Secretario de Seguridad Pública de León, Guanajuato
Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad Pública de León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el directo quejoso no compareció ante este Juzgado de Distrito a ratificar la demanda promovida a su favor dentro del término concedido para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en auto de nueve de octubre del año en curso, por lo que con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Estese a lo acordado. Por otro lado, agréguese el escrito presentado por el directo quejoso Manuel Antonio Ruiz Muñoz y, en atención a su contenido, se determina que deberá de estarse a lo acordado en el apartado que antecede. Se glosan oficio y anexos. Finalmente, glósense a los presentes autos únicamente para que obren como corresponda, el oficio y anexos remitidos por la directora General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Seguridad Prevención y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de dieciocho de octubre pasado, se acordó lo conducente.
- Principal
Se decreta suspensión de plano y se requiere al directo quejoso. Se tiene a Jesús Alberto Valdenegro Romero, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en favor del directo quejoso Manuel Antonio Ruiz Muñoz, contra actos del Juez Cívico de la Delegación Poniente de Policía de esta ciudad y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en: la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, de los que aduce el promovente es objeto el directo quejoso Manuel Antonio Ruiz Muñoz, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, para el efecto de que de manera inmediata cesen dichos actos sobre la persona de nombre Manuel Antonio Ruiz Muñoz. En la inteligencia de que si la privación de la libertad que se atribuye a la autoridad administrativa, tiene como origen la comisión flagrante de algún delito, la referida parte quejosa deberá ser inmediatamente remitida al agente del Ministerio Público que corresponda; en caso contrario, de haber sido privado de la libertad la directa parte quejosa, sin motivo aparente, deberá ser dejado inmediatamente en libertad, lo que deberá informar en el término de veinticuatro horas, precisando la fecha y hora exacta en que fue privado de su libertad, así como la data y hora en que fue puesto en libertad o a disposición del Ministerio Público, de ser el caso. En su caso, si la detención reclamada proviene de mandamiento de algún agente del Ministerio Público, la directa parte quejosa podrá ser retenida hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial, u ordenar su libertad, según proceda. En la hipótesis de que la detención no sea ordenada por autoridad judicial ni se trate de flagrancia o urgencia, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata de la directa parte quejosa, sin perjuicio de la integración de la investigación correspondiente. Por otra parte, se requiere a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado ante qué autoridad quedó a disposición la parte quejosa, lo anterior para estar en aptitud de, en su caso, llamarla a juicio como autoridad responsable. Asimismo, en el supuesto de que la detención provenga de un mandato de autoridad judicial, la autoridad responsable deberá poner a la preindicada parte quejosa a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, en la inteligencia de que la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal, ello de conformidad con el artículo 16, tercer párrafo, constitucional. Por lo que se requiere a la autoridad señalada como responsable para que de inmediato informe sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, apercibida que de no hacerlo podrán incurrir en el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la directa parte quejosa se encuentra detenida en la Delegación Poniente de la Policía Municipal de esta ciudad; en tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a que se constituya en el lugar señalado, para los siguientes efectos: 1) Proceda a la localización de la directa parte quejosa. 2) Una vez localizada, la haga comparecer ante su presencia, le notifique el presente proveído y la requiera para que dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada, con fundamento en el numeral 15 de la ley reglamentaria, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) También se ordena al actuario de la adscripción que cuestione a la directa parte quejosa si se encuentra incomunicada o si está en una situación que la ponga en riesgo de ser privada de la vida, que afecte su integridad física, o sujeto a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en tormentos, mutilación, marca, azotes, palos o tormentos de cualquier especie. 4) Además, deberá dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra la directa parte quejosa, así como de la estancia en la que permanece detenida. 5) Debiendo cuestionar a la directa parte quejosa si se le ha obligado, bajo tortura física o psicológica, a firmar algún documento hasta el momento en que se efectuó la ratificación. Por otra parte, en aras de efectivizar la función de este órgano de control constitucional, se requiere a la autoridad responsable para que preste al actuario judicial de este juzgado todas las facilidades de información sobre la situación jurídica de la directa parte quejosa, la ubicación de su lugar de detención y dé libre acceso personal al mismo, a fin de entrevistarse con la parte impetrante en forma confidencial y segura. Del mismo modo, se hace saber a la autoridad responsable que en ningún caso podrá obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de la misma. Destacándose que en el informe que se rinda con motivo de la presente suspensión de plano, la responsable deberá especificar la denominación actual y correcta que ostenta. En caso de que la directa parte quejosa no se encuentre en el lugar que refiere el promovente del amparo, o en su defecto, no exista como éste lo asevera, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que se constituya en: Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Delegación de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Dirección General de la Policía Municipal. En el Hospital General Regional de la ciudad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad. En el Hospital Psiquiátrico "San Pedro del Monte", con sede en esta ciudad. Lo anterior, a fin de que localice a la directa parte impetrante y lleve a cabo la diligencia encomendada con antelación. Dese la intervención que legalmente corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. VI. Precisión en torno a la suspensión de plano que se concede. Si el acto reclamado deriva de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad, desde este momento se le hace la precisión de que los efectos de la medida cautelar decretada de ninguna manera la liberará de forma definitiva de la sanción que le haya sido decretada con motivo de la