Secretario de Transportes del Estado de Puebla

Expediente 998/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
998/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2015

Partes del expediente

  • Secretario de Transportes del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE

  2. Principal

    Número de expediente: 138/2015 Acuerdo: S E N T E N C I A en el juicio de amparo indirecto 138/2015 (antes 508/2015). A N T E C E D E N T E S : Primero. Demanda. Por escrito presentado el ocho de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, y remitida por razón de turno al día siguiente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, Antonio Pérez Guzmán, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ACTO RECLAMADO El silencio administrativo que ha tenido la autoridad responsable al no haber radicado ni resuelto en términos constitucionales la queja administrativa que el suscrito plante [sic] ante dicha responsable, con fecha cuatro de marzo del dos mil quince. Segundo. Admisión. Por auto de nueve de abril de dos mil quince, se radicó la demanda bajo el número 508/2015; se admitió a trámite; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se citó para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reasignación de número de expediente. En cumplimiento al oficio CJF/DGEJ/J/3408/2015, de veintinueve de mayo de dos mil quince, signado por la Directora General de Estadística Judicial, que refiere al Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo 508/2015 causó egreso y se registró en el nuevo índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, como amparo indirecto 138/2015, con efectos a partir del uno de junio de dos mil quince, razón por la que se resuelve bajo el nuevo número de expediente. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, este último publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince; lo anterior por tratarse de un amparo promovido contra un acto negativo atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el ámbito territorial en el que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio. Acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa que del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de radicar y tramitar el escrito de reclamación presentado por Antonio Pérez Guzmán ante la Delegación Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros el cuatro de marzo de dos mil quince. TERCERO. Certeza de la omisión. En su informe justificado, la autoridad responsable Subdelegado Estatal adscrito a la Delegación Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, precisó que dicha comisión procedió a atender formalmente la reclamación presentada el cuatro de marzo de dos mil quince, tramitada a través del procedimiento denominado Gestión Electrónica, en términos del artículo 59 bis 1 de la Ley de Protección y Defensa para el Usuario de Servicios Financieros y con sustento en las Reglas de Carácter General para Recibir Promociones y Realizar Notificaciones por Medios Electrónicos en los Procedimientos Competencia de dicha Comisión; procedimiento administrativo mediante el cual fue requerida la información correspondiente a la institución bancaria aquí tercero interesada, el propio cuatro de marzo de dos mil quince. Agregó que en atención al incumplimiento del requerimiento formulado a la institución financiera, la Subdelegación Estatal adscrito a la Delegación Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros determinó continuar con el procedimiento administrativo y procedió a citar a las partes a la audiencia de conciliación prevista en el la ley mencionada. Justificó su dicho con copia certificada del expediente administrativo 2015/210/3113; constancias que adquieren valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De tales documentos, se advierte que efectivamente, ante el escrito de reclamación del quejoso, presentado ante la autoridad responsable el cuatro de marzo de dos mil quince, el mismo día fue requerida la información correspondiente a la institución bancaria aquí tercero interesada, relativa a la solicitud del interesado de que le desbloqueara su cuenta de cheques (foja 44). También se advierte que el siete de abril de dos mil quince, toda vez que la institución financiera no había dado cumplimiento al requerimiento de información, se procedió a citar a las partes a la audiencia de conciliación (foja 46). Sin embargo, la notificación de dicho acuerdo se realizó en el domicilio del quejoso hasta el diez de abril de dos mil quince (foja 49); es decir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el ocho de abril anterior, como se advierte del sello y boleta de turno correspondientes (fojas 2 y 3); de ahí que el quejoso no tuviera conocimiento de tales actuaciones, aunado a que la única constancia de su notificación es la