Selene Flores Bañuelos

Expediente 694/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
694/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • Selene Flores Bañuelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformara contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV , del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último , del citado Acuerdo General, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero .

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el seis de octubre del año en curso, en el presente juicio de amparo indirecto número 694/2017-V, promovido por Selene Flores Bañuelos, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "DECISIÓN. En tal virtud, dado lo fundado de los conceptos de violación analizados bajo la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Selene Flores Bañuelos, para el efecto de que una vez que se notifique que ha causado ejecutoria la presente sentencia, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el tres de julio de dos mil diecisiete en la causa penal 157/2016 de su índice; Destaque las imprecisiones en que incurrió el Ministerio Público en el pliego consignatorio, mismas que se señalan en el cuerpo de la presente sentencia -con independencia que advierta alguna diversa-, y concluya expresamente que dicha consignación carece de materia para estar en condiciones de decretar la formal prisión o sujeción a proceso, ya que las omisiones del representante social constituyen un impedimento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad; y Decrete la no sujeción a proceso de la inculpada y ordene su libertad ante la falta de elementos para aperturar la instrucción del proceso penal; Por tanto, ante tal supuesto, la Juez de la causa deberá considerar que la consignación realizada por el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal es deficiente y la devolverá para que la subsane, esto es, el agente del ministerio público, en su pliego consignatorio deberá establecer, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del ilícito que se le reprocha, sin perjuicio de que posteriormente pueda ejercer nuevamente la acción penal, una vez subsanadas tales deficiencias. Los efectos precisados encuentran sustento, en la jurisprudencia 66/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 87, del Libro 13, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON PRECISADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación considera que, a partir de la interacción de los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, que configuran el derecho humano a un debido proceso, siempre que el Ministerio Público no especifique en el escrito de consignación los hechos y la conducta que se atribuyen al inculpado, la autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar dichos elementos a través de la revisión oficiosa de la averiguación previa, para el efecto de resolver la situación jurídica del inculpado mediante el auto de plazo constitucional. Por tanto, cuando se actualice esta deficiencia, el juzgador deberá limitarse a analizar las circunstancias precisadas en el pliego de consignación; destacar que la omisión en que incurrió el acusador constituye un impedimento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad, que son presupuestos jurídicos para el dictado de la formal prisión o sujeción a proceso del inculpado, y resolver que no procede decretar la sujeción a proceso de aquél; además, de ser el caso, ordenar su libertad, ante la falta de elementos para aperturar la instrucción del proceso penal. Sin que ello impida que con posterioridad el órgano acusador pueda insistir en el ejercicio de la acción penal. La definición del anterior parámetro de actuación deriva de la interpretación sistemática de los artículos 19, párrafo primero, 20, apartado A, fracción III, y 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, en relación con los numerales 306, párrafo primero, 310, párrafo primero, fracción I, 320, 322, 327 y 328 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche." Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, toda vez que no se reclamó por vicios propios, sino que se hizo depender de la constitucionalidad del auto de formal prisión impugnado". Dicha sentencia causó ejecutoria el siete de noviembre del año en curso, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo (fojas 387 y 388). Mediante acuerdos de catorce y dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 414 y 421), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en acuerdos de catorce y dieciséis de noviembre del año en curso, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante oficio 2643/2017 de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 394) remitió copia certificada de la resolución de nueve de noviembre del año en curso dictada dentro del proceso penal 157/2016, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de formal prisión de tres de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal 157/2016 en contra de la ahora quejosa, Selene Flores Bañuelos (foja 396 a 412). Destacó las imprecisiones que presenta el pliego consignatario del Agente del Ministerio Público, señalando al efecto que éste no señaló los elementos materiales que a su consideración se encontraban demostrados, ni las circunstancias concretas de la comisión del delito, esto es, omitió especificar los hechos y la conducta que se atribuían a la indiciada; concretándose a desglosar los elementos integrantes del cuerpo del delito y a señalar con que pruebas los consideraba acreditados, pero sin valorar dichos medios de convicción, proceder que replicó por lo que hace a la probable responsabilidad de la inculpada. La Juez responsable concluyó que la consignación del Ministerio Público no reúne los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, por lo que esta impedida, para de manera oficiosa, integrar el contenido de la consignación, determinando así que la consignación de mérito carece de materia al no existir la expresión de un hecho especifico, real susceptible de ser analizado por el Juzgador y como consecuencia de ello decretó la no sujeción a proceso de la inculpada y ordenó su libertad ante la falta de elementos para apertura la instrucción del proceso penal; y Ordenó hacer la devolución de la averiguación previa al Fiscal Investigador, para que en su caso subsane las deficiencias destacadas y en el momento procesal oportuno este en aptitud de ejercer nuevamente el ejercicio de la acción penal. De igual forma, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 16151, la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió copia certificada de la boleta de libertad de la hoy quejosa con número de folio 155 y del oficio 1568 de veintisiete de junio de dos mil diecisiete. A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que las autoridades responsables acreditaron el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  3. