Selene Magdalena Reyes Macedo
Expediente 1394/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Selene Magdalena Reyes Macedo
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, causo estado el auto dictado el cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; sin embargo, se reservó ordenar el archivo hasta en tanto se dictara la resolución el recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Consejo de Salubridad General en suplencia por ausencia del Presidente de dicho Consejo, en contra de la resolución interlocutoria dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno; y toda vez que mediante proveído dictado en esta fecha, se tuvo por recibido el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que declaró firme el auto de diecisiete de agoto de dos mil veintidós, por el que desechó el recurso de revisión R.A. 387/2022. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese
- Principal
*** Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de agosto de la presente anualidad, se dio trámite al recurso de inconformidad, promovido por la parte quejosa, en contra del auto de veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, por lo que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, en consecuencia y en acatamiento a lo ordenado en el proveído citado, se remite el original del juicio de amparo 1461/2021-IX; para la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto en autos; asimismo, se anexa por separado el escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. Notifíquese
- Principal
***** Ciudad de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario Adscrito al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 944/2021-IX, en un tomo y una copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el diverso recurso de revisión número R.A. 301/2022, mediante sesión de once de agosto de dos mil veintidós, se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la jefa de Departamento de Control de Nóminas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos de lo expuesto en el considerando segundo del presente fallo. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio por las razones expuestas en la sentencia que se revisa. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por las razones y motivos precisados en la resolución recurrida. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que la sentencia de amparo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional, confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión número R.A. 301/2022, se concede la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: En ese tenor, en una interpretación armónica de lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias relativas a la inconstitucionalidad del artículo 12, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del indicado instituto, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, a ***, en cuanto a su aplicación presente y futura, respecto de los tres últimos párrafos del mismo ordenamiento legal. Concesión que se hace extensiva respecto de los oficios UAPE-01/JEF/4161/2021 de veinte de octubre de dos mil veintiuno, y 120.125.3.3/1512/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, al haberse hecho depender su inconstitucionalidad de lo alegado por la parte quejosa en relación con el artículo 12, tres últimos párrafos del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que como ya quedó determinado, contraviene el derecho fundamental de seguridad social y el principio de la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional. [.] En el entendido, dentro del término de diez días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, el Encargado de la Unidad de Crédito N°1 de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas No1 de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Norte, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá realizar lo siguiente: a) Dejar de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 12, tres últimos párrafos del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio, por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Emitir un nuevo oficio en el que determine las cantidades a pagar por pensión por jubilación, de octubre de dos mil doce, a enero dos mil diecinueve, por aplicación de la norma declarada inconstitucional, y ordenar y acreditar el pago total de las cantidades que correspondan al quejoso, que en su momento le fueron descontadas por concepto de incompatibilidad. En otro orden de ideas, debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza al Presidente de la República, autoridad responsable que concurrió en el proceso legislativo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no implica por parte de ésta la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, de rubro LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Encargado de la Unidad de Crédito N°1 de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas No1 de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Norte, y al Jefe de Departamento de Control de Nóminas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE al Delegado Regional en la Zona Norte de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su calidad de superior jerárquico de la directamente responsable Encargado de la Unidad de Crédito N°1 de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas No1 de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Norte del referido Instituto, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dieron la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
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