Segundo Silvano Ramírez Coello
Expediente 1040/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2017
Partes del expediente
- Segundo Silvano Ramírez Coello
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso de ********** parte quejosa en este asunto, por el que solicita la devolución de diversos documentos, y en atención a lo que solicita, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, hágase la devolución de los documentos que refiere, mismos que anexo al escrito inicial de demanda. Asimismo, hágase de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Marta Josefina Román Barrios, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
En esta fecha notifico a la parte quejosa, por medio de lista de estrados, el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa, que dice: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la *****" y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1040/2017-X. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgador, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. En efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que respecto del acto reclamado por el quejoso se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia; pues tal acto reclamado lo constituye: "IV.- ACTO RECLAMADO: A) La cancelación de la convocatoria de publicación 12 de septiembre del año 2017, emitida por la comisión electoral de **** asociación civil, con domicilio conocido en la colonia independencia del municipio de la concordia Chiapas; de acuerdo a los antecedente y violaciones que manifestare.- B) El cumplimiento de la resolución emitida de fecha 27 de Junio del año 2016 por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca número ***** del Expediente Número ***** del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas". Desprendiéndose de la anterior transcripción, así como del contenido íntegro de la demanda, que el acto reclamado por los quejosos lo constituye, la omisión de la Comisión Electoral de *****, de dar cumplimiento a la resolución dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, y la cancelación de la convocatoria de publicación doce de septiembre del año dos mil diecisiete, emitida por la citada comisión. En la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, administrativo, agrario o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la nueva legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Establecido el concepto y características de lo que la ley y la jurisprudencia han determinado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que el quejoso señala como autoridad responsable a la *****, al Director General de la Comisión Nacional del Agua Frontera Sur Juan Gabriel Limón Lara, y el encargado de la Jefatura de Distritos de Riego, de CONAGUA (Alejandro Torres Robles) parte demandada en el Juicio Ordinario Civil de Convocatoria bajo el número de expediente ***** del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Villaflores, con residencia en la ciudad del mimo nombre, misma que no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, ya que el acto reclamado a la citada autoridad lo constituye la omisión de acatar la resolución emitida de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil ***** derivado del expediente número ***** del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Villaflores; de ahí que en la especie se afirme que no existe vinculación entre los actos propios del acatamiento atribuido a la autoridad responsable. Esto es así, por que en el procedimiento de ejecución, las aquí autoridades responsables son demandadas en el juicio natural y mantienen una relación de coordinación con el aquí actor, esto es un plano de igualdad y biteralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues en ese caso los ahí demandados se encuentran en calidad de parte con el quejoso -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de estos puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa de la sentencia en favor del impetrante, lo que evidencia que, en tal procedimiento las supuestas autoridades señaladas como responsables no actúan con el carácter de autoridad, por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó una sentencia definitiva que se debe cumplir, obligatoriamente a través de la vía ordinaria y forzosa instruida en la ley aplicable para ese fin. En efecto el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas establece: "DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ART. 480. Procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las partes o por 107 terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea. ART. 481. La ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar otorgada ya la fianza correspondiente, se hará por el juez que hubiere conocido del negocio en primera instancia. La ejecución de los autos firmes que resuelven un incidente, queda a cargo del juez que conozca del principal. la ejecución de los convenios celebrados en juicio, se hará por el juez que conozca del negocio en que tuvieron lugar, pero no procede en la vía de apremio si no consta en escritura publica o judicialmente en autos. ( ART. 482. Cuando las transacciones o los convenios se celebraren en segunda instancia, serán ejecutados por el juez que conoció en la primera, a cuyo efecto el tribunal devolverá los autos al inferior, acompañándole testimonio del convenio. ART. 483. El tribunal que haya dictado en segunda instancia sentencia ejecutoria, dentro de los tres días siguientes a la notificación devolverá los autos al inferior, acompañándole la ejecutoria y constancia de las notificaciones. En virtud de esos preceptos se establece la función trascendental, herramientas vinculatoria y una amplia gama de instrumentos legales que el Juzgado de origen tiene para hacer cumplir las sentencias, pues para tal propósito dicho órgano esta constreñido a dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, en caso de incumplimiento ordenará las medidas de apremio que procedan para su ejecución. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos anteriormente citados, el Juzgado Civil de origen, está legalmente facultado para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento de sus resoluciones, por lo que dicho acto resulta improcedente por que la *****, Director General de la Comisión Nacional del Agua Frontera Sur Juan Gabriel Limón Lara, y el encargado de la Jefatura de Distritos de Riego, de CONAGUA (Alejandro Torres Robles) señaladas como responsables, no actúa con el carácter de autoridad, sino que actúa frente a la quejosa bajo una relación jurídica de coordinación con la actora, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, en donde como se ha señalado es la propia ley, la que establece la gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de las sentencias, por lo que dicho acto negativo escapa de la procedencia del juicio, ya que la petición cuya negativa se reclama no fue elevada a los funcionarios en su calidad de autoridad, sino en una relación regulada por el derecho privado en el que las referidas actúan como particulares y respecto de los cuales se encuentran expeditos su derecho ante el tribunal para que a través de los instrumentos legales se logre dicho cumplimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE promovida por *****, contra actos de la *****. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas los estrados de esta potestad federal; y, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****; y en términos restringidos del citado numeral a *****, porque su cedula no se encuentra en el registro de consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE
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