Selene Peña Avila
Expediente 576/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Selene Peña Avila
- Nestor Vera Franco
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales correspondientes el oficio signado por la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo y Secretaria de Acuerdos y Amparos; en su atención, se le tiene acusando de recibo el oficio 23517/2018 por virtud del cual se le remitió el toca civil 166/2017 y expediente número 1599/2015; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veinticinco de mayo del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Selene Peña Ávila, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Por otra parte, hágase la devolución del toca civil 166/2017 y expediente número 166/2017 a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo solicitando la confirmación de dichas constancias. Notifíquese.
- Principal
Este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. - - - se desecha la demanda.. notifíquese personalmente...
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERO INTERESADO NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. "Pachuca, Hidalgo, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio 4986/2018 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, y anexos consistentes en cuaderno de amparo directo 1529/2017, toca civil 166/2017, expediente 166/2017 y resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Sección, en sesión de once de mayo de la presente anualidad en los autos del juicio de amparo directo 219/2018 (origen 1529/2017), y por virtud de la cual se declara incompetente para conocer del citado juicio. Acúsese recibo correspondiente y por los motivos que se vierten en la resolución de mérito, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 576/2018-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Respecto al toca civil 166/2017, expediente 166/2017, fórmese un anexo que contenga dichas constancias, respetando el folio y sello respectivo. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo , procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, también de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El citado artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En tanto, el artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia establece: "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (.)" De los anteriores preceptos normativos, se advierte que si se trata de actos realizados en el período de ejecución de sentencia, solamente puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual significa, en sentido contrario, que no está permitido legalmente promover juicio de derechos en contra de resoluciones que, dictadas en la fase de ejecución de sentencia, no constituyan la última que se dicte en ese procedimiento, ya que las violaciones que pudieran cometerse durante el propio procedimiento que dejaren sin defensa al agraviado, pueden reclamarse en la misma demanda de amparo que se interponga contra la última resolución aludida, ya que la finalidad que se persigue es la de limitar la procedencia del amparo en la forma indicada, para evitar abusos del juicio de derechos; en la inteligencia de que la última resolución lo sería, en el presente caso la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la resolución o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por la Jurisprudencia número VII.2.o.C.J/29 pronunciada en contradicción, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1672, del Tomo XXIX, correspondiente al mes de febrero de dos mil nueve, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Como se observa, el promovente se duele de la resolución dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en los autos del toca civil 166/2017, cuyos antecedentes son los siguientes: 1. El ocho de diciembre de dos mil quince, Selene Peña Ávila, promovió en la vía escrita familiar la disolución de la sociedad conyugal a Nestor Vera Franco. 2. El quince de junio de dos mil quince, el Juez Primero Familiar de ese Distrito Judicial, en el expediente 1289/2014, dictó sentencia definitiva en la que determinó procedente la vía especial de divorcio unilateral, dejando a salvo los derechos de las partes en lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal, nombrando desde ese momento, perito valuador del inmueble que se adquirió con posterioridad a la celebración del matrimonio, para la valoración del inmueble y elaboración del proyecto de división. 3. Del asunto conoció el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, quien por auto de diez de diciembre de dos mil quince (foja 8) ordenó formar el expediente 1599/2015 y previo desahogo de prevención (para que la actora exhibiera copias certificadas del expediente 1289/2014 del Juzgado Primero de lo Familiar), admitió a trámite el juicio el ocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 87) y ordenó emplazar a juicio a Nestor Vera Franco, para que dentro del término de nueve días contestara la demanda. 4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis (foja 100), el juez de origen tuvo a Nestor Vera Franco, contestando la demanda y oponiendo reconvención a la actora, de quien demandó, entre otras prestaciones, la división en partes iguales de los bienes adquiridos en la sociedad conyugal. 5. En diverso auto de seis de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a la actora en lo principal, contestando la demanda de reconvención (foja 105), en el mismo proveído se convocó a las partes para que ante la presencia judicial determinaran las bases de la partición o designación de un partidor de los bienes que acreditaran que formaban parte de la sociedad conyugal. 6. En audiencia de once de julio de dos mil dieciséis (foja 129), ante la imposibilidad de las partes de llegar a un acuerdo para establecer las bases de la partición o designaran un partidor común del único bien inmueble que se acreditó formaba parte de la sociedad conyugal (la actora propuso la división del 50% del único bien inmueble a favor de sus menores hijas, la parte demandada refirió no estar de acuerdo, propuso la división del 50% a favor de ambas partes); el juzgador designó como perito partidor, a costa de las partes contendientes, por lo que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 137), se concedió al perito valuador designado, un término de diez días para que rindiera su dictamen ante esa autoridad judicial. 