Secretario de la Defensa Nacional
Expediente 106/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Secretario de la Defensa Nacional
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Recepción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual contiene trascripción del auto de nueve de febrero del año actual, dictado dentro del juicio de amparo 134/2018 de su índice, promovido por Alfredo Gómez Estrada, contra actos del Secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, por el que el Juzgado oficiante declara carecer de legal competencia para conocer del juicio de referencia; al que se anexan los autos originales de dicho juicio, así como cinco copias de la demanda de amparo. Demanda. Por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 106/2018-4, y acúsese el recibo correspondiente. Ahora, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo de referencia, así como las constancias remitidas por la autoridad oficiante relativas al juicio de amparo 134/2018 de su índice estadístico; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada por el órgano jurisdiccional oficiante. En efecto, debe precisarse que del contenido de dicho numeral, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, porque conocerá ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es decir, el legislador contempló tres hipótesis de competencia, cuya distinción radica en que las primeras dos giran en torno al lugar de ejecución y la última que ante la falta de ejecución estatuye la competencia en el lugar de la presentación de la demanda. Por tanto, para que el Juez de Distrito con sede en esta ciudad, -en este caso por cuestión de turno el que suscribe- deba conocer de la aludida demanda de amparo, los actos reclamados, deben tener ejecución material, tratar de ejecutarse, estar ejecutando o se hayan ejecutado, en donde ejerce jurisdicción territorial este órgano; de lo contrario no se actualiza la regla competencial en que funda la autoridad declinante su determinación. Ahora, el promovente de la acción constitucional hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: "DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: a) El C. Secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama el oficio número 921 de fecha 26 de enero del 2018 elaborado por la Dirección General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional con el cual se da inicio al trámite de mi baja del Servicio Activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y alta en la reserva correspondiente. El C. General Secretario de la Defensa Nacional delega sus facultades en la Dirección General de Caballería para intervenir en las bajas del personal a su cargo por lo cual él también es responsable por los actos emitidos por la Dirección General de Caballería y por consiguiente se reclama el inicio de trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que fue emitida por dicha autoridad responsable. b) Del C. Director de la Dirección General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama el oficio número 921 de fecha 26 de enero del 2018, con el cual se da inicio al trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y alta en la reserva correspondiente. Se reclama el inicio de trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que fue emitida por esta autoridad responsable. c) Del C. Subdirector de la Dirección General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama el oficio número 921 de fecha 26 de enero del 2018, con el cual se da inicio al trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y alta en la reserva correspondiente. Se reclama el inicio de trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que fue emitida por esta autoridad responsable. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: a) Del C. Director de la Dirección General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama el inicio de trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. b) Del C. Subdirector de la Dirección General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama el inicio de trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. c) Del C. Coronel de Caballería, Comandante del 22/o. Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reclama el inicio de trámite de mi baja del Servicio Activo y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos." Del contexto de lo antes transcrito, así como del contenido de la demanda de amparo, se advierte que se señala como acto reclamado el oficio 921 de veintiséis de enero del presente año, suscrito por el Subdirector de la Dirección General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, en el que con fundamento en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se comunica al quejoso Alfredo Gómez Estrada el inició del procedimiento administrativo para resolver la procedencia o improcedencia de que cause baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en la reserva correspondiente, así como se le hace saber que cuenta con el plazo de quince días para manifestar lo que a su derecho corresponda y ofrezca las pruebas que considere pertinentes. En el caso, el Juez declinante, refirió que carecía de legal competencia en virtud de que el acto reclamado tenía como efecto la baja del quejoso Alfredo Gómez Estrada como soldado de Caballería en el 22/o Regimiento de Caballería Motorizada, con residencia en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, lugar donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Así, contrario a lo estimado por el Juez declinante, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se advierte que el acto reclamado no conlleva acto de ejecución material alguno, al únicamente tener como objeto hacer del conocimiento al quejoso el inicio del procedimiento administrativo para resolver la procedencia o improcedencia de que cause baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en la reserva correspondiente; de ahí, que no tiene como efecto inmediato la baja del quejoso, sino sólo iniciar un procedimiento que dependiendo de las circunstancias del caso en particular, podría concluir con la baja del amparista en el puesto militar que desempeña, o bien, su improcedencia. Ante ello, no se comparte la determinación del Juzgado declinante y, se estima que en el presente asunto, se actualiza la regla contenida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, en el caso, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Tiene aplicación la tesis II.2o.P. 11 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Abril de 2014, página 1460, materia común, con número de registro 2006112, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable". En consecuencia, como se adelantó, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo que se trata y, se considera que el juez de distrito competente, lo es el que previno. En esas condiciones, devuélvase el juicio de amparo al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo que se deje en este juzgado para constancia. Asimismo, se solicita al Juez federal en cita, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la presente determinación, lo haga del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise). Notifíquese.
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