Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Expediente 47/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Dvid Urbano Arguilez Gallego y Otros.
- Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
- Director General de la Propiedad Rural, en sustitución del Director General de Ordenamiento Y regularización de la Propiedad Rural
- Subsecretario de Ordenamiento Territorial, en sustitución del Subsecretario de Ordenamiento de la Propidad Rural
- Director General de la Propiedad Rural, en sustitución del Director General de Ordenamiento Y regularización de la Propiedad Rural y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Subsecretario de Ordenamiento Territorial, en sustitución del Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural; Director General de la Propiedad Rural, como autoridad sustituta del Director General de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural, así como la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad, todos con sede en la ciudad de México, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar de manera definitiva. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Vista la constancia secretarial de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante proveído de once del mes y año en curso, la cual le fue notificada personalmente por conducto de su autorizado legal el catorce siguiente, respecto a la causa de improcedencia que invocó la autoridad responsable, por lo que el Suscrito procede a resolver lo que en derecho procede. Ahora bien, la parte quejosa Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de la Reforma Agraria, Subsecretario de Ordenamiento Territorial, en sustitución del Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Director General de la Propiedad Rural, como autoridad substituta del Director General de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural; así como la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos por conducto de Elvia Sánchez Hernández, autorizada legal en el juicio de origen, señaló como acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dos, con residencia en ésta ciudad de Mexicali, Baja California, la sentencia interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil quince, emitida dentro del juicio agrario número 593/2013, en el cual declaró improcedente el incidente de competencia. Por su parte, la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dos, con residencia en esta ciudad de Mexicali, Baja California, al rendir informe justificado argumentó que la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, en la cual declaró improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria interpuesto por la aquí quejosa, no le causa perjuicio, ya que no son acto de imposible reparación que afecten derechos sustantivos, por lo que se actualiza, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 172 fracciones I y XII y fracción V del 107 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el suscrito estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio, efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 171, 172 fracciones X y XII y fracción V del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con los citados ordinales, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional.". A efectos de dar sustento a la aseveración hecha, conviene citar aquí el texto del numeral 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por otra parte, los artículos 171, 172 fracciones X y XII y fracción V del 107 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]." "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Ahora bien, se afirma que se actualiza la hipótesis prevista en los numerales citados, ya que la parte quejosa en su carácter de parte demandada en el juicio agrario número 593/2013, reclama la sentencia interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Dos, con residencia en esta ciudad, en donde determinó improcedente el incidente de competencia que planteó, y se declaró legalmente competente para conocer y resolver del juicio en mención. Lo anterior permite concluir que dicha determinación, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso. En efecto, de conformidad con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, a saber: 1. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, 2. Cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se da ninguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), y sus consecuencias tampoco afectan en grado predominante o superior a las partes. En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, cuenta habida que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte agraviada y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tiene la posibilidad la parte quejosa de combatirla conjuntamente con la sentencia si ésta resultara desfavorable a sus intereses, sin que pueda considerarse como una afectación de grado predominante, pues la circunstancia de que se haya declarado improcedente el incidente de competencia, y se pronuncio legalmente competente para conocer y resolver del juicio en mención, únicamente trae como consecuencia inmediata, lógica y necesaria, que se continúe con el trámite normal del juicio, y en el caso de que no obtenga sentencia favorable, y, por ende, no se extingan los efectos y consecuencias del acto reclamado, podrá impugnar la violación procesal reclamada, vía concepto de violación, a través del juicio de amparo directo que llegue a promover en contra de aquel fallo definitivo, y en el caso de que se le concediera la protección constitucional, los efectos de esa concesión se traducirían en ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación de que se trata, con lo cual quedaría reparada la violación procesal en comento. Aunado a lo anterior, se precisa que el artículo 172 de la Ley de Amparo, establece cuáles son las violaciones cometidas dentro del juicio que deben ser impugnadas en amparo directo, dentro de las cuales se encuentran las relativas a la competencia, así como en demás casos análogos. Por consiguiente, es evidente que, en el presente caso, el amparo biinstancial no es la vía idónea para combatir la resolución reclamada, sino el amparo directo que se promueva contra la sentencia, en caso de que ésta sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa, haciendo valer tal cuestión