7. En acuerdo de veintiséis de septiembre siguiente (foja 149), se tuvo al experto exhibiendo su dictamen pericial en materia de avalúo, en el que determinó que el inmueble motivo de avalúo tenía un valor de $1,488,000.00 (un millón cuatrocientos ochenta y ocho pesos), no admitía cómoda división, sugería que uno de los cónyuges liquidara al otro, o que se sometiera a subasta pública y el producto de la venta se repartiera en partes iguales. Así mismo, se determinó que el proyecto exhibido quedaba en la secretaría de ese juzgado, a disposición de las partes, por un término de seis días comunes para que las partes formularan las objeciones dentro del mismo término y si a sus intereses conviniera; proveído que ordenó notificar a las partes, de manera personal. 8. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 150), Selene Peña Ávila manifestó su conformidad con el proyecto de partición y aceptó cubrir al demandado el cincuenta por ciento del valor del inmueble valuado a efecto de liquidar la sociedad conyugal; mientras que el demandado Nestor Vera Franco, en escrito presentado el diecinueve de octubre de ese año (foja 152) igualmente propuso cubrir a la actora el cincuenta por ciento, a efecto de conservar la propiedad del bien inmueble valuado. 9. El dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 156 a 161), el juez civil dictó sentencia en la que resolvió: Que el inmueble ubicado en la Calle de Hidalgo número 24-A, en el Municipio de Zempoala, Hidalgo, era el único que pertenecía a la sociedad conyugal. Que la actora en lo principal y demandada en reconvención, en escrito de seis de octubre de dos mil dieciséis, manifestó su conformidad con el proyecto que presentó el perito valuador e hizo valer su derecho del tanto para adquirir el bien y ofreció a su contraparte el pago de la cantidad correspondiente y, que el demandado principal, mediante escrito de diecinueve de octubre de ese año, manifestó su deseo de cubrir el 50% que correspondía a su contraria, haciendo también uso del derecho del tanto para adquirir el bien inmueble. Al respecto, el juzgador determinó que en atención a la prelación de las propuestas realizadas, advertía que la actora en lo principal y demandada en reconvención, ejerció en forma primaria el derecho del tanto respecto de la liquidación de la sociedad conyugal que regía el vínculo matrimonial, por lo que a consideración de esa autoridad debía darse de manera primaria el beneficio del derecho del tanto ejercicio por la actora principal, aunado a que de la instrumental de actuaciones advertía que el demandado principal ejercicio el derecho del tanto de manera extemporánea. En consecuencia, concedió a la actora principal, un término fatal de cinco días para que exhibiera el importe del cincuenta por ciento del valor del avalúo del predio respectivo y en el mismo término señalara el notario bajo el cual se protocolizaría la adjudicación del bien inmueble que constituía el haber social de la sociedad conyugal que se liquidaba. 10. Inconforme con la sentencia, Nestor Vera Franco, interpuso recurso de apelación del conocimiento de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia que modificó el fallo apelado para que en términos del artículo 1046 del Código Civil del Estado de Hidalgo, el juez señalara hora y fecha para la diligencia en la que ambas partes hicieran valer su derecho del tanto respecto del bien inmueble y, ante la igualdad de intereses, se pusieran de acuerdo en quién de los dos se quedaría con la parte del otro previo pago de su valor, para el caso contrario, se designaría conforme a la suerte que en ese momento se estimara conveniente. En consideración a lo anterior, se estima que el auto que se reclama, no le ocasiona perjuicio al quejoso, por no ser la última determinación con la que concluye el procedimiento respectivo, que se entiende como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado y, al no ubicarse los actos reclamados relativos al procedimiento de ejecución de sentencia, en alguno de los supuestos mencionados; esto es, no se trata de la última resolución que se dictará en el procedimiento de ejecución respectivo, entonces es evidente que se actualiza perfectamente la causal de improcedencia prevista por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En se sentido, por la última resolución dictada en el procedimiento, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien se ordene el archivo definitivo del expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, novena época, Tomo: XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto citan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Como ha quedado apuntado, a criterio de este Juzgador Federal, resulta improcedente el presente juicio de derechos en contra del acto reclamado por la parte quejosa, puesto que como se ha analizado, éste deriva del cumplimiento de la sentencia emitida en juicio civil 1599/2018, del índice del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, el cual, como se señaló, se encuentra en periodo de ejecución de sentencia y que busca impedir la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural. De modo que, si el juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se encuentra en ejecución de sentencia, no pueden combatirse los vicios que reclama la parte quejosa a través del juicio constitucional, en virtud de que de las actuaciones que impugna no aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia dictada en la causa antes citada, de la cual deriva el acto del que se duele el peticionario de garantías, ni tampoco se ordena el archivo del expediente. Apoya lo anterior, la tesis 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Novena Época, Tomo: VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro citan: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento.". En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción IV, aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. TERCERO INTERESADO Se tiene por emplazado a Néstor Vera Franco, a quien se le otorgó el carácter de tercero interesado, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida de los Cisnes Norte, lote 34, manzana 8, departamento 2, Fraccionamiento Villas de Pachuca, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones el ubicado en Viaducto Rojo Gómez número 202, primer piso, Colonia Cubitos, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo; y como autorizados únicamente para tales efectos a los licenciados Salomón González Austria y Julia Cano Mejía, al no haberse encontrado registro de su cédula profesional en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese y personalmente al quejoso y tercero interesado."
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