Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano
Expediente 887/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano
- Direccion General Adjunta de Regularizacion de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal; se declara que el auto que desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, se ordena el archivo del presente asunto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintidós de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dieciocho de diciembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, dieciocho de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo de cuenta con la que Tania Martínez García, en representación del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Subsecretaría de Ordenamiento y Territorial; Dirección General de la Propiedad Rural y Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos de dicha secretaría, personalidad que acredita con copia certificada del nombramiento de uno de noviembre de dos mil quince, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con residencia en esta ciudad; se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 887/2015. En la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: IV.- Acto Reclamado: El Acuerdo dictado en el acta de audiencia de 8 de diciembre de 2015, por el C, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, mismo que en su parte conducente, establece lo siguiente: ".En relación al incidente de incompetencia que promueven los demandados SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU); SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO; DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO; DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO Y DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, este Tribunal Unitario Agrario de Distrito 44, con fundamento en los artículos 192 y 185 fracción III de la Ley Agraria que establece que las cuestiones incidentales se resolverán de plano sin formar artículo de previo y especial pronunciamiento, resuelve SOSTENER COMPETENCIA, en razón de que en este juicio se está tratando de resolver un problema acerca de la nulidad de un acuerdo emitido por una autoridad agraria, como es la demandada, supuesto que se contempla en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo que regula la competencia de los Unitarios por lo cual se reitera este Tribunal sostiene competencia; al tenor de la siguiente tesis jurisprudencial: TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE GOBERNADOS, O ENTRE ÉSTOS Y LAS AUTORIDADES AGRARIAS, EN LAS QUE SE INVOLUCRE LA PROPIEDAD O LA POSESIÓN DE UN PRESUNTO TERRENO NACIONAL." De lo anterior, se desprende que mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, emitida en el expediente 655/2014, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro declaró infundado el incidente de incompetencia planteado por la parte quejosa [ya que decidió sostener la competencia], con base en la consideración toral de que en el mencionado juicio agrario se está dilucidando un problema acerca de la nulidad de un acuerdo emitido por una autoridad agraria, como es la demandada [aquí parte quejosa]. Establecido lo anterior, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que indica: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, el anterior precepto legal impone al órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento, ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Entonces para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, 6 y 7° de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos anteriores se conoce que: El objeto del juicio de amparo es salvaguardar los derechos fundamentales que puedan verse vulneradas por normas generales o actos de la autoridad. Únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En ese contexto, no debe soslayarse que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos son prerrogativas creadas a favor de los gobernados, con la finalidad de reconocer sus derechos mínimos, siendo el juicio de amparo el medio legal para frenar los actos que vulneren dichas prerrogativas por parte de los órganos del Estado. A esta regla general se le opone la excepción prevista en el artículo 7º de la Ley de Amparo, que dispone que las personas morales oficiales podrán ocurrir al juicio de amparo cuando se cumplen con dos condiciones, a saber: ? La primera, que ocurra desprovista de imperio (plano de igualdad con los particulares), es decir, como un simple particular; y, ? La segunda, que ocurran en defensa de bienes del dominio privado, siendo ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de amparo, mas no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación. Cuando se dice que la persona moral oficial se encuentra desprovista de su imperio, significa que ésta actúa como una persona moral de derecho privado, es decir, obra en las mismas condiciones que los particulares, contrayendo obligaciones y adquiriendo derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los gobernados. Ahora, por lo que hace al concepto de afectación a los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, la doctrina ha distinguido entre lo que son bienes del dominio público y bienes del dominio privado, ejemplo de ello, es cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público. Los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Al respecto, importa tener en cuenta que, al resolver la contradicción de tesis 11/2014 , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el actual numeral 7º de la Ley de Amparo , en los términos siguientes: "(58.) Conforme el precepto transcrito, la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se vean afectados en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (59.) De donde se infiere que, cuando la potestad pública ocurre en demanda de amparo a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, al que se refiere el artículo 7o. de la nueva Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de amparo, porque, en tal supuesto, los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública. (60.) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades estatales de las que se encuentran investidos; mientras que en el segundo obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos, lo que significa que las personas morales oficiales, por regla general, tratándose de asuntos del orden civil en el que sean demandadas, al incorporarse con esta calidad en el juicio, quedan en la misma situación que el actor particular y, por ende, actúan como personas de derecho privado, de manera que contra las determinaciones que les sean desfavorables, pueden promover juicio de amparo. (61.) Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Novena Época "Registro: 165308 "Instancia: Pleno "Tesis aislada "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo XXXI, febrero de 2010 "Materia: administrativa "Tesis: P. XXV/2010 "Página: 11 "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades estatales de las que se encuentran investidos, mientras que en el segundo obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza, lo que significa que las personas morales oficiales, por regla general, tratándose de asuntos del orden civil en el que sean demandadas, al incorporarse con esta calidad en el juicio, quedan en la misma situación que el actor particular y, por ende, actúan como personas morales de derecho privado, de manera que contra las determinaciones que les sean desfavorables, pueden promover juicio de amparo. De igual manera, por la naturaleza de la relación tributaria, el contribuyente, aunque sea una persona moral oficial, puede promover juicio de amparo contra el cobro respectivo, ya que actúa en un plano de derecho privado al quedar sujeto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues la afectación a los intereses patrimoniales, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, no debe verse como una situación estricta vinculada a la privación de algún derecho de propiedad o posesión, sino en sentido amplio para comprender cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses. En consecuencia, si al Consejo de la Judicatura Federal se le pretende cobrar tributos, es indudable que se ubica en la regla prevista en el referido artículo 9o. y, por ende, está legitimado para promover juicio de amparo en su contra, porque se trata de una persona moral oficial que en ese supuesto no actúa como un ente dotado de poder público, sino con la calidad de sujeto pasivo de la relación tributaria, esto es, como cualquier otro contribuyente de derecho privado." (62.) Aplicado lo anterior al presente asunto, resulta que, si bien el artículo 7o. de la nueva Ley de Amparo autoriza que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, eso sucede sólo cuando la norma general, un acto u omisión que se reclame afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (63.) Esto es, al igual que como lo establecía el artículo 9o. de la abrogada Ley de Amparo, el cual fue interpretado en varias ocasiones por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo cuando el acto o ley que reclamen afecten sus intereses patrimoniales, y que tal disposición debía interpretarse en el sentido de que dicha afectación sólo ocurría cuando aquéllas realizaban actividades con el carácter de personas de derecho privado, pero no cuando lo hacían en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio, pues en tal supuesto los actos reclamados afectan solamente el ejercicio de la funciones públicas, pero no los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales. (64.) Por tanto, el artículo 7o. de la nueva Ley de Amparo, al disponer que cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo cuando la norma general, un acto u omisión afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación se da únicamente cuando aquéllas realicen actividades con el carácter de personas de derecho privado, pero no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio, como sucede cuando actúan como autoridades demandadas en un procedimiento contencioso administrativo por actos relacionados con la administración pública federal o local, en el que sólo actúan en defensa de la legalidad de un acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio. [El énfasis es por parte de este Juzgado]. De lo expuesto, se advierte que las personas morales oficiales podrán solicitar el amparo y protección de la justicia federal, únicamente cuando se vean afectados en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, asimismo cuando la potestad pública ocurre en demanda de amparo a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, el juicio de amparo resulta improcedente. También se aprecia que si bien el artículo 7° de la Ley de Amparo autoriza que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, eso sucede sólo cuando la norma general, acto u omisión que se reclame afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, pero no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de impero, como sucede cuando actúan como autoridades demandadas en un procedimiento, en el que sólo actúan en defensa de la legalidad de un acto emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio. Establecidas estas consideraciones, en el caso concreto se aprecia que quien promueve la presente instancia es Tania Martínez García, en su carácter de Directora Jurídico Contencioso en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Subsecretaría de Ordenamiento y Territorial; Dirección General de la Propiedad Rural y Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos de dicha secretaría; por tanto, es un organismo de la Administración Pública Federal, razón por la cual se le considera como una persona moral oficial. Una vez determinada la naturaleza jurídica de las solicitantes del amparo, conviene establecer si el acto reclamado afecta sus intereses patrimoniales, pues sólo en ese caso procedería la presente instancia constitucional o, bien, si sus intereses