de diez de abril de dos mil quince. Por tanto, a la fecha de presentación de la demanda, se obtiene certeza de la omisión reclamada. CUARTO. Cesación de efectos. Como se precisó en el apartado anterior, en su informe justificado, la autoridad responsable Subdelegado Estatal adscrito a la Delegación Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, precisó que dicha comisión procedió a atender formalmente la reclamación presentada el cuatro de marzo de dos mil quince, tramitada a través del procedimiento denominado Gestión Electrónica, en términos del artículo 59 bis 1 de la Ley de Protección y Defensa para el Usuario de Servicios Financieros y con sustento en las Reglas de Carácter General para Recibir Promociones y Realizar Notificaciones por Medios Electrónicos en los Procedimientos Competencia de dicha Comisión; procedimiento administrativo mediante el cual fue requerida la información correspondiente a la institución bancaria aquí tercero interesada, el propio cuatro de marzo de dos mil quince. Agregó que en atención al incumplimiento del requerimiento formulado a la institución financiera, la Subdelegación Estatal adscrito a la Delegación Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros determinó continuar con el procedimiento administrativo y procedió a citar a las partes a la audiencia de conciliación prevista en el la ley mencionada. Del expediente administrativo 2015/210/3113 que remitió la responsable, valorado en párrafos previos, se advierte que efectivamente, ante el escrito de reclamación del quejoso presentado ante la autoridad responsable el cuatro de marzo de dos mil quince, el mismo día fue requerida la información correspondiente a la institución bancaria aquí tercero interesada, relativa a la solicitud del interesado de que le desbloqueara su cuenta de cheques (foja 44). También se advierte que el siete de abril de dos mil quince, toda vez que la institución financiera no había dado cumplimiento al requerimiento de información, se procedió a citar a las partes a la audiencia de conciliación (foja 46); y la notificación de dicho acuerdo se realizó en el domicilio del quejoso el diez de abril de dos mil quince (foja 49). Además, la autoridad responsable informó con posterioridad, mediante oficio DEPUE/SD/JD/08/2010 presentado en este juzgado el veintiséis de mayo de dos mil quince, que la audiencia de conciliación se realizó en tiempo y forma el seis de mayo anterior, con la comparecencia del apoderado de la institución financiera objeto de la reclamación, pero que en vista de que no compareció la parte reclamante (aquí quejoso) ni persona que legalmente lo representara, se le concedió un plazo de diez días hábiles para que justificara su inasistencia, lo cual ocurrió el trece de mayo siguiente, cuando Antonio Pérez Guzmán se presentó personalmente a sus oficinas, exhibiendo un escrito en el cual manifestó los motivos que le impidieron asistir a la audiencia y solicitó se difiriera nuevamente para resolver su situación financiera, el cual fue acordado de conformidad y notificado en forma inmediata y personal, incluida la nueva fecha de audiencia de conciliación. Lo cual se corrobora con las constancias que acompañó la autoridad responsable (fojas 69 a 73). Derivado de todo lo anterior y sin que el quejoso hiciera manifestación alguna en controversia a lo señalado y probado por las autoridades responsables, se llega a la convicción que la omisión que dio origen a este amparo, consistente en la omisión de radicar y tramitar el escrito de reclamación presentado el cuatro de marzo de dos mil quince, dejó de existir, es decir, dejó de tener efecto alguno en la esfera jurídica del quejoso como si se le hubiera repuesto en el goce de los derechos fundamentales que estimó violados; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación, por identidad de razón jurídica, la tesis 7 visible a página ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI Materia Común precedentes relevantes, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la misma de Ley, por lo que toca al acto negativo reclamado. QUINTO. Protección de datos personales. Si bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". SEXTO. Registro de sentencia. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Antonio Pérez Guzmán, en contra del acto negativo reclamado del Subdelegado Estatal adscrito a la Delegación Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, consistente en la omisión de radicar y tramitar el escrito de reclamación presentado el cuatro de marzo de dos mil quince; conforme a las consideraciones apuntadas en el considerando cuarto. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando quinto, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, secretario que autoriza y da fe.

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