Segundo Valenzuela Gaeta
Expediente 957/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Segundo Valenzuela Gaeta
- Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedieron las medidas de suspensión solicitadas.1 Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses.2 Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se haya recibido en este juzgado el acuse de recibo del oficio 6368/2021, dirigido a la autoridad responsable por medio del cual se le hizo de conocimiento el proveído dictado en el presente juicio de amparo, ya que al ser una autoridad jurisdiccional no se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión, pues ello únicamente afectaría al quejoso, quien como ya quedó asentado, no interpuso tal recurso. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, máxime que este juicio no representa relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agrega escrito. Glósese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe el representante de la parte quejosa, por medio del cual informa a este órgano jurisdiccional que mediante resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, dentro del toca penal 50/2020, iniciado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de dicho auto de vinculación. Causa de improcedencia actualizada. En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se observa que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En principio, cabe precisar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En esencia, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del actuar de la autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una determinación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo u omisivo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El citado precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo, por cesación de efectos, y a este respecto es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. El segundo caso (sustitución procesal), se actualiza cuando los efectos del acto cesan, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, -por ejemplo- cuando contra éste, se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que, en su caso, podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el referido medio de control constitucional no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del primer acto señalado, debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia. Ahora, en el caso concreto el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal 174/2020; sin embargo, por escrito agregado en esta data la parte quejosa hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, dentro del toca penal 50/2020, iniciado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación mencionado. Sin necesidad de solicitar al tribunal aludido las constancias que integran la resolución del toca penal 50/2020, toda vez que dicha sentencia puede ser consultada desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo cual constituye un hecho notorio para quien resuelve, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que se evidencia el fallo de apelación mencionado que resolvió en lo que interesa lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el auto de vinculación a proceso, dictado en continuación de audiencia inicial de 17 de noviembre de 2020, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, en la causa penal 174/2020 respecto al imputado Segundo Valenzuela Gaeta. (.)" Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, registro digital 2017123, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Documental a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su arábigo 2°. En ese contexto, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en mención, pues al haberse dictado el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, éste sustituye procesalmente los efectos generados en el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte reclamado. Esto implica que en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del presente juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, lo que conduce a sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia que contempla la porción normativa invocada. Cobra aplicación, por analogía, la tesis I.3o.C.769 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO." De igual manera, cobra aplicación la diversa tesis I.2o.P.4 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito, del rubro: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Razón actuarial. Por otra parte, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, la razón asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible entregar el oficio 2437/2020, dirigido a la autoridad tercero interesada denominada agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por los motivos que expone; sin necesidad de mayor proveído al respecto toda vez que con esta fecha se decretó el sobreseimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Incorporación de razón actuarial. De la razón actuarial de cuenta se desprende que no fue posible hacer entrega del oficio 2437/2020, dirigido al Agente del Ministerio Público, Adscrito al Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, toda vez que no se encuentra dirigido de manera correcta. Por ello, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste la denominación correcta, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá como inexistente la aludida autoridad y se suspenderá toda comunicación con ésta. Diferimiento de audiencia constitucional. En ese sentido, se difiere la aludida audiencia y se fijan las nueve horas con cincuenta y siete minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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