Secretario de Seguridad Publica Municipal

Expediente 807/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
807/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Secretario de Seguridad Publica Municipal
  • Víctor Manuel de la Rosa Borunda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y, en atención a que el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistas las comunicaciones oficiales remitidas por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en la localidad y el del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, agréguense a los autos únicamente para que obren como legalmente corresponda, en virtud de que por auto de doce de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio que remite la Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, de esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngasele rindiendo su relativo a la suspensión de plano decretada en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, se tiene a la citada autoridad, designando como delegados conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la Ley de la Materia, a los profesionistas que menciona, y como para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Por otro lado, del informe rendido por la autoridad en cita, se advierte que acepta la existencia del reclamado por el quejoso a las autoridades responsables, consistente en la detención del quejoso Víctor Manuel de la Rosa Borunda, ya que expone, fue detenido en flagrancia por policías municipales, por su probable participación en la comisión de un delito de robo, e informa que el cinco de septiembre del dos mil veintidós, fue puesto en libertad, por acuerdo emitido por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, en la carpeta de investigación que al efecto de instauró, lo que acredita con las copias certificadas de las documentales respectivas, en las que se advierte que en efecto el cinco de septiembre del dos mil veintidós, se dejó en libertad al citado quejoso; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En suma a lo anterior, se tiene que la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, mediante oficio FGE.3/3/1/3956/2022, de fecha cuatro de septiembre del dos mil veintidós y que obra en autos, informó a este Juzgado, que el tres de septiembre del dos mil veintidós, le fue puesto a su disposición el directo quejoso, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, e internado en el Centro de Detención Provisional de la Fiscalía del Estado, por aparecer como posible responsable en la comisión del delito de robo. Ahora bien, debe puntualizarse que inicialmente Víctor Manuel de la Rosa Borunda, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por conducto de Arehmi López García, en contra del Secretario de Seguridad Pública y Fiscal de Distrito Zona Norte, en esta ciudad, a quien reclamó su privación de la libertad fuera de procedimiento judicial e incomunicación. En el presente caso, debe quedar establecido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; c). Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista. En esa tesitura, si en el caso, los actos materia de reclamo, los hace consistir el directo quejoso, en su privación de la libertad fuera de procedimiento judicial e incomunicación, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables en la demanda por comparecencia, por lo tanto, se hace patente, que se produce un cambio de la situación jurídica por cuanto hace a los actos de que dice ser objeto, ya que inicialmente, la afectación a su libertad era con motivo de la detención ejecutada fuera de procedimiento por parte de las autoridades municipales; sin embargo, el mismo fue puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público del Fuero Comun, de esta ciudad, a las doce horas con veinte minutos del tres de septiembre del dos mil veintidós, por su probable participación en la comisión de un delito de robo; por consiguiente, los actos reclamados en esta vía constitucional, dejan de tener vida legal al haber sido sustituidos jurídica y procesalmente, lo que sin lugar a dudas conlleva a que se actualice en el caso concreto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia I.2°.P.J/11 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y que aparece en la página 666 y 667 del Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aplicada por analogía, es del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999. La modificación del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada, donde de manifiesto la existencia de una excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal relacionadas únicamente con los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se limite la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se considera irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; modificación que excluyó lo relativo a la orden de aprehensión regulada por el artículo 16 constitucional; por tanto, el auto de formal prisión si da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se hubiera hecho valer en contra de la orden de aprehensión, al existir cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del quejoso, ya que inicialmente la afectación a la libertad, era el motivo de la orden de aprehensión y en la actualidad es por la formal prisión decretada en contra del quejoso, lo que trae como consecuencia también la cesación de efectos del mandato de captura; por consiguiente la orden de aprehensión deja de tener vida jurídica al haber sido sustituida jurídica y procesalmente por el auto de plazo constitucional, lo que conlleva a la inaplicación, en este caso de las jurisprudencias números 55/96 y 56/96 del Pleno de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "ORDEN DE APREHENSION. