Secretario de Finanzas Y Administracion
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Secretario de Finanzas Y Administracion
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de mayo de dos mil veintidós. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de veintidós de marzo pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, transcurrió para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y para la parte quejosa, del veintiocho siguiente al ocho de abril del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno ni manifestación bajo protesta de decir verdad de las partes en el sentido de haberlo interpuesto ante la superioridad; por tanto, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa y el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, mientras que el original de dicha incidencia, es susceptible de DEPURARSE, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, y se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso a), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a) c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; (.) Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y (.) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (.) c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; (.) Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, que suscriben las autoridades responsables referidas; atento su contenido, téngaseles rindiendo sus informes justificados, y remitiendo las citadas constancias descritas en la cuenta secretarial; con lo cual dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".De la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama el auto de fecha 18 de agosto de 2021, emitido dentro de los autos que integran el juicio -, promovido por el C. -.- El Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, se reclama de dicha autoridad la ejecución de la multa impuesta mediante proveído de fecha 18 de agosto de 2021, dictado dentro del Juicio -.". En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Ahora bien, de las constancias que acompañaron a los informes justificados las autoridades responsables Presidenta de la Sala Regional del Pacifico-Sur del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Administradora Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1", ambas con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada relativa al expediente -, se advierte que la primera autoridad aludida, emitió con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, un acuerdo mediante el cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de garantías - del índice de este tribunal; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo cual, se advierte en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que el auto de dieciocho de agosto de pasado, emitido en el juicio -, aquí reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio de garantías, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de dieciocho de agosto de pasado, emitido en el juicio -, y la ejecución de la multa impuesta en dicha determinación; también lo es que la autoridad responsable Presidenta de la Sala Regional del Pacifico-Sur del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en acatamiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de garantías -, dictó la siguiente resolución: ".Morelia, Michoacán, a veinticinco de octubre de dos mil ventiuno.- Se da cuenta del oficio del oficio número 8779 de fecha 08 de octubre del año en curso, presentado en la oficialía de partes de esta sala el 22 siguiente, por medio del cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, señala que por las razones expuestas en dicho oficio, se declara no cumplida la ejecutoria de amparo, por tanto, requiere a esta Sala para que en el término de tres días dé cumplimiento a dicho fallo. (.) Respecto al cumplimiento a la resolución de fecha 14 de julio de 2021, relativa al amparo II-95/2021-1 en la que resolvió, esencialmente, lo siguiente: Deje insubsistente el auto reclamado de doce de noviembre de dos mil veinte, incluida la multa y Ios actos conducentes a su ejecución; y, emita uno nuevo, en el que: En relación con el oficio DGJ/DC/3578/2020 suscrito por la Jefa de Departamento de Juicios Fiscales, actuando en suplencia por ausencia del Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con libertad de jurisdiccional, dé puntal respuesta a todos y cada uno de los argumentos que le fueron planteados en relación con la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, por parte de dicha Secretaría. Analizada la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia que aduce la citada autoridad demandada, en el supuesto de que la Sala responsable estime que no se, actualiza, dicha imposibilidad y determine procedente imponerle multa, como medida de apremio, a la autoridad demandada, aquí quejosa, al fijar el monto deberá tomar en consideración la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento que advierta y del que pueda inferirse la levedad o gravedad de la conducta ilícita, y determine lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción, fundando y motivando su determinación, pero sin que pueda agravar el monto de la misma. ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a CARLOS MALDONADO MENDOZA, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRAGÓN DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN, contra los actos destacados y atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, para los efectos señalados en el diverso cuarto de esta resolución. En virtud de lo anterior, esta Sala deja sin efectos el acto reclamado en el amparo indirecto amparo II-95/2021-1 gue nos ocupa, consistente en el acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2020, incluida la multa y los actos conducentes a su ejecución, asimismo, se deja sin efectos el acuerdo de 18 de agosto de 2021, a través del cual esta Sala pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito y, del cual el Juzgado señala "SE DECLARA NO CUMPLIDA" y, en virtud de los efectos de la ejecutoria, se dicta el presente acuerdo en los siguientes términos...". Por su parte, la autoridad responsable Administradora Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1", en su informe justificado manifestó lo siguiente: ".NO ES CIERTO el acto que se reclama a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", consistente en: "2.