Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala
Expediente 662/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual se acusa recibo del diverso 8799/2022 del índice de este tribunal colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que ********************, en su carácter de Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, haya interpuesto reclamación en contra del proveído de veintiocho de octubre del año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado; en consecuencia, devuélvase el expediente ********************, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso d) de dicho acuerdo general. Finalmente, atento a lo establecido en el precepto 21 del acuerdo general en comento, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Raúl Ruíz García, en su carácter de Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, mediante el cual promueve amparo directo en contra de la sentencia emitida por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el seis de julio de dos mil veintidós, en el expediente 96/2020, de su índice; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; las constancias de notificación realizadas a las partes, así como la copia certificada del citado expediente administrativo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 662/2022; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Ahora, del referido expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. Gina Sedeño Jiménez, mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veinte, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión contra el oficio de diecisiete de agosto de dos mil veinte emitido por el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; procedimiento administrativo C.H.J.P.A. 010/2018, así como la resolución dictada en el citado procedimiento, en el que se le impuso como sanción la remoción de la institución policial estatal, en contra de: a) Comisión Estatal de Seguridad, actual Secretaría de Seguridad Ciudadana; b) Comisionado Estatal de Seguridad, actual Secretario de Seguridad Ciudadana; c) Jefe del Departamento Jurídico de dicha secretaría y Suplente del Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial; d) Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad, actual Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de Tlaxcala. 2. Por acuerdo de nueve de septiembre siguiente, la Magistrada Presidenta del tribunal administrativo responsable registró el asunto con el número 96/2020 y ordenó turnarlo al Magistrado de la tercera ponencia de dicho tribunal, quien previo cumplimiento a la prevención de diez posterior, por auto de seis de octubre posterior admitió a trámite el recurso de revisión, ordenó correr traslado a las autoridades demandadas y las requirió para que en el término de cinco días remitieran su informe sobre los actos recurridos y presentaran las pruebas que se relacionaran con el mismo. 3. Seguida la secuela procesal, el seis de julio de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, señalan lo siguiente: "PRIMERO. Se ha procedido legalmente en la tramitación del presente recurso de revisión interpuesto por Gina Sedeño Jiménez. SEGUNDO. Se declara la nulidad relativa del acto administrativo consistente en el procedimiento administrativo número C.H.J.P.A. 010/2018, del índice del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la nulidad de los actos impugnados consistentes en: a) Oficio de diecisiete de agosto de dos mil veinte, signado por el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y, b) la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo número C.H.J.P.A. 010/2018, del índice de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de los cuales se determinó la remoción de su cargo como Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, de la recurrente Gina Sedeño Jiménez. TERCERO. En consecuencia, se condena a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de las personas físicas que legal y respectivamente los representen, al pago de la indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados y el pago de cuotas de seguridad social, en los términos precisados en el considerando VIII de esta resolución, y se les ordena dar cumplimiento puntual a esta ejecutoria, en términos del último considerando de la presente resolución con el apercibimiento decretado. CUARTO. Con fundamento en el artículo 75, fracción I, inciso c), de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, notifíquese personalmente a la recurrente en su domicilio señalado en autos y a las autoridades responsables en su domicilio oficial. QUINTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional y en su oportunidad, una vez cumplida la presente sentencia en sus términos, archívese el presente expediente administrativo como asunto totalmente concluido." 4. En contra de dicha determinación, Raúl Ruíz García, en su carácter de Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, interpone el presente juicio de amparo. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quien promueve este juicio constitucional, es el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, quien con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que subsistan sus actos consistentes en el oficio de diecisiete de agosto de dos mil veinte emitido por el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; procedimiento administrativo C.H.J.P.A. 010/2018, así como la resolución dictada en el citado procedimiento, lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, de forma ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del ordinal 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del numeral 12 de la citada ley a Cynthia Milacatl Milacatl, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así Lorena Serrano Hernández ni Goretti Flores Xelhuatzi, por tal motivo se le faculta de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo a lo establecido en el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 21/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Raúl Ruíz García, en su carácter de Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, contra la resolución dictada por el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el seis de julio de dos mil veintidós, en el expediente 96/2020. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Raúl Ruíz García, en su carácter de Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, mediante el cual promueve amparo directo en contra de la sentencia emitida por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el seis de julio de dos mil veintidós, en el expediente 96/2020, de su índice; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; las constancias de notificación realizadas a las partes, así como la copia certificada del citado expediente administrativo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 662/2022; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Ahora, del referido expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. Gina Sedeño Jiménez, mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veinte, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión contra el oficio de diecisiete de agosto de dos mil veinte emitido por el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; procedimiento administrativo C.H.J.P.A. 010/2018, así como la resolución dictada en el citado procedimiento, en el que se le impuso como sanción la remoción de la institución policial estatal, en contra de: a) Comisión Estatal de Seguridad, actual Secretaría de Seguridad Ciudadana; b) Comisionado Estatal de Seguridad, actual Secretario de Seguridad Ciudadana; c) Jefe del Departamento Jurídico de dicha secretaría y Suplente del Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial; d) Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad, actual Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de Tlaxcala. 2. Por acuerdo de nueve de septiembre siguiente, la Magistrada Presidenta del tribunal administrativo responsable registró el asunto con el número 96/2020 y ordenó turnarlo al Magistrado de la tercera ponencia de dicho tribunal, quien previo cumplimiento a la prevención de diez posterior, por auto de seis de octubre posterior admitió a trámite el recurso de revisión, ordenó correr traslado a las autoridades demandadas y las requirió para que en el término de cinco días remitieran su informe sobre los actos recurridos y presentaran las pruebas que se relacionaran con el mismo. 3. Seguida la secuela procesal, el seis de julio de dos mil veintidós, el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, señalan lo siguiente: "PRIMERO. Se ha procedido legalmente en la tramitación del presente recurso de revisión interpuesto por Gina Sedeño Jiménez. SEGUNDO. Se declara la nulidad relativa del acto administrativo consistente en el procedimiento administrativo número C.H.J.P.A. 010/2018, del índice del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la nulidad de los actos impugnados consistentes en: a) Oficio de diecisiete de agosto de dos mil veinte, signado por el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y, b) la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo número C.H.J.P.A. 010/2018, del índice de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de los cuales se determinó la remoción de su cargo como Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, de la recurrente Gina Sedeño Jiménez. TERCERO. En consecuencia, se condena a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de las personas físicas que legal y respectivamente los representen, al pago de la indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados y el pago de cuotas de seguridad social, en los términos precisados en el considerando VIII de esta resolución, y se les ordena dar cumplimiento puntual a esta ejecutoria, en términos del último considerando de la presente resolución con el apercibimiento decretado. CUARTO. Con fundamento en el artículo 75, fracción I, inciso c), de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, notifíquese personalmente a la recurrente en su domicilio señalado en autos y a las autoridades responsables en su domicilio oficial. QUINTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional y en su oportunidad, una vez cumplida la presente sentencia en sus términos, archívese el presente expediente administrativo como asunto totalmente concluido." 4. En contra de dicha determinación, Raúl Ruíz García, en su carácter de Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, interpone el presente juicio de amparo. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quien promueve este juicio constitucional, es el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, quien con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que subsistan sus actos consistentes en el oficio de diecisiete de agosto de dos mil veinte emitido por el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; procedimiento administrativo C.H.J.P.A. 010/2018, así como la resolución dictada en el citado procedimiento, lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, de forma ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del ordinal 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del numeral 12 de la citada ley a Cynthia Milacatl Milacatl, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así Lorena Serrano Hernández ni Goretti Flores Xelhuatzi, por tal motivo se le faculta de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo a lo establecido en el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 21/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Raúl Ruíz García, en su carácter de Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, contra la resolución dictada por el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el seis de julio de dos mil veintidós, en el expediente 96/2020. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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