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISION (INTERRUPCION DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANALISIS DE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). y ORDEN DE APREHENSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994.". En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de la Materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Resulta aplicable a lo dicho, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es del texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba programada para su celebración a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre del dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    QUEJOSO: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio que remite la Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, de esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngasele rindiendo su relativo a la suspensión de plano decretada en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, se tiene a la citada autoridad, designando como delegados conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la Ley de la Materia, a los profesionistas que menciona, y como para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Por otro lado, del informe rendido por la autoridad en cita, se advierte que acepta la existencia del reclamado por el quejoso a las autoridades responsables, consistente en la detención del quejoso Víctor Manuel de la Rosa Borunda, ya que expone, fue detenido en flagrancia por policías municipales, por su probable participación en la comisión de un delito de robo, e informa que el cinco de septiembre del dos mil veintidós, fue puesto en libertad, por acuerdo emitido por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, en la carpeta de investigación que al efecto de instauró, lo que acredita con las copias certificadas de las documentales respectivas, en las que se advierte que en efecto el cinco de septiembre del dos mil veintidós, se dejó en libertad al citado quejoso; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En suma a lo anterior, se tiene que la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, mediante oficio FGE.3/3/1/3956/2022, de fecha cuatro de septiembre del dos mil veintidós y que obra en autos, informó a este Juzgado, que el tres de septiembre del dos mil veintidós, le fue puesto a su disposición el directo quejoso, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, e internado en el Centro de Detención Provisional de la Fiscalía del Estado, por aparecer como posible responsable en la comisión del delito de robo. Ahora bien, debe puntualizarse que inicialmente Víctor Manuel de la Rosa Borunda, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por conducto de Arehmi López García, en contra del Secretario de Seguridad Pública y Fiscal de Distrito Zona Norte, en esta ciudad, a quien reclamó su privación de la libertad fuera de procedimiento judicial e incomunicación. En el presente caso, debe quedar establecido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; c). Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista. En esa tesitura, si en el caso, los actos materia de reclamo, los hace consistir el directo quejoso, en su privación de la libertad fuera de procedimiento judicial e incomunicación, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables en la demanda por comparecencia, por lo tanto, se hace patente, que se produce un cambio de la situación jurídica por cuanto hace a los actos de que dice ser objeto, ya que inicialmente, la afectación a su libertad era con motivo de la detención ejecutada fuera de procedimiento por parte de las autoridades municipales; sin embargo, el mismo fue puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público del Fuero Comun, de esta ciudad, a las doce horas con veinte minutos del tres de septiembre del dos mil veintidós, por su probable participación en la comisión de un delito de robo; por consiguiente, los actos reclamados en esta vía constitucional, dejan de tener vida legal al haber sido sustituidos jurídica y procesalmente, lo que sin lugar a dudas conlleva a que se actualice en el caso concreto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia I.2°.P.J/11 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y que aparece en la página 666 y 667 del Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aplicada por analogía, es del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999. La modificación del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada, donde de manifiesto la existencia de una excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal relacionadas únicamente con los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se limite la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se considera irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; modificación que excluyó lo relativo a la orden de aprehensión regulada por el artículo 16 constitucional; por tanto, el auto de formal prisión si da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se hubiera hecho valer en contra de la orden de aprehensión, al existir cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del quejoso, ya que inicialmente la afectación a la libertad, era el motivo de la orden de aprehensión y en la actualidad es por la formal prisión decretada en contra del quejoso, lo que trae como consecuencia también la cesación de efectos del mandato de captura; por consiguiente la orden de aprehensión deja de tener vida jurídica al haber sido sustituida jurídica y procesalmente por el auto de plazo constitucional, lo que conlleva a la inaplicación, en este caso de las jurisprudencias números 55/96 y 56/96 del Pleno de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "ORDEN DE APREHENSION. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISION (INTERRUPCION DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANALISIS DE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). y ORDEN DE APREHENSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994.". En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de la Materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Resulta aplicable a lo dicho, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es del texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba programada para su celebración a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre del dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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