Segundo Luis Quinche Cuji

Expediente 1227/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1227/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Segundo Luis Quinche Cuji

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, de dicha certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por *****; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DEPURACIÓN, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, de dicha certificación secretarial se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, ARCHÍVENSE los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6 VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1227/2022-6, promovido por ***********, contra los actos que reclama del Encargada de la Delegación Regional en Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 11, 13, 14, 15 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el uno de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Vicente Romero Sánchez, en favor de Segundo Luis Quinche Cuji, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La privación de la libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Villahermosa, Tabasco. 2 La violación a su derecho a la libertad personal en el desahogo de los procedimientos administrativos migratorios. 3 La emisión y ejecución del acta de rechazo, así como el procedimiento relativo. 4 La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 5 La omisión de recepción de la solicitud verbal de reconocimiento de refugiado. 6 La incomunicación en la Estación Migratoria. 7 La omisión de proporcionar información completa, clara y oportuna sobre el derecho a solicitar asilo. 8 La emisión de las actas de rechazo. 9 La omisión de autorizar la internación al país ante su necesidad de protección internacional. 10 La omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 11 La autorización del acuerdo de presentación. 12 El acuerdo de apertura del procedimiento administrativo migratorio. 13 La emisión de la alerta migratoria restrictiva. 14 La aprobación y emisión de los artículos 3, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV, en concordancia con el diverso 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Migración. 15 La aprobación y emisión de los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. 2 Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. 3 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. 4 Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. 5 Titular del Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. 6 Subdirector del Centro Nacional de Alertas, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. 7 Director de Información Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. 8 Director General de Control y Verificación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. 9 Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 10 Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN. En proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 1227/2022-6, en la cual se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados por el impetrante, consistentes en la posible orden de detención, retención y privación de la libertad; asimismo, se comisiono a la actuaria de la adscripción para que requiriera al quejoso, a fin de que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo presentada a su favor, quien SI RATIFICÓ la demanda de amparo. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, en auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la citada demanda de amparo, se solicitaron informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: De las autoridades identificadas con los arábigos del 1 al 8: La privación de la libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Villahermosa, Tabasco; La violación a su derecho a la libertad personal en el desahogo de los procedimientos administrativos migratorios; La emisión y ejecución del acta de rechazo, así como el procedimiento relativo; La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; La omisión de recepción de la solicitud verbal de reconocimiento de refugiado; La incomunicación; La omisión de proporcionar información completa, clara y oportuna sobre el derecho a solicitar asilo; La autorización de la emisión de las actas de rechazo; La omisión de autorizar la internación al país ante su necesidad de protección internacional; La omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); La autorización del acuerdo de presentación; El acuerdo de apertura del procedimiento administrativo migratorio; y, La emisión de la alerta migratoria restrictiva. De la autoridad identificada con el arábigo 9: La aprobación y emisión de los artículos 3, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV, en concordancia con el diverso 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Migración. De las autoridades identificadas con los arábigos 10 y 11: La aprobación y emisión de los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE CON LOS INCISOS C, F, G, H. No son ciertos los actos reclamados al: Titular del Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; Subdirector del Centro Nacional de Alertas, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; Director de Información Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; y, Director General de Control y Verificación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Ello, por haberlo negado en el informe justificado, sin que de autos se advierta constancia alguna que demuestre lo contrario. De igual forma, no es cierto el acto reclamado concerniente a la incomunicación del quejoso, respecto del: Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco; Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco; y, Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Lo anterior, porque de las copias certificadas que remitió la Representante Local, Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, del expediente administrativo migratorio del quejoso Segundo Luis Quinche Cuji, se advierte la constancia de llamada telefónica de dos de agosto de dos mil veintidós. Lo que se corrobora con la razón actuarial de uno de agosto de dos mil veintidós, en la que la fedataria de este juzgado, asentó que, al constituirse a la Estación Migratoria ubicada en esta ciudad, fue atendida por personal de dicha dependencia, permitiéndole ingresar y entrevistar al aquí quejoso, estableciendo que no tenía lesiones visibles en su cuerpo, quien le manifestó que lo habían tratado bien. Medio de prueba que en términos del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al ordinal 2 de la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio, al haber sido realizado por una persona con fe