Segismundo José Hernández Domínguez

Expediente 1617/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1617/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Segismundo José Hernández Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 12015, remitido por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia Mexicali, Baja California y anexo que acompaña, consistente en el testimonio del voto concurrente de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 223/2023-I de su índice; por tanto acúsese de recibo a la Superioridad, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm

  2. Incidental

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL ACUERDO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: " "Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************-antes ********************-, hasta la notificación aquí reclamada (por lo que deberán quedar subsistentes las actuaciones anteriores a ella) y todas sus consecuencias, incluso las diligencias decretadas con motivo de la ejecución del laudo dictado. En el entendido de que la concesión de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente el emplazamiento de los codemandados en el referido juicio laboral, y ordenar su nuevo llamamiento, toda vez que cada uno de ellos se verificaron de manera independiente, sin que fuera materia de análisis en el presente juicio de amparo." Sentencia que fue recurrida por la parte tercera interesada, fallo que fue confirmado en ejecutoria dictada en el amparo en revisión laboral 154/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, motivo por el cual, mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se requirió el cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto y al respecto remitió copia certificada del proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral ********************de su índice, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en dicho asunto únicamente a partir del emplazamiento realizado a ********************; asimismo, señaló las once horas del veintisiete de septiembre del año en curso, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Atento a lo anterior, queda demostrado que la responsable dio cumplimiento a los efectos concesorios de la ejecutoria de amparo, esto es, procedió a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************-antes ********************-, hasta la notificación aquí reclamada. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable, no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto de proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, ya que conjuntamente con el auto en el que se dio vista con el cumplimiento dado por la responsable, se ordenó al Actuario de la adscripción correr traslado con copia de dicho proveído, con lo que se dio cuenta en el presente asunto. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." De lo que es inconcuso que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que la parte quejosa intente el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey*

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple de la demanda de cuenta y como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1617/2023-II-B, que promueve Segismundo José Hernández Domínguez, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, y de otras autoridades. Se señalan las once horas con veinticinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole al efecto copia simple del escrito de demanda, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término otorgado para tal efecto, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedoras a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 en mención. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. En la inteligencia que si remiten la información solicitada a través de dicho medio de comunicación, resulta innecesario que posteriormente lo remitan de manera física. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la orden detención, aprehensión, arraigo domiciliario, arresto o presentación girada en su contra y su ejecución. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que hace consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, y toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo no se advierte la clasificación legal del delito por el que, en su caso se haya dictado dicha orden privativa de libertad, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, en los términos siguientes. Si la orden privativa de libertad se emitió por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Federal y la legislación procesal, la suspensión otorgada sólo producirá el efecto de que el quejoso, una vez que sea detenido quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, interno en el centro de reclusión que determine la autoridad responsable, quedando a disposición de la autoridad judicial para la continuación del procedimiento. Si la orden privativa de libertad se emitió por delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Federal y la legislación procesal aplicable, la suspensión otorgada producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido con motivo de dicha orden, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de la causa penal, para la continuación del procedimiento respectivo. Ahora, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y presentación así como su ejecución, ya que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la quejosa y con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se obstaculiza la facultad investigadora de las autoridades señaladas como responsables ni el procedimiento respectivo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 162 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se le prive de la libertad hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias en investigación de delitos, lo que es de orden público y por tanto insuspendible. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de arraigo y su ejecución, tomando en consideración que tal medida sólo resulta procedente tratándose de la comisión del delito de delincuencia organizada y una vez que la persona se encuentra detenida; por tanto, se concede la suspensión provisional para el efecto que una vez que se ejecute dicha orden judicial, el agraviado quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de las autoridades responsables para la continuación de la investigación correspondiente. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno si se le sorprende en la comisión de flagrante delito, así como en el caso de que la orden de detención sea emitida por el Agente del Ministerio Público, cuando se trate de delito grave calificado por la ley o de prisión preventiva oficiosa, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, en los términos a lo que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional. En el entendido de que de actualizarse el último supuesto (detención por urgencia administrativa), en términos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo, la quejosa deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente o bien en libertad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada. En ese sentido, la medida suspensiva surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe garantía dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, a disposición y satisfacción de este Juzgado, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional), cantidad que se fija discrecionalmente, en términos de los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores datos que sirvan para fijarla, la cual puede ser modificada con base en las constancias que remita la autoridad responsable; la cual servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de tal medida, en caso de que la sentencia que se dicte en el fondo del amparo no le sea favorable a la parte quejosa. En el entendido de que si el solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción II, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en él deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 1617/2023-II, promovido por Segismundo José Hernández Domínguez." En este sentido debe precisarse, que la garantía fijada se determina de manera discrecional, sin considerar algún otro aspecto, relacionado con las características de los hechos imputados, la situación económica de la parte quejosa y la posibilidad que se sustraiga de la acción de la justicia; dado que hasta este momento no obra alguna medio de prueba o indicio que lo justifique; sin embargo, se considera que la determinación del monto de la garantía fijada es vigilar que este Juzgado Federal no permita o posibilite que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia, ni suponga en él un cálculo utilitario que le orille a alejarse del proceso, evadiendo la acción de la justicia. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonia Félix Mendívil y Jesús Antonio Osuna Núñez y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que para ello designa, por así haberlo solicitado; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. De igual forma, se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones, el cual será tomado en consideración para facilitar el proceso de notificación. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Por otra parte, en relación a la petición de copias certificadas, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase una copia certificada de las constancias que refiere, previa razón que por su recibo se asiente en autos, autorizando para recibirla a la persona que menciona. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Segismundo José Hernández Domínguez, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, y de otras autoridades, fundamento en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII y XV de la Constitución federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el control electrónico que corresponda, bajo número 1617/2023-II. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo; en el entendido de que no se formará físicamente el duplicado del incidente en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se señalan las once horas del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar acabo la audiencia constitucional Pídanse informes justificados a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estimen pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el informe que se les solicita y, en general, los oficios que remitan a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. En la inteligencia que si remiten la información solicitada a través de dicho medio de comunicación, resulta innecesario que posteriormente lo remitan de manera física. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado indiquen cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberá hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonia Félix Mendívil y Jesús Antonio Osuna Núñez, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que para tal efecto designa, por así haberlo solicitado; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. De igual forma, se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones, el cual será tomado en consideración para facilitar el proceso de notificación. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM

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