Sebastian Villanueva Cumplido
Expediente 24/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Sebastian Villanueva Cumplido
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la resolución de once de enero de dos mil veintiuno, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Jueza Segundo Especializada del Tribunal para Menores Infractores, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que se encontraba transcurriendo el término a efecto de que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, así como lo determinado en la Circular CAP/3/2020, en la que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; toda vez que en dicha sesión, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; por ello, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Lo anterior implicó la suspensión de plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, para dar trámite únicamente a los escritos iniciales calificados como "urgentes" presentados de manera física o electrónica, el seguimiento de los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad, así como la tramitación de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Posteriormente, mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, comunicó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" y se dieron a conocer las medidas adoptadas para la operación de los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En tal virtud, conforme lo dispuesto por el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se adoptan las medidas de ampliación de plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; se dispone la reanudación de plazos y términos procesales, así como la continuación del trámite de los expedientes en el punto en que se quedaron pausados. Acorde con el referido Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y términos procesales es del conocimiento general por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como lo comunicado en la Circular SECNO/1/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales; constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "naranja" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los actuarios judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación de reanudación procedimental deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. En tal virtud, por cuanto a la razón de cuenta que antecede,se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio. Con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo ejecutoria y archivo, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del referido manual. Notifíquese.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por **, en su calidad de defensor particular del quejoso Sebastián Villanueva Cumplido. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 24/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA El artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en su calidad de defensor particular del quejoso Sebastián Villanueva Cumplido, señala como acto reclamado el siguiente: La resolución emitida el quince de diciembre de dos mil veinte, dictada en el juicio oral 12/2020, derivado de la causa minoril 1/2020, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, por lo que se confirmó su contenido (en el que se señaló fecha para la audiencia de debate de juicio oral para el doce de enero de dos mil veintiuno y en el que se determinó que se llevará mediante videoconferencia en tiempo real, por la plataforma zoom; asimismo, apercibió a las partes para presentar sus respectivos medios de prueba en la fecha señalada). Expuesto lo anterior, este juzgador estima que el acto impugnado no es de aquellos de naturaleza de ejecución irreparable, a los que alude la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, sino que antes bien, resulta ser violación que sólo produce efectos formales en el proceso, que de ningún modo, ocasionan trasgresiones a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Al respecto, nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, ha sostenido que algunos de los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y por el contrario, no existe tal ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; de tal suerte, que definió que los primeros, son susceptibles de ser combatidos, a través del juicio de amparo indirecto, mientras que los segundos, pueden ser reparados en amparo directo. Establecido lo anterior, en virtud de que el acto reclamado emana de actos procesales llevados a cabo dentro del juicio oral 12/2020 derivado de la causa minoril 1/2020, índice del Juzgado Segundo Especializado del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango (acuerdo en que determinó improcedente recurso de revocación interpuesto contra el auto que fijó fecha para desahogar la audiencia de juicio oral por videoconferencia), entonces, se tiene que esto no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Así, aplicando lo expuesto al caso de nuestra atención, se advierte que la resolución impugnada, no constituye un acto de imposible reparación, que en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, haga procedente el juicio de amparo indirecto, toda vez, que esos efectos son meramente formales y pueden desaparecer si en la sentencia definitiva la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses, y en caso de resultar contrario, puede reclamarlo a través del juicio de amparo directo, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 173, apartado A, fracción VIII, de la ley de la materia, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que, no se afecten materialmente los derechos sustantivos del aquí quejoso, pues se reitera es un acto procesal, cuyos efectos son meramente formales que no producen efectos legales y materiales en su perjuicio. Con base en lo anterior, el acto reclamado especificado, únicamente puede constituir una violación de derechos adjetivos con efectos intraprocesales que no afecta a las partes, pues no representan una ejecución que sea de imposible reparación, porque en esos actos no se contiene una disposición del juzgador que afecte con su solo pronunciamiento los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, la propiedad, etcétera, lo que se trata de una cuestión adjetiva, no suficiente para que proceda el juicio de amparo indirecto. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten la defensa del quejoso, trasciendan al resultado del fallo adverso y hayan sido impugnados durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto" DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Lo anterior, nos lleva a desechar de plano la demanda de amparo, toda vez, que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Guarda aplicación el criterio de la literalidad siguiente: " HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO. En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta sito en calle Gómez Palacio número 401, zona centro de esta ciudad. ACCESO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de David Alonso Arroyo Nevárez, y atento su contenido, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo con el usuario "D**". TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte. Por otro lado, mediante Circular CAP/3/2020 la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En dicha sesión, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y, de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; por ello, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Lo anterior implicó la suspensión de plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, para dar trámite únicamente a los escritos iniciales calificados como "urgentes" presentados de manera física o electrónica, el seguimiento de los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad, así como la tramitación de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Posteriormente, mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, comunicó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" y se dieron a conocer las medidas adoptadas para la operación de los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En tal virtud, conforme lo dispuesto por el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se adoptan las medidas de ampliación de plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; se dispone la reanudación de plazos y términos procesales, así como la continuación del trámite de los expedientes en el punto en que se quedaron pausados. En atención a lo anterior, SE CONTINÚA CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. Acorde con el referido Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y términos procesales es del conocimiento general por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como lo comunicado en la Circular SECNO/1/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales; constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "naranja" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los actuarios judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación de reanudación procedimental deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. En ese sentido, toda vez que la Junta Federal Número 27 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente para que dentro del término de tres días remita el referido cumplimiento, o bien, informe si tiene algún impedimento para ello; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (unidad de medida y actualización), conforme a lo establecido en el artículo 258 del referido ordenamiento legal, haciendo de su conocimiento, que de incumplir con la ejecutoria de amparo, se continuará con el trámite que establece el artículo 193 de la multicitada Ley de Amparo. Notifíquese.
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