pública, en ejercicio de sus funciones. Al respecto, sirve de apoyo la tesis formulada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 181-186, Sexta Parte, página 16, con número de registro 249049, del siguiente rubro y texto: ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". De lo que se dio vista oportuna al quejoso, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, omitiendo manifestarse al respecto. Sin que de la demanda de amparo se pueda obtener dato alguno que permita advertir la existencia del acto referido, concretándose el quejoso a señalar en el apartado correspondiente, sin describir o narrar los hechos para su corroboración. Lo cual, esta juzgadora estima era indispensable, a fin de tener una base razonable para considerar que el impetrante fue o es objeto de dicho acto por parte de las autoridades responsables. Sin que de la referida diligencia se desprenda que el quejoso haya reiterado que se encontraba incomunicado o aislado. También obra la constancia de veinte de julio de dos mil veintidós, que contiene la firma del impetrante, en la que se advierte que se le hizo saber información relacionada con sus derechos, sobre la solicitud de reconocimiento de refugiado en México y sobre el derecho de las víctimas alojadas en la estación migratoria. Por lo mismo, deviene inexistente el acto reclamado relativo a la omisión de proporcionar información completa, clara y oportuna sobre el derecho a solicitar asilo. Misma suerte corre el acto reclamado consistente en la omisión de recepción de la solicitud verbal de reconocimiento de refugiado, ya que no existe base razonable para establecer que el impetrante haya formulado dicha petición. De ahí que también sea inexistente el acto reclamado relativo a la omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Tampoco es cierto el acto reclamado relativo a la emisión y ejecución del acta de rechazo, así como el procedimiento relativo, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades de mérito no se advierte su existencia; en cambio, como se establecerá más adelante, obra el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se autorizó su salida de la estación migratoria. Por ende, es inexistente el acto reclamado concerniente a la omisión de autorizar la internación al país ante su necesidad de protección internacional. Asimismo, no es cierto el acto reclamado consistente en la emisión de la alerta migratoria restrictiva, por haberla negado el Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Es aplicable a lo expuesto, la tesis IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noven Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, con número de registro 180736, del siguiente rubro y texto: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". En las relatadas circunstancias, se consideran inexistentes los aludidos actos reclamados; con motivo de ello, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS AL (1) Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco; (2) Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco; (3) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco; y, (4) Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco; concernientes a: La privación de la libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Villahermosa, Tabasco; La violación a su derecho a la libertad personal en el desahogo de los procedimientos administrativos migratorios; La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; La autorización del acuerdo de presentación; y, El acuerdo de apertura del procedimiento administrativo migratorio. Lo anterior, por haberlos reconocido las aludidas autoridades responsables en el informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntaron del expediente administrativo migratorio del quejoso. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Lo mismo acontece con los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, relativos a: La aprobación y emisión de los artículos 3, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV, en concordancia con el diverso 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Migración. La aprobación y emisión de los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración. Ello es así porque, además de haberlo reconocido las aludidas autoridades legislativas, las disposiciones de carácter general no son objeto de prueba, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, del siguiente rubro y texto: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, con número de registro 191452, del siguiente rubro y texto: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos precisados en el considerando que antecede; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Delegación Federal en Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, se obtiene que, en proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se decretó la salida provisional de Segundo Luis Quinche Cuji, aquí quejoso, de la Estación Migratoria en cuestión. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -uno de agosto de dos mil veintidós-, indudablemente existían los actos reclamados de mérito. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que procede hacer extensivo respecto de la aprobación y emisión de los artículos 3, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV, en concordancia con el diverso 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Migración, así como de la aprobación y emisión de los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración. Ello, porque al haberse sobreseído el juicio de amparo respecto de los actos de aplicación reclamados, también resulta improcedente respecto de las normas impugnadas. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, del siguiente rubro y texto: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MWSA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de siete de octubre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Subdirectora de Juicios de Amparo, en suplencia por ausencia del Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del 1) Titular del Centro Nacional de Alertas, 2) Subdirector del Centro Nacional de Alertas, 3) Director de Información Migratoria y del 4) Director General de Control y Verificación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días para que las partes se impongan de su contenido les transcurre del trece al veinticuatro de octubre del presente año; con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, SE DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sustenta lo anterior, el precedente con registro 191995, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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