Selene Arias Ocaña

Expediente 95/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
95/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Selene Arias Ocaña

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudiera recurrir en queja el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello "destruible" en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida en línea por *****, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 95/2022-III-A. DESECHAMIENTO En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, toda vez que el estudio de la causa de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, en el caso, esto es la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. (.). Conviene precisar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 6° de la Ley de Amparo se prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, dado que la demanda que dio origen a este juicio no fue firmada con la firma electrónica de la parte quejosa, pues así se advierte de su contenido; entonces, se deduce que la demanda de amparo no fue promovida por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad, por lo que no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste a lo anterior que se haya promovido de manera electrónica, pues el escrito en la vía electrónica debe autentificarse con el uso de la firma electrónica (FIREL), por lo que al no haberla utilizado, no se tiene la certeza si la demanda fue intentada por la persona señalada en el proemio de la demanda. En el entendido que la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Dicho concepto jurídico se definió en los acuerdos generales referidos, como "... el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa ...". (.). Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, no puede sustituir el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que es rector del juicio de amparo, el cual debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que alguien ajeno al agraviado o a su representante legal, como lo podría ser un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueda presentar la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su propia firma electrónica (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea la parte quejosa por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo, ello sin perjuicio de que en el escrito de demanda en términos del artículo 12 de la ley, la parte quejosa pueda autorizar a la o las personas que estime convenientes para que puedan acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por el mismo medio, siempre que el autorizado cuente con firma electrónica vigente para poder ingresar al expediente de que se trate. En ese contexto, si la demanda de amparo presentada electrónicamente no está firmada con la "FIREL" de la quejosa *****, sino con la "FIREL" de *****, quien ostenta el carácter de autorizado de la solicitante de amparo, según se advierte de la demanda, se llega a la conclusión de que no se configura la voluntad de quien aparece como signante de la demanda de amparo. Por lo que, ante la falta de firma electrónica (FIREL) en el escrito que se provee, no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.). En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° de la misma legislación. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior, toda vez que si bien la quejosa señala como actos reclamados, la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral *****, del índice de la Junta Especial Número Dos de Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, lo cierto es que los mismos no encuadran en lo previsto por el artículo 22 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a dado que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos a *****, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que su cedula profesional no se encuentra inscrita en dicho sistema, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. En el entendido que de solicitar que las notificaciones se practiquen vía electrónica, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, con la exigencia que deberá proporcionar el nombre de usuario a que se refiere el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues sin este requisito no es factible conceder la autorización que requiere. (.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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