Selene Acevedo Galguera
Expediente 80/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Selene Acevedo Galguera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 8-11), dentro del plazo de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Selene Acevedo Galguera, queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Selene Acevedo Galguera, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 80/2019, que le corresponde. Ahora, antes de acordar lo relativo a su admisión, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, tenemos que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, y 217, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen:. De los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; al respecto, el propio precepto legal señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Atinente al tema, existe la Jurisprudencia 1a./J. 8/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecisiete de abril de dos mil quince, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro IUS 2008883, cuyos rubro y texto es del tenor siguiente:. Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 7/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 17 de abril de 2015 09:30 h, Décima Época, registro ius 2008884, con el siguiente rubro y texto:. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, estableció que dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no es posible reclamar, de forma autónoma, una violación al derecho de petición. Que el derecho como género previsto en el artículo 8º constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, los artículos 14 y 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. El derecho al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite al particular obtener una completa y mejor respuesta a sus pretensiones dentro de un procedimiento jurisdiccional y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Asimismo, los derechos consagrados en los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad. Por tanto, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento. En el caso, conforme a los artículos 697, fracción IV, y 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca , que establecen que el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia y que dicho recurso que se haga valer contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien se dirige el recurso, acompañándole copia; de ahí que se advierte que corresponde a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, instruir al juez responsable para que dé cumplimiento a su deber constitucional de impartir justicia pronta, expedita y completa. En ese sentido, ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne la violación al derecho de petición de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Sin que pase inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud que dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Bajo esas consideraciones, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de la documental que se anexa a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, la omisión de acordar el escrito de diez de diciembre de dos mil dieciocho, el cual se advierte fue presentado en esa misma fecha ante la oficialía de partes de dicho juzgado, donde la quejosa solicitó se señalara fecha y hora para llevar a cabo el emplazamiento de los demandados, en el expediente civil 144/2014. Por lo cual, atendiendo a lo reclamado por la quejosa y lo expuesto en los párrafos precedentes, se establece la improcedencia del presente juicio. Es así, que al ser el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación al artículo 8º Constitucional, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, pues debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Cabe mencionar que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como la parte quejosa señala los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado, por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Long Guzmán, toda vez que acredita contar con cédula profesional para ejercer la profesión de abogado, como se advierte de la certificación de cuenta, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Silvia Santiago Chávez, Israel Salvador Ortiz e Iván Córdova Ramos, porque en esos términos lo autorizan. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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