Sebastian Zavala Avalos
Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sebastian Zavala Avalos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción II, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios SSP/DJCMA/0825/2023 y SSP/DJCMA/0826/2023 signados por el Titular de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán (denominación correcta de la autoridad señalada como Responsable de la Cárcel Preventiva Barandillas de Morelia Michoacán, con sede en esta ciudad), así como con la constancia actuarial de veinticuatro de agosto del año en curso, mediante los cuales, respecto de los oficios, la autoridad rinde informe con justificación y en relación a la suspensión de oficio y de plano, además exhibe pruebas documentales y señala delegados de su parte y, por lo que ve a la constancia de la actuaria adscrita en la que hace constar su comparecencia en las instalaciones que ocupa la referida Dirección, ello en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticuatro de agosto anterior, se le tiene informando y haciendo constar lo que de dicha constancia se advierte; ello, para los efectos legales procedentes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 22, última parte del párrafo primero y 117, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por rendido a la responsable su informe con justificación y en relación a la suspensión de oficio y de plano. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la cita ley, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que exhibe la responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Y, en término del artículo 9° de ese ordenamiento, se tiene a la responsable designado delegados de su parte, a las personas que indica en sus oficios de cuenta. Ahora bien, en la especie, se determina que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En principio, en el juicio de amparo en que se actúa se advierte que se admitió la demanda presentada por *********, quien se ostentó como defensor particular de ************, en la que reclamó del Titular de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán (denominación correcta de la autoridad señalada como Responsable de la Cárcel Preventiva Barandillas de Morelia Michoacán, con sede en esta ciudad), lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: Se reclama de la referida autoridad el hecho de tener incomunicado al quejoso desde aproximadamente las 20:30 veinte horas con treinta minutos del día 23 veintitrés de agosto del año en curso, con el peligro y zozobra de estar siendo torturado sin estar asistido por profesionista en derecho que lo oriente sobre su actual situación y sabiendo cuáles son sus derechos con la finalidad incriminarla en hechos delictivos desconocidos por el mismo." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, como se anticipó, se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se advierte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de Improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario Constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, como se dijo anticipadamente, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía para su protección exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este sentido, cabe recapitular, como se vio párrafos previos, los actos reclamados se hacen derivar de la incomunicación y, como consecuencia de ello, la posible tortura de la que fue objeto el aquí quejoso directo, ello por parte del Titular de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán (denominación correcta de la autoridad señalada como Responsable de la Cárcel Preventiva Barandillas de Morelia Michoacán, con sede en esta ciudad). Luego, en el informe rendido por la autoridad responsable negó la existencia de los actos que se le reclaman; así como, que exhibieron documentales públicas de las que se advierte, que a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se dejó en libertad al aquí quejoso directo **********, lo que se corrobora de la constancia actuarial de esa misma fecha. Tomando en consideración que las aludidas documentales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por estar expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones públicas encomendadas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De esta manera, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que los actos reclamados se hacen derivar de la incomunicación y, como consecuencia de ello, la posible tortura de la que fue objeto el aquí quejoso directo por parte de la autoridad señalada como responsable; así como, que posterior a la presentación a la demanda -veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés-, el quejoso directo fue puesto en libertad -a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés-, dejando de surtir sus efectos los actos reclamados, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien dentro del presente juicio la parte quejosa señaló como acto reclamado la incomunicación y, como consecuencia de ello, la posible tortura de la que fue objeto el aquí quejoso directo por parte de la autoridad señalada como responsable; lo cierto es, que ya fue puesto en libertad el referido quejoso, ello con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos fundamentales. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sin que sea obstáculo a ello, que también se reclamara las consecuencias de la incomunicación del quejoso directo, como pudiera ser la posible tortura de la que pudo ser objeto; puesto que ello lo hizo depender de dicha incomunicación, la cual dejó de surtir sus efectos y, por ende, los efectos de los demás actos consecuencia de la primera. Sirve de apoyo en lo conducente, por identidad jurídica y por las razones que informa la Tesis: II.2o.P.93 P (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1779, que dice: "ACTOS PROSCRITOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, RECLAMADOS ÚNICAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA ORDEN DE TRASLADO. RESULTA INNECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DISPONGA MEDIDAS ADICIONALES PARA INDAGAR SOBRE SU EXISTENCIA, SI LAS RESPONSABLES NEGARON EL TRASLADO COMBATIDO." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por******************** quien se ostenta como defensor particular de **********, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.ef, a nombre del citado defensor particular; contra actos del Responsable de la Cárcel Preventiva Barandillas de Morelia Michoacán, con sede en esta ciudad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo, por los actos que hace consistir en: ACTO RECLAMADO: Se reclama de la referida autoridad el hecho de tener incomunicado al quejoso desde aproximadamente las 20:30 veinte horas con treinta minutos del día 23 veintitrés de agosto del año en curso, con el peligro y zozobra de estar siendo torturado sin estar asistido por profesionista en derecho que lo oriente sobre su actual situación y sabiendo cuáles son sus derechos con la finalidad incriminarla en hechos delictivos desconocidos por el mismo. Ahora bien, del escrito de cuenta, presentado por********************, defensor particular del quejoso, informa que ************, se encuentra en las instalaciones de la Cárcel Preventiva Barandillas de Morelia Michoacán, con sede en esta ciudad, señalado como autoridad responsable. En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, con el número 1131/2023. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Ahora bien, de conformidad con los artículos 125 y 126, en relación con el 15, de la invocada Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE OFICIO Y DE PLANO respecto de la incomunicación y la tortura que dice el promovente puede ser objeto el quejoso directo Sebastián Zavala Avalos, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten la vida e integridad personal del citado quejoso, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo anterior comuníquese sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a la autoridad responsable para que de inmediato dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano otorgada al quejoso directo Sebastián Zavala Avalos, apercibida que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en términos de la fracción I, del artículo 262, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Por otra parte, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, toda vez que como se advierte de párrafos anteriores se está otorgando la suspensión de oficio y de plano. Ahora bien, toda vez que el promovente del amparo manifiesta que el quejoso *********** se encuentra incomunicado en las instalaciones de la Cárcel Preventiva Barandillas de Morelia Michoacán, con sede en esta ciudad; se faculta al Actuario de la adscripción a fin de que se constituya en las citadas instalaciones, y se cerciore de la presencia del quejoso directo, y en caso de no encontrarlo, deberá constituirse en cualquiera de los centros de detención o reclusión en que pueda encontrar a Sebastián Zavala Avalos, de quien deberá dar fe si el quejoso ha tenido comunicación con algún familiar, persona de su confianza o defensor, así como del estado físico exterior que presente el quejoso, levantando acta pormenorizada al respecto, además, deberá indagar específicamente ante qué autoridad se encuentra a disposición, debiendo hacer del conocimiento de la autoridad a cuya custodia se encuentre, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto y levantar constancia de lo anterior. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de amparo, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia Constitucional se fijan NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Ahora bien, como lo solicita se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con los nombres de usuarios **********, el cual se encuentra registrados en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, hágase del conocimiento de la citada parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, se autoriza a la parte quejosa, que las notificaciones que deban realizarse de manera personal le sean practicadas en la vía electrónica; en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 71/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2020082, de rubro y texto siguiente: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Del mismo modo, se tiene como autorizados de la parte quejosa para tal efecto a ********************,********************y********************, quienes gozaran de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron los datos inherentes a las cédulas profesionales números ********************, ********************y********************, que acreditan a los citados autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del presente asunto, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias relacionadas con este juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase.
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