patrimoniales no son afectados, en cuyo caso el juicio de amparo sería improcedente. Así, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, emitida en el expediente 655/2014, por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro en la que declaró infundado el incidente de incompetencia planteado por la parte quejosa [ya que decidió sostener la competencia], con base en la consideración toral de que en el mencionado juicio agrario se está dilucidando un problema acerca de la nulidad de un acuerdo emitido por una autoridad agraria, como es la demandada [aquí parte quejosa]. De lo anterior, se desprende que el acto que por esta vía combaten, no afecta los intereses patrimoniales de las quejosas, en tanto que no causa perjuicio a los bienes y riquezas que integran su patrimonio. Ello es así, en principio, si se tiene en cuenta que, en el juicio agrario 655/2014, Christian Francis Masse Avalet [quien sería, en su caso, el tercero interesado en el presente juicio] demandó en el juicio agrario la nulidad del acuerdo de veintinueve de julio de dos mil catorce, por el que la aquí quejosa declaró la improcedencia del trámite de enajenación del predio "EL OLVIDO" y determinó archivar la solicitud de enajenación presentada por el mismo, al considerar la autoridad demandada -aquí quejosa- el incumplimiento a los requisitos formales del procedimiento establecido por la ley, específicamente lo dispuesto por el el artículo Cuarto Transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Esto es, la acción agraria se enderezó por el promovente Christian Francis Masse Avalet frente al Gobierno Federal por conducto de una de sus secretarías, por virtud de actos de ésta como autoridad administrativa. Lo anterior cobra relevancia, toda vez que la acción del juicio de nulidad ciertamente puede ser incoada contra actos de autoridades administrativas, acorde a lo previsto por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios , incluso, con base en este fundamento legal fue que en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil quince, la autoridad agraria resolvió sostener la competencia del juicio de origen, según transcripción del acto reclamado contenido en la demanda de amparo. De donde se sigue que la posición que guarda la aquí quejosa en el juicio agrario como parte demandada deriva de su calidad de autoridad administrativa, aunado a que se le atribuye un acto como tal. Ahora, de la lectura del acto reclamado, se advierte que la multirreferida excepción de incompetencia -hecha valer por la parte demandada en el juicio agrario- fue desestimada por la autoridad responsable, sin hacer pronunciamiento alguno que afectara el patrimonio de la persona moral oficial, pues sólo se circunscribió a resolver el tópico relativo a la competencia, el cual confirmó a su favor. Así, el acto reclamado, por sí mismo, no actualiza la condición necesaria de afectación patrimonial requerida por el legislador en el artículo 7º de la Ley de Amparo y, por tanto, no es dable en esta instancia constitucional analizarlo. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia III. 3o. T.8 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 2476, del libro 3, tomo III, en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, febrero de 2014, décima época, del rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVAN CONTRA RESOLUCIONES INTRAPROCESALES QUE NO AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL, COMO LA QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA DURANTE EL JUICIO, PUES SÓLO ES ANALIZABLE HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SI TRASCENDIÓ AL RESULTADO [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 55/2003 Y 2a./J. 156/2011 (9a.)]. De acuerdo con los artículos 9o. y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, las afectaciones dentro o durante el juicio que las personas morales oficiales debían atacar en amparo indirecto eran -según ese esquema legal aplicable a cuando ocurrió la cuestión procesal a estudio- los de carácter exclusivamente patrimonial, lo cual no ocurre con los actos intraprocesales en general (afectación a derechos adjetivos), porque sólo producen efectos de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, para obtener un fallo favorable. Así, cuando se logra este objetivo primordial, tales consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación a reparar constitucionalmente. Tampoco son impugnables las posibles violaciones "procesales" de grado predominante, superlativo o relevante, si no involucran un agravio personal, actual y directo a la esfera patrimonial de la persona moral oficial. Así, una cuestión de incompetencia (interlocutoria que desestima el incidente o excepción planteada), ocurrida durante el juicio, sólo produce una afectación adjetiva, si bien de especial relevancia y perjuicio predominante, empero, no trasciende por sí y ante sí, en el patrimonio o presupuesto de la corporación pública demandada. De ahí que no se cumple el requisito de procedibilidad del artículo citado 9o. Ahora bien, desde el plano patrimonial el agravio aún puede ser reparado de obtener resolución favorable la demandada y, si fuera adversa, podría alegar tal violación procedimental en el amparo directo contra dicho fallo, para retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, siempre que genere el agravio de orden patrimonial en definitiva, que la infracción hubiere generado indefensión y trascendido al sentido de tal resolución terminal. Por ello, son inaplicables las jurisprudencias P./J. 55/2003 y 2a./J. 156/2011 (9a.) del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes a impugnar en amparo indirecto la resolución que desecha o estima infundada la cuestión de incompetencia durante la tramitación del juicio, pues no abordaron el tema concreto de violaciones procesales atacadas por personas morales oficiales, por lo que rige como criterio general, excepto a esta categoría de quejosos; por lo que tampoco es factible que por esa razón el Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo directo, desestime como inoperantes los conceptos de violación relacionados, de no existir otro motivo que imposibilite su examen y aunque se trate de un amparo directo promovido bajo la Ley de Amparo vigente, publicada el 2 de abril de 2013, ya que prevalece la misma limitante de sólo tutelar agravios patrimoniales en el artículo 7o. de la propia ley." De ahí que, la parte quejosa no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de que los actos reclamados deriven del juicio agrario mencionado del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, no les da legitimación para promover amparo, al no concretarse la hipótesis del artículo 7° de la Ley de Amparo, ya que el objeto del procedimiento constitucional es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales establecidas para proteger los derechos de las personas físicas o morales, las que no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, máxime cuando no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, ya que no actúa como persona moral de derecho privado, sino como ente público. Por tanto, de manera notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 7º, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa, si bien tiene la calidad de una persona moral oficial, también es que no ocurre en defensa de su patrimonio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/31, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, visible en la página: 1334, cuyo rubro y texto establecen: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creó el juicio de amparo como un medio de control constitucional que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales, lo que pone de manifiesto que, por regla general, únicamente procede contra actos de autoridad que entrañen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos; la excepción a dicha regla se prevé en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme al cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales; el origen de tal excepción radica en que el Estado, como persona moral oficial puede obrar con doble carácter: como ente dotado de poder público y como persona moral de derecho privado; en la primera hipótesis, su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se halla investido y, en la segunda, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en igual forma que los individuos. Sin embargo, esta excepción no se actualiza cuando en un juicio contencioso administrativo, cuya finalidad es sustanciar y resolver las controversias que en materia administrativa y fiscal se plantean entre los particulares y las autoridades, se demanda la nulidad de actos emitidos por éstas, si actuaron como entes dotados de poder público con el que se hallan investidos al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto impugnado; por ende, las personas morales oficiales carecen de legitimación para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal si lo hacen como partes demandadas en el procedimiento mencionado y no en defensa de sus intereses patrimoniales." Asimismo, en lo conducente la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 45/2003, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, junio de dos mil tres, página doscientos cincuenta y cuatro, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De igual forma, la jurisprudencia número 1a./J.171/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de dos mil seis, página 467, que establece: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Cabe aclarar que cuando ocurre el Estado, por conducto de uno de sus órganos, ante un tribunal, lo hace como parte litigante, pero ello no quiere decir que, pueda considerarse como sujeto de derechos fundamentales, como si se tratara de un gobernado, porque no es posible que la autoridad se despoje de su investidura, ni que por el hecho de actuar como litigante, se convierta en un particular, con todas las prerrogativas de éste, excepción hecha cuando ocurra a defender intereses patrimoniales, pues en tal situación se encuentra legitimada para defender los bienes que le fueron otorgados para el desarrollo de sus actividades, situación que en la especie no acontece, es decir, el acto reclamado no afecta su patrimonio en cuanto a relaciones jurídicas en que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, sino únicamente se vio afectado derechos adjetivos. En relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 1°, 6°, 7°, 61, fracciones XXIII, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, formulada por Tania Martínez García, en su carácter de Directora Jurídico Contencioso en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Subsecretaría de Ordenamiento y Territorial; Dirección General de la Propiedad Rural y Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos de dicha secretaría, contra el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Octavio Molina Flores, Rogelio Hernández Rueda, Mauricio Pérez Colín, Jenny Marisol Escobedo Garduño, Marco Antonio Guizar Vargas y Tadeo Rodríguez Calderón, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y y en términos restringidos a Margarita Sánchez Justo, Karina Lara Medina, Ignacio Gómez Rodríguez, Fabricio Saucedo Delgado, Ricardo Valencia San Juan, Eduardo Alberto Flores Pascual, Rafael Rivera Tinajero, Oscar Antonio Reyes Mancera, José Rafael Rivera Ayala, Juan José Cruz Ramírez, Claudia Karina Farías Ramírez, Fabiola Gálvez Nava, Marisol Viviana Cervantes Gallardo, Gerardo Luna Fuentes, Erika Lorena González Padrón, Claudia Ramírez Garrido, Juana Liliana Pérez Tenorio, Laura Guzmán García, Kennedy Margarito Acosta Clemente, Emilio Antonio Correa Aguilar, Yoltehui Anaid Zavala Cortés, Verónica Marianell Merlín Galledos, Israel Mayorga Reyes, Ramón Medina Camín y Ana Miriam de Jesús Palacios, toda vez que aún no cuentan con dicho registro. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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