como violación procesal dentro de los conceptos de violación que se planteen, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 171 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado no viola ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal acto se trata de una violación procesal que sólo produce efectos formales o intraprocesales, los cuales, en caso de que ésta obtenga una sentencia definitiva favorable a sus intereses, se extinguirán sin ocasionar ningún perjuicio en los derechos sustantivos de la parte quejosa y, en caso contrario, podrá alegar tal violación en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo. De acuerdo a lo expuesto, el acto reclamado no puede estimarse como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, debe concluirse que no es impugnable a través del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta. Las consideraciones anteriores, se apoyan, en esencia, en la tesis I.5o.C.8 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Publicada viernes 05 de junio de 2015 09:30 h, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo". En mérito de lo anterior, la afectación exorbitante a derechos sustantivos debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo; y la concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia PC.XVIII. J/9 K (10a.) instancia Plenos de Circuito, visible en la página 1272, libro 21 de agosto de dos mil quince, tomo II, materia común, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESESTIMA O DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, con rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la Ley de la Materia vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la ley respecto del significado jurídico de "imposible reparación", desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en un grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, las cuestiones de competencia, se producen de manera negativa o positiva, esto es, cuando la resolución que se pronuncia para decidirla, conduce a que el órgano jurisdiccional que conoce de un conflicto, siga conociendo del mismo, por haberse desestimado la excepción respectiva (negativa), o bien, que la resolución que dirime la cuestión competencial, declare fundada la excepción relativa, caso en el que el órgano jurisdiccional debe dejar de ejercer jurisdicción sobre el asunto (positiva). Tal diferencia fue advertida por el legislador de manera intencional en la norma, porque únicamente previó como hipótesis para que proceda el juicio de amparo indirecto, el caso en que la cuestión de competencia se refleja en su aspecto positivo, es decir, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia, y por ello, se suspende la jurisdicción del órgano que conoce del asunto, ello al establecer el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aspecto que no debe ampliarse a una hipótesis distinta y contraria, pues ello trastocaría el sistema defensivo diseñado por el legislador, respecto del tema de las competencias. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha o desestima la excepción de incompetencia, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto distinto y contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. En tales circunstancias, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, ya que se estableció al amparo de una legislación que dejaba abierta la posibilidad de interpretación de lo que debía considerarse como actos en el juicio de imposible reparación, lo que no acontece en la Ley de Amparo vigente." Así como, la diversa Jurisprudencia PC.VI.A. J/1 A (10a.), instancia Plenos de Circuito, visible en la página 1469, , libro 24 de noviembre de dos mil quince, tomo II, materia común, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE RESPECTO DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DETERMINEN IMPROCEDENTE EXCUSARSE DE CONOCER DE UN ASUNTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin que haga distinción en cuanto a la naturaleza del procedimiento del que emane el acto; así, dicha disposición no puede hacerse extensiva a los casos en que la autoridad determine improcedente excusarse de conocer de un asunto, porque, en términos de los artículos 171 y 172, fracciones X y XII, de la ley de la materia, este tipo de determinaciones debe hacerse valer al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como violación a las leyes del procedimiento, siempre y cuando haya trascendido al resultado del fallo. Lo anterior, trasladado a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, conduce a estimar que cuando la determinación de no excusarse proviene de una autoridad administrativa tampoco procede el juicio de amparo indirecto." De igual manera es ilustrativa al presente caso por las consideraciones que la contienen la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2159, Tomo III, Febrero de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Así mismo, es aplicable al caso la tesis jurisprudencial número 774 consultable en las páginas 523 y 524, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva". En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 171, 172 fracciones X y XII y fracción V del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer el juicio en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del quince de abril de dos mil dieciséis.
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.......SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS 9:50 HORAS DEL 15 DE ABRIL DE 2016 PARA SU CELEBRACIÓN................
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Juez Mixto de Primera Instancia de San Felipe, Baja California; al que adjunta despacho 22/2016 de su índice, derivado del diverso 4/2016, parcialmente diligenciado, ya que emplazó a juicio únicamente a José Ambriz Juárez y Carmen Catalina Torres Romero, según se advierte de las razones actuariales de cuatro de marzo del presente año; a excepción del tercero interesado Pablo Pino Rubio. Sin que sea el caso ordenar el emplazamiento de Pablo Pino Rubio, toda vez que mediante escrito presentado ante este en juzgado, en fecha veinticinco de febrero del año que transcurre, compareció al presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo a la autoridad oficiante, para todos los efectos legales correspondientes.
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