Secundino Pech Be

Expediente 49/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
49/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
03/02/2015

Partes del expediente

  • Secundino Pech Be

Actuaciones

  1. Principal

    con el contenido de los informe sjutificados dése vsiat a las partes; téngase por ofrecidas las pruebas documentales que la junta resposnable adjuntó

  2. Principal

    Se declara que ha causado estado en sus términos dicho auto. se ordena el archivo definitivo de este expediente. se hace constar que la parte quejosa no ejerció el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación final dictada en el presente juicio de garantías.

  3. Principal

    Vista la razon actuaria se ordena notificar por lista dee strados a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil catorce. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por WILBERTH POOL AKE en su carácter de defensor particular de SECUNDINO PECH BE, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama consistente en el auto de formal prisión dictado en su contra, el veinticinco de octubre de dos mil trece, en el expediente 0401/13-2014/219, por el delito de Robo con violencia, en contra del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Francisco Kobén, Campeche y otro autoridad. Es oportuno, aclarar que si bien es cierto que la parte quejosa reclama los autos de formal prisión, atribuyéndoselo a autoridades judiciales, por tanto, proviene de actos cuyos efectos son de imposible reparación, en ese sentido, el acto que reclama la parte quejosa es un acto positivo, que se ubica en la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 107 de la vigente Ley de Amparo; se manda formar el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, correspondiéndole el número 49/2014-II. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de garantías, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. En el curso, se estima por parte de este resolutor que la demanda de que se trata resulta extemporánea, toda vez que no fue interpuesta dentro del término de quince días, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de acuerdo a los siguientes razonamientos: Primeramente, el Artículo Quinto Transitorio, párrafo segundo de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor que no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la anterior ley de la materia, le serán aplicados los plazos de la ley vigente contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado o aquél que hay tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo. De tal manera que, siendo el auto de formal prisión un acto restrictivo de libertad personal, de conformidad con el artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, la demanda de garantías podía presentarse en cualquier tiempo, es decir, el plazo para promover el juicio de amparo contra la formal prisión era ilimitado. Por tanto, a la fecha en que inició la vigencia de la actual Ley de Amparo (tres de abril de dos mil trece), no había vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la anterior Ley de la materia, se reitera, porque no había plazo para ello. Luego, de conformidad con el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en el caso será aplicado el plazo establecido en el artículo 17, que establece quince días para presentar la demanda de amparo, el cual, de conformidad con el numeral 18, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Es preciso señalar que, tratándose del auto de formal prisión, no estamos en presencia de ninguna de las excepciones mencionadas en el artículo 17, en especificó a las que se refiere la fracción IV, ya que esta fracción alude a los actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros. En efecto, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Campeche, el proceso penal se divide en tres etapas, a saber: a) La preinstrucción, que abarca desde la radicación que dicta el Juez, hasta el auto que resuelve la situación jurídica del inculpado; en esta etapa el juez realiza las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, su clasificación conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado; o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar: b) La instrucción, que inicia luego del dictada de la formal prisión o la sujeción a proceso, y concluye con el auto que declara cerrada la instrucción, esto es, antes de que el Ministerio Público concretice la acusación en su escrito de conclusiones; y c) Primera instancia o juicio, que es la etapa en la cual el Ministerio Público precisa su pretensión punitiva a través de sus conclusiones y el procesado su defensa. De lo anterior se puede sostener que el auto de formal prisión es un acto que si bien afecta temporalmente la libertad, se emite dentro de un procedimiento judicial; de ahí que no se actualice la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que la demanda de amparo se pueda presentar en cualquier momento. Hecha la anterior precisión, se procede analizar sobre la procedencia de la demanda de amparo promovida por JOSÉ ADAN CASTILLO DZIB. El artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de garantías será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. El quejoso reclama la resolución de plazo constitucional de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en la que se decretó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en su contra, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de ROBO CON VIOLENCIA, dentro de la causa penal 0401/13-2014/219. Por tanto, el plazo de quince días hábiles para promover la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Campeche, comenzó a correr al día siguiente al que tuvieron conocimiento del acto reclamado; en tanto que del sello de recibido estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad en el escrito original de demanda, claramente se advierte que ésta fue presentada el diecisiete de enero de dos mil catorce. En consecuencia, la demanda resulta extemporánea al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 la Ley de Amparo, sin que estemos en presencia de alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo. Apoya lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 57 del tomo III, de junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y como su autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Adán Castillo Dzib, toda vez que la presente demanda de amparo versa sobre materia penal. Finalmente, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse del conocimiento de las partes que tienen expedito sus derechos para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, que se estime definitiva y haya causado ejecutoria, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida, así como para precisar las constancias que en su caso, consideran reservadas confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento reglamentario en consulta.

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