violación a las leyes de tránsito (arresto); pues en el supuesto de que al resolverse el juicio en lo principal se sobreseyere, o bien, se negare la protección de la Justicia Federal, las autoridades administrativas estarán en aptitud de llamar a la parte quejosa infractora para que cumpla con las horas faltantes del arresto impuesto a guisa de sanción. Para lo cual, ordénese al actuario judicial a fin de que, al momento de la diligencia, requiera a la directa parte quejosa para que en dicho acto proporcione su domicilio particular actual y correcto, bajo protesta de conducirse con verdad; debiendo dejar constancia de esta circunstancia en el acta que al efecto levante. VII. Exhortación e información a la directa parte quejosa. Si el acto reclamado deriva de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad (detenida cuando iba conduciendo), o bien, tiene su origen en el operativo denominado alcoholímetro, el cual consiste en la instalación de diversos puntos de control de alcohol en aliento desplegados en determinados sectores de la ciudad; constituye un hecho notorio que estos mecanismos de vigilancia tienen como propósito evitar accidentes en perjuicio del propio conductor y de terceros, que pudieran ocasionar daños materiales, lesiones y, en el peor de los casos, la pérdida de vidas humanas; pues estos programas permiten detectar y sancionar a las personas que conduzcan con algún nivel de alcohol que les impida conducir adecuadamente; lo que implica que se trate de una medida eficaz de prevención y combate al abuso del alcohol para evitar la proliferación de accidentes y muertes por ese motivo. En ese sentido, se ordena al actuario judicial, para que al momento en que levante la razón actuarial con motivo de la ratificación de la demanda por parte de la impetrante, deje constancia de haberle hecho la exhortación -para efectos de generar conciencia- siguiente: "Por orden directa de la Jueza Tercera de Distrito en León, Guanajuato, le hago saber que por ninguna razón usted puede volver a poner en peligro a la sociedad conduciendo bajo el influjo del alcohol y otras sustancias que le impidan reaccionar eficazmente en el manejo de un vehículo automotor. En razón de ello, le conmino para que adecúe su comportamiento al momento de conducir vehículos de motor, con pleno respeto a las leyes de tránsito (no haciéndolo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas), así como a los derechos y libertades de los conductores de otros automóviles o transeúntes, de manera que se abstenga de realizar conductas que pongan en riesgo la vida, la salud o los bienes de terceros. Asimismo, se le hace saber los delitos que puede llegar a incurrir al manejar un automotor bajo el influjo de bebidas embriagantes, los cuales se encuentra previstos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato: Artículo 154.- El homicidio culposo cometido por quien conduzca un vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se sancionará con dos a ocho años de prisión, veinte a ochenta días multa y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Si solamente resultaren lesiones, a la pena de prisión fijada por el juez o el tribunal conforme al artículo 14, se agregará hasta una quinta parte y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Artículo 154-a.- El homicidio y las lesiones culposos cometidos por quien esté prestando servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas, se sancionará con la punibilidad establecida en el artículo anterior. Si el activo hubiese obrado además bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas la punibilidad para el homicidio será de cuatro a once años de prisión. Si en este caso, únicamente resultaron lesiones, se aumentará un tercio de la pena de prisión prevista en el artículo 14 de este Código. Artículo 155.- El homicidio y las lesiones culposos no serán punibles cuando el sujeto pasivo sea cónyuge, concubinario o concubina, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano o pariente por afinidad hasta el segundo grado, adoptante o adoptado del activo. Cuando el pasivo sea pariente colateral hasta el cuarto grado o esté unido con estrecha amistad con el activo, sólo se perseguirá por querella. El homicidio y las lesiones culposos serán punibles cuando el activo hubiese obrado bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o abandone injustificadamente a la víctima. Artículo 210.- A quien cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de diez a cincuenta días multa. Cuando el delito se ejecute por quienes conduzcan vehículos que estén prestando un servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas o que se encuentren bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes, se aplicará una punibilidad de dos a seis años de prisión." Asimismo, hágase de su conocimiento que la medida cautelar aquí decretada, no exonerará del pago del servicio de grúa que en su caso se haya utilizado para el traslado del vehículo a un depósito público o privado concesionado, así como tampoco de los gastos generados durante la estancia del vehículo en el depósito vehicular respectivo, en caso de que éste haya sido retenido para garantizar el arresto impuesto en términos del artículo 142 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. VIII. Obligaciones de la autoridad responsable una vez puesto en libertad a la quejosa. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por ello, se ordena al juez cívico responsable que, una vez puesto en libertad el quejoso, si llegare a advertir que alguno de sus derechos humanos corre peligro (por el grado extremo de alcoholemia que llegare a presentar, por ejemplo), deberá adoptar las medidas que considere necesarias a efecto de que los derechos de aquél estén debidamente salvaguardados. Además, deberá certificar que la directa parte quejosa no será quien conduzca el vehículo de motor en el que se retire de las instalaciones de la autoridad. En el entendido de que esta suspensión no tiene el alcance de que el vehículo de motor que conducía la parte quejosa le sea devuelto, puesto que sería tanto como volver a poner en peligro su integridad personal, así como a la colectividad, al permitirle la circulación en el inconveniente estado en que se encuentra, lo cual atenta contra el interés social cuya salvaguarda debe vigilar el juez de amparo, en términos del artículo 128 de la ley de la materia. IX. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, por medio del usuario que proporciona (jesusvaldenegro), toda vez que el mismo se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario señalado en supralíneas. Comisiónese a la oficial judicial "A", para la habilitación de los campos en el sistema respectivo. X. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. XIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). XIV. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
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