- El Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, se reclama de dicha autoridad la ejecución de la multa impuesta mediante proveído de fecha 18 de agosto de 2021, dictado dentro del Juicio 46/18-21-01-4..." Lo anterior, en virtud de que, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", recibió el oficio -de fecha 01 de septiembre de 2021, mediante el cual la Sala Regional del Pacifico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió el acuerdo de fecha 18 de agosto de 2021, en el cual se impuso multa al C. -en su carácter de titular de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Y toda vez que dicha multa se encuentra dada de baja del sistema institucional Modelo de Administración Tributaria, por lo que NO ES CIERTO el acto reclamado consistente en la ejecución de la multa. Lo anterior en virtud de que mediante oficio -de fecha 18 de noviembre de 2021, dictado por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio de Nulidad - promovido por el C. -, se ordenó a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", dejar sin efectos la multa impuesta al C. -." Por lo cual, al existir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asi como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, fijada para las doce horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Acúsese recibo del oficio número 1444, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo indirecto número VI-897/2021-2 y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diez de febrero del año en curso, en la que declaró fundado el recurso de queja interpuesto en por la parte quejosa, contra el auto que desechó la demanda de garantías. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías, promovida por ...Jefa de Departamento de Juicios Fiscales de la Dirección de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, y en representación del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, por los actos que hace consistir en: ".De la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama el auto de fecha 18 de agosto de 2021, emitido dentro de los autos que integran el juicio ..., promovido por el C. ... 2.- El Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, se reclama de dicha autoridad la ejecución de la multa impuesta mediante proveído de fecha 18 de agosto de 2021, dictado dentro del Juicio .... Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Fórmese por cuerda separada los cuadernillos incidentales, por así haberlo solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a las autoridades responsables sus informes justificados, los que deberán rendir dentro del término de?QUINCE DÍAS, contados a partir de que reciban los oficios de notificación respectivo, el que podrán hacerlo por escrito, y en el que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien veces de la unidad de?medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Amparo.?? Se señalan las?DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, para la celebración de la audiencia constitucional.??? En términos del artículo 5, fracción II, del?Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la?contingencia por el virus Covid-19, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la?audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los?términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional.???? En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad,?y?por tanto, en el caso de que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la ley de la materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.??? En?términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste?Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.??? Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30, fracción I, de la ley en cita, se hace saber a las autoridades responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán?notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la?inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos:?a)?admisión de demanda;?b)?suspensión provisional o definitiva;?c)?sentencia de fondo;?d)?admisión de recursos de revisión y queja; y,?e)?las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del?Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro siguiente: ?"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".?? ?En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niegan a firmarla o a recibir los oficios; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a las autoridades responsables que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se nieguen a recibir los oficios respectivos, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir sus informes, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que le sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña a su escrito de demanda, asimismo las que señala en el mismo ocurso, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda, tramítese por duplicado incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número VI-897/2021-2, promovido por ... contra actos de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Con fundamento en los numerales 138 y 140 de dicha la Ley, mediante oficio al que se deberá anexar copia de la demanda de amparo, pídase a las autoridades sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberán proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; apercibidas que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil días de salarió mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del dispositivo 260, fracción I, de la norma legal en cita. Por otra parte, se estima pertinente señalar fecha para el desahogo de la audiencia incidental dentro de los diez días hábiles siguientes, en atención a la contingencia de COVID-19; esto es, no es posible fijar dicha audiencia en el terminó que establece la ley porque resulta un plazo muy corto para poder presentar los oficios, tomando en cuenta dicha pandemia y que se acaban de reanudar las actividades y por lo mismo existen muchas notificaciones pendientes de realizar, así que si el Consejo determinó que se hiciera de manera escalonada, entonces también la entrega de oficios se hará de la misma manera; por tanto, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En términos del artículo 5, fracción II del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia incidental se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de partes común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia incidental; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia incidental. En el presente asunto, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".De la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama el auto de fecha 18 de agosto de 2021, emitido dentro de los autos que integran el juicio ... promovido por e... 2.