Secretario de Seguridad Pública del Estado
Expediente 747/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad Pública del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el once de agosto de dos mil veintidós, en el presente juicio, se concedió al Secretario de Seguridad Pública del Estado, el amparo y protección de la Justicia Federal; así, por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable mediante, para el efecto de que realizara lo siguiente: Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 387/2014. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El nueve de septiembre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remitió diversas documentales certificadas, de las que se advierte que: a) El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictó el laudo dentro del juicio laboral 387/2014. 3. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 7. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Vista cumplimiento. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, a fin de acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite el laudo dictado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 387/2014. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta Ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 387/2014. 3. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 747/2022. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el seis de julio de dos mil veintidós, Claudia Jerusalén Rodríguez Hernández, Guadalupe Rangel Luna y Ortencia Cira Cornelio, en cuanto apoderados jurídicos del Secretario de Seguridad Pública del Estado José Alfredo Ortega Reyes, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de siete de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías, registrándola bajo el número 747/2022, por lo que ordenó el emplazamiento de la autoridad responsable. Previo los trámites de ley, en esta propia fecha, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; lo anterior, al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta Ciudad: La omisión de la autoridad señalada como responsable de dictar el laudo que a derecho corresponda, dentro del juicio laboral número 387/2014, tramitado ante esa autoridad por los terceros con interés C. Osvaldo Jorge Ortiz Morelos y Guillermo Ramos Esquivel. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable. Lo anterior no obstante que al rendir su informe con justificación haya señalado que es parcialmente cierto. Para corroborar la certeza del acto reclamado la responsable manifestó que después de haber realizado una minuciosa revisión de los autos que integran el expediente 387/2014, se desprende que a la fecha no se ha emitido laudo dentro del juicio de origen, pese a que desde el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitió el acuerdo que declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó poner los autos para emitir el laudo correspondiente. Lo anterior se constata con las copias certificadas que remitió, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. No se inadvierte la manifestación formulada por la autoridad responsable en el sentido de que existe diverso juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa en contra del mismo acto reclamado bajo el número II-747/2022, del cual conoce el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado; información que se desvirtúa en razón que de un revisión realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el aludido expediente fue promovido por Miguel Ángel Hernández de la Palma, en cuanto representante de la menor de iniciales A.M.H.M., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Zitácuaro, Michoacán, consistente en el acuerdo dictado el quince de junio de dos mil veintidós, en el juicio ordinario especial 193/2022 promovido por aquél en contra de Thanya Martínez Moreno. Información que reúne las características propias de un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia P./J.16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CUARTO. Conceptos de violación. El concepto de violación expresado por la parte quejosa es tal y como consta en el escrito de demanda, el cual se tiene por reproducido en este considerando, como si se insertase a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2ª. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Son fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. La parte quejosa sostiene que la autoridad responsable no ha tomado las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo cual no ha respetado el procedimiento y los términos señalados por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ni lo dispuesto por la ley supletoria, Ley Federal del Trabajo. Al respecto el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuáles emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. En ese contexto, es evidente que el Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Primeramente, conviene tener en cuenta lo dispuesto por artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que dispone: "ARTICULO 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles." Por su parte, los artículos 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen: "ARTICULO 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." "ARTICULO 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. "ARTICULO 104. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Tribunal, tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al reclamante o a su representante legal para que ratifique, rectifique o amplíe su escrito inicial de demanda, en cuya ampliación sólo podrá aportar nuevos datos respecto a los hechos o incluir mayores prestaciones, sin poder demandar en ese acto a quien no haya incluido en su escrito inicial. Se concederá a las partes el derecho a la réplica y contrarréplica. En seguida se abrirá el período de ofrecimiento y admisión de pruebas; el Tribunal recibirá y calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continúo, señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. De dichos numerales se advierte que en una sola audiencia se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará la resolución correspondiente, salvo cuando a juicio del tribunal laboral se requiera la práctica de otras diligencias, caso en el cual se ordenará su desahogo. El día y hora de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no. Posteriormente, señalará el orden de su desahogo, en la forma y términos que estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento; por lo que una vez desahogadas dictará el laudo correspondiente. En el particular, la autoridad responsable trasgredió el contenido de los numerales que rigen el procedimiento, pues, de las constancias que allegó y de los autos que integran el expediente 387/2014, se desprende que a la fecha no se ha emitido laudo dentro del juicio de origen, pese a que desde el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitió el acuerdo que declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó poner los autos para emitir el laudo correspondiente, sin que posterior a ese pronunciamiento el Tribunal responsable haya emitido la aludida resolución. De lo que se tiene que la autoridad responsable ha omitido sujetar su actuar al contenido de los numerales 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, ya que del contenido de dichos numerales se obtiene que en una sola audiencia se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará la resolución correspondiente; salvo cuando a juicio del tribunal laboral se requiera la práctica de otras diligencias, caso en el cual se ordenará su desahogo. Sin embargo, se tiene que las pruebas han sido desahogadas y ha trascurrido el plazo para que las partes rindan alegatos, y, al día de hoy no se ha emitido el laudo correspondiente, así es que, la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulta violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal al accionante de esta instancia constitucional. SEXTO. Efectos del amparo. La concesión de la protección otorgada es para el efecto de que el Tribunal responsable: Dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral 387/2014. Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege al Secretario de Seguridad Pública del Estado José Alfredo Ortega Reyes, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta Ciudad, para los efectos que quedaron precisados en el considerando sexto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.
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