese el expediente como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado que remitió en dos tomos, y solicítese el acuse de recibo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe

  4. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; atento a su solicitud, comuníquesele que en acuerdo del once de febrero pasado se tuvo por recibido el juicio de amparo 25/2022, de su índice, promovido por *****, y siete copias de la demanda; asimismo, en el citado proveído este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del referido asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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