- El Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán 1 del Servicio de Administración Tributaria, se reclama de dicha autoridad la ejecución de la multa impuesta mediante proveído de fecha 18 de agosto de 2021, dictado dentro del Juicio ... Se considera pertinente precisar que la suspensión del acto reclamado, procede cuando se cumplan los siguientes requisitos: a). La existencia del acto reclamado b). Que la naturaleza del mismo permita su paralización y, c). Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." El suscrito, considera que se encuentran reunidos los requisitos que establece el precepto legal transcrito, para conceder a la quejosa, la suspensión provisional solicitada, puesto que es parte demandada en el juicio administrativo de origen ... en el cual le fue impuesta la multa de la cual reclama su ejecución, apercibida la parte quejosa de las penas en que incurren los que afirman hechos falsos, situación más que suficiente para justificar su interés en que se suspenda el acto reclamado. Ahora, en cuanto se refiere al segundo de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que ha quedado antes transcrito, el suscrito resolutor advierte que con la suspensión concedida, no se seguiría perjuicio al interés social, ni se contravendrían disposiciones de orden público, pues de la lectura de la demanda y sus anexos, no se advierte algún dato objetivo del que se aprecie, sin lugar a equivocación, aquella afectación. Es atinente, en lo conducente, lo expresado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis número 50, que aparece en la página 1125 del Tomo XI, correspondiente al mes de febrero del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE PREJUZGAR SOBRE LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL SIN BASE OBJETIVA. Si la quejosa reclama ataques a sus derechos de propiedad y posesión, alegando que la autoridad administrativa la trata de desposeer de un predio por obstruir supuestamente la vía pública, empero en su demanda de garantías aduce que el inmueble que ocupa como de su propiedad no invade espacio público, el Juez de Distrito no puede, sin prueba en contrario, negar la suspensión provisional invocando que no se satisface el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo porque, en su concepto, de concederla se contravendrían disposiciones de orden público como son las contenidas en el capítulo II denominado del "Uso de la vía pública" del Reglamento de Construcción para el Centro de Población de Nogales, Sonora, además de que se obstaculizaría la libre circulación peatonal y vehicular, ya que ello es objeto de prueba durante el trámite del incidente de suspensión; pero además a lo que debe atenderse es precisamente lo que la quejosa argumenta respecto a que no obstruye la vía pública por ser el predio que ocupa propiedad privada, y debe atenderse a sus manifestaciones cuando no hay prueba en contra." (Lo subrayado es de este Juzgado). Ahora bien, tomando en consideración que la suspensión la solicita la parte quejosa, quien aduce tener un interés jurídico por ser parte en el juicio de origen y ser el sujeto a quien va dirigida la multa impuesta, en consecuencia, resulta ocioso atender a la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado, toda vez que dicho requisito no lo prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo (que anteriormente sí lo contemplaba el diverso 124 de la ley de la materia abrogada), sumado a que la actual regulación de la suspensión prevé como juicio de ponderación para proveer sobra la medida cautelar el integrado por la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Ello, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2022619, de rubro: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 135 y 139 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se concede a ...la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran actualmente; esto es, para que la responsable se abstenga de hacer efectiva la multa impuesta en el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ...; siempre y cuando a la fecha no se haya llevado a cabo la ejecución de la misma, en cuyo caso, la medida cautelar carecería de efectos y hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva. Dicha medida suspensional surtirá sus efectos, una vez que el impetrante de garantías acredite ante este Juzgado Federal, haber garantizado el monto correspondiente de la multa que le fue impuesta, ante la autoridad exactora. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia 148/2005, aprobada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 365, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que a la letra dice: MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS., sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva. Por otra parte, en términos del precepto 28 fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan; en el entendido que desde el momento de su recepción, las notificaciones surten sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado, hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y en su caso, si se niegan a firmar o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Igualmente, hágase saber a las autoridades responsables, que para rendir su informe deberán hacerlo por una solo vía; es decir, si lo rinde VÍA FAX o TELEGRAMA, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan, servido de sustento para la emisión del acto reclamado); y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que le sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del citado Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. También, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectiva para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Notifíquese.
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