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del uno de diciembre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el seis de octubre del año en curso, en el presente juicio de amparo indirecto número 694/2017-V, promovido por Selene Flores Bañuelos, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "DECISIÓN. En tal virtud, dado lo fundado de los conceptos de violación analizados bajo la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Selene Flores Bañuelos, para el efecto de que una vez que se notifique que ha causado ejecutoria la presente sentencia, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el tres de julio de dos mil diecisiete en la causa penal 157/2016 de su índice; Destaque las imprecisiones en que incurrió el Ministerio Público en el pliego consignatorio, mismas que se señalan en el cuerpo de la presente sentencia -con independencia que advierta alguna diversa-, y concluya expresamente que dicha consignación carece de materia para estar en condiciones de decretar la formal prisión o sujeción a proceso, ya que las omisiones del representante social constituyen un impedimento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad; y Decrete la no sujeción a proceso de la inculpada y ordene su libertad ante la falta de elementos para aperturar la instrucción del proceso penal; Por tanto, ante tal supuesto, la Juez de la causa deberá considerar que la consignación realizada por el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal es deficiente y la devolverá para que la subsane, esto es, el agente del ministerio público, en su pliego consignatorio deberá establecer, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del ilícito que se le reprocha, sin perjuicio de que posteriormente pueda ejercer nuevamente la acción penal, una vez subsanadas tales deficiencias. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, toda vez que no se reclamó por vicios propios, sino que se hizo depender de la constitucionalidad del auto de formal prisión impugnado". Dicha sentencia causó ejecutoria el siete de noviembre del año en curso, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo (fojas 387 y 388). Mediante acuerdos de catorce y dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 414 y 421), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en acuerdos de catorce y dieciséis de noviembre del año en curso, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante oficio 2643/2017 de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 394) remitió copia certificada de la resolución de nueve de noviembre del año en curso dictada dentro del proceso penal 157/2016, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: Mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de formal prisión de tres de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal 157/2016 en contra de la ahora quejosa, Selene Flores Bañuelos (foja 396 a 412). Destacó las imprecisiones que presenta el pliego consignatario del Agente del Ministerio Público, señalando al efecto que éste no señaló los elementos materiales que a su consideración se encontraban demostrados, ni las circunstancias concretas de la comisión del delito, esto es, omitió especificar los hechos y la conducta que se atribuían a la indiciada; concretándose a desglosar los elementos integrantes del cuerpo del delito y a señalar con que pruebas los consideraba acreditados, pero sin valorar dichos medios de convicción, proceder que replicó por lo que hace a la probable responsabilidad de la inculpada. La Juez responsable concluyó que la consignación del Ministerio Público no reúne los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, por lo que esta impedida, para de manera oficiosa, integrar el contenido de la consignación, determinando así que la consignación de mérito carece de materia al no existir la expresión de un hecho especifico, real susceptible de ser analizado por el Juzgador y como consecuencia de ello decretó la no sujeción a proceso de la inculpada y ordenó su libertad ante la falta de elementos para apertura la instrucción del proceso penal; y Ordenó hacer la devolución de la averiguación previa al Fiscal Investigador, para que en su caso subsane las deficiencias destacadas y en el momento procesal oportuno este en aptitud de ejercer nuevamente el ejercicio de la acción penal. De igual forma, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 16151, la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió copia certificada de la boleta de libertad de la hoy quejosa con número de folio 155 y del oficio 1568 de veintisiete de junio de dos mil diecisiete. A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que las autoridades responsables acreditaron el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  4. Principal

    Agréguense únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo que acompaña signado por el Comisionado Estatal de Seguridad de Tlaxcala; mediante el cual informa que requirió a la Encargada de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, Región Apizaco de la Comisión Estatal de Seguridad el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.

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