Secretario de Educación Pública
Expediente 1392/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Secretario de Educación Pública
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, sin que se advierta que el promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; se declara que dicho auto ha quedado firme.Archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno.Notifiquese.
- Principal
Agréguese a los autos la razón actuarial, por medio de la cual la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, dictado en este juicio. Toda vez que de la razón actuarial de cuenta, se aprecia la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para efectuar la notificación del auto de dieciocho de julio de dos mil dieciséis a la parte quejosa, por los motivos que indica; por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele la notificación de dicho acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista. Notifíquese. Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en el que:Vista la demanda de amparo promovida por el Secretario de Educación Pública, contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1392/2016-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en el que la Sala responsable impuso al Titular de la Secretaría de Educación Pública, una multa de doscientos cincuenta salarios mínimos, por incumplimiento al laudo definitivo dictado en el juicio laboral de origen. En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley Reglamentaria. Del análisis de las disposiciones en consulta, se colige que de acuerdo al principio de instancia o iniciativa de la parte agraviada, la acción de promover el amparo, debe ser ejercida por la persona que ve afectado su interés legítimo o esfera jurídica con motivo de la emisión y/o ejecución de un acto de autoridad. Ahora bien, en el caso, la multa impuesta, fue decretada en contra del titular de la Secretaría de Educación Pública, en lo personal y no al cargo, sino a la "persona física" a quien se atribuye la conducta de naturaleza negativa; por tanto, la multa reclamada en nada agravia a la secretaría de la cual es titular, pues el monto decretado debe ser cubierto con patrimonio propio y no con el que forma parte del que le es otorgado a dicha secretaría de estado. Por tanto, solamente la persona física que ocupe el cargo de Secretario de Educación Pública, por derecho propio, o bien, por conducto de su apoderado o representante legal, que lo represente como persona física, podría instar la acción constitucional, al ser aquél en lo personal, quien resiente el perjuicio sobre su esfera jurídica con motivo de la multa, y no acudir al amparo con el cargo que ocupa dentro de la administración pública, como titular de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de persona facultada para representarla a dicha Secretaría, como sucedió en el particular. De este modo, si en la especie la medida coactiva decretada está dirigida a la "persona física" que en su actuar como autoridad, en calidad de "titular" de la Secretaría de Educación Pública, omitió cumplir con lo solicitado, tan es así que la multa decretada debe ser cubierta con su propio peculio, y no con el que le es proporcionado por el Estado, debido al cargo que tiene como titular de la dependencia gubernamental citada, resulta claro que la demanda es improcedente, al no existir el requisito indispensable para la viabilidad del juicio de amparo promovido por personas morales oficiales, establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo, consistente en la afectación a su patrimonio, de ahí que la demanda promovida por el apoderado de la Secretaría de Educación Pública, es improcedente, pues con ese carácter carece de legitimación para incoar el juicio de índole constitucional, porque quien está legitimado para promover el juicio de amparo, lo es la persona física que se indica, por su propio derecho, o bien, por conducto de quien legalmente lo represente en calidad de persona física, y no a través de quien lo represente por el cargo que tiene como servidor público de la secretaria de la cual es titular. Por ende, el apoderado legal de la Secretaría de Educación Pública, no se encuentra legitimado para instar la acción constitucional contra la resolución reclamada antes descrita, ya que si bien está facultado para actuar en representación del titular de dicha secretaría, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no debe soslayarse que el ejercicio de esta potestad está delimitado en aquellos asuntos en los que a esa institución gubernamental compete actuar como persona jurídica oficial o ente público, lo cual no acontece en la especie, pues el acto reclamado está dirigido a su titular en forma personal. Es importante destacar que en el caso, se estima que no es legalmente procedente prevenir al promovente del amparo para que acredite estar facultado para representar, en lo personal, quien actualmente es el Titular de la Secretaría de Educación Pública, toda vez que no se trata de una cuestión de personalidad susceptible de subsanar, sino de la legitimación de quien promueve y ello constituye un requisito indispensable para la viabilidad de la acción constitucional, lo cual no puede ser enderezado por la autoridad de amparo; por ende, debe considerarse que en el caso es notoria y manifiesta la improcedencia de la demanda, pues la forma en que ésta fue planteada ya no podría variarse o alterarse en el trámite del juicio de amparo. En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa la legitimación que le asiste para solicitar la protección constitucional, es incuestionable que respecto del acuerdo reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley Reglamentaria; por lo que procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír, recibir notificaciones y documentos de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, por no acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, al tratarse de la parte patronal quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
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