Segundo Misael Vallo Cajas
Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Segundo Misael Vallo Cajas
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que recurriera el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de sui numeral 2, se declara que dicha determinación ha causado estado, para todos los efectos legales. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 Asimismo, se dejan sin efecto las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los oficios que suscriben el Jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante, en representación de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y el Subdirector de área, responsable de la Estación Migratoria de esa dependencia, ambos residentes en esta ciudad, a través de los cuales rinden informe de suspensión de plano con relación a los actos reclamados en esta vía. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para los efectos legales procedentes. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a las potestades ocursantes ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allegan junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Finalmente, se tiene a la responsables de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que citan en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a este expediente la constancia de notificación realizada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, de la cual se advierte que los directos quejosos Segundo Misael Vallo Cajas y Joselin Carina Morales Chihuato no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentado el citado libelo, para los efectos legales procedentes. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos administrativos a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Hernández Cárcamo, a favor de Segundo Misael Vallo Cajas y Joselin Carina Morales Chihuato, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 439/2023. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, a fin de proveer respecto a la suspensión de plano, se aduce que la parte quejosa reclama a las autoridades ordenadoras, lo siguiente: ? La Inminente deportación, expulsión, repatriación, detención, retención e incomunicación de los quejosos. ? Aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 ? Privación de su libertad personal y/o aseguramiento ante el Instituto Nacional de Migración. ? Temor fundado de ser deportados. ? Restricción al derecho a la libertad de tránsito. ? La aplicación, aprobación, emisión y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de mantener a los quejosos detenidos, asegurados o alojados por más de treinta y seis horas, así como impedir la ejecución de cualquier orden para que la parte quejosa sea deportada, expulsada, retornada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, o bien, mantenerla incomunicada, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. De igual forma, como de la demanda de amparo se desprende que la parte directa agraviada se encuentra alojada dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria siglo XXI, con sede en esta ciudad, por lo que, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos a una protección especial. Ahora, si bien en la Ley General de Migración se establece, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determine su situación migratoria en territorio nacional. Sin embargo, éste órgano jurisdiccional no pasa inadvertido que en el Amparo en Revisión 388/2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el plazo máximo constitucionalmente valido para la detención y alojamiento en estaciones migratorias es de treinta y seis horas, luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. Por otra parte, resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De la interpretación correlacionada del articulado transcrito y el contenido de la Ley General de Migración, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, y como en la especie, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la deportación, retorno asistido o repatriación asistida de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los quejosos no sean detenidos ni alojados en ninguna instalación migratoria por más de treinta y seis horas, y sean puestos en libertad con posterioridad a dicho plazo. En ese sentido, conforme el artículo 150 de la ley de la materia, la suspensión decretada no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 5 establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Por lo tanto, las autoridades responsables dictaran las medidas previstas legalmente en Ley de Migración y su Reglamento (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2022, respecto del juicio de amparo 349/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, relativo al tema. Apoya lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 183/2022, el cual se invoca como hecho notorio pues dicha ejecutoria se encuentra en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Así como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017123, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 6 La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente.
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