Secretario del Trabajo Y Previsión Social
Expediente 673/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Secretario del Trabajo Y Previsión Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; por medio del cual devuelve el expediente en que se actúa y remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida por dicho órgano revisor en el recurso de queja QT.- 45/2015, en la que el citado tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Acúsese recibo, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a la parte promovente, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio 2358 firmado por la Secretaria de Acuerdos del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante el acusa recibo del diverso 8907/2015 por el que se rindió informe sobre la materia de la queja interpuesta por el Secretario del Trabajo y Previsión Social y se remitió el escrito de expresión de agravios, así como la contienda constitucional 673/2015, asimismo, el citado órgano colegiado informa que admitió a trámite el medio de impugnación de referencia promovido en contra del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil quince, dictado en el mencionado juicio de amparo, registrándolo con el número QT.- 45/2015...M-7
- Principal
Téngase por recibido el escrito firmado por Javier Cerón Ponce, apoderado del Titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto que tuvo por no presentada y desechó la demanda de amparo; remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno, el original y copia del ocurso de agravios, y ríndase el informe sobre la materia de la queja. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que sea el caso de notificar a las partes la interposición del recurso, en virtud de que el presente juicio de amparo no fue admitido, por lo tanto, no se ha efectuado emplazamiento alguno.M-7
- Principal
México, Distrito Federal, veintinueve de abril de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, y toda vez que Javier Cerón Ponce, promovió demanda de amparo en su carácter de apoderado del Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; sin embargo, no dio total cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de nueve de abril de dos mil quince, toda vez que no exhibió documento con el cual acreditara que tiene el carácter de apoderado de Alfonso Navarrete Prida, ya que tomando en consideración la naturaleza jurídica del acto reclamado consistente en la imposición de una multa por la cantidad de $7,712.20 (siete mil setecientos doce pesos con veinte centavos moneda nacional) equivalente a 120 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el único legitimado para instar el juicio de amparo en su contra, es la persona física, en virtud que es ésta quien resiente en su esfera jurídica la afectación de dicha sanción. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de nueve de abril de dos mil quince, y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO por lo que respecta al acto consistente en la imposición de la multa, que le fue impuesta a Alfonso Navarrete Prida en proveído de siete de noviembre de dos mil catorce por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, subsisten aún los actos reclamados consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza a este juzgado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias se anexaron a la misma, se desprende que lo que efectivamente reclama la parte quejosa, es la constitucionalidad del artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que la Sala responsable fundó en dicho precepto, la multa impuesta en auto de siete de noviembre de dos mil catorce a Alfonso Navarrete Prida. Luego, la norma impugnada, es de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que con su sola entrada en vigor no vincula al gobernado a su cumplimiento; por el contrario, requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Por lo anterior, este juzgador determina que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El dispositivo legal referido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]." En efecto, del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona o personas que resienten un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o en su patrimonio, mismo que debe entenderse como la afectación por la ley o por la actuación de una autoridad hacia un derecho constitucional o convencionalmente tutelado, mismo que otorga al afectado, la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Por ende, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o por quien tenga un interés legítimo individual o colectivo, derivado de la situación especial que guarde frente al orden jurídico, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico o legítimo tratándose de intereses difusos o colectivos, que no es otra cosa sino la afectación al quejoso en la titularidad de un derecho, lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que Javier Cerón Ponce promovió demanda como apoderado del Secretario del Trabajo y Previsión Social. Por lo anterior, es evidente que si en el caso se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo respecto de la multa impuesta por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a la persona física Alfonso Navarrete Prida, toda vez que el promovente no acreditó ser apoderado de la persona legitimada para instar el presente juicio en contra de la referida multa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior es así, pues cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley, un reglamento o norma general, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la norma general del acto que concierne a su aplicación, y en el caso la constitucionalidad del artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, se impugnó con motivo de la multa impuesta en auto de siete de noviembre de dos mil catorce, respecto de la cual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia XVI.2o. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 438, cuyo rubro y texto dicen: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna." Asimismo, debe observarse el criterio que impone la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, que refiere: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio por cuanto al acto mencionado, a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado lo que procede es desechar la demanda de amparo respecto los actos reclamados consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 59 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles por notoriamente improcedente. Notifíquese; y personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma, Saúl Martínez Lira, Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, ante Marlene Sandra Chávez Reyes, secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
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