Sebastian Salazar Ramírez

Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
775/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Sebastian Salazar Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Titular del Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual, informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, ya que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 19, fracción I, inciso b), del acuerdo general en cita, se prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y judiciales una vez que cumplan seis meses de haberse archivado como asuntos concluidos. Hipótesis en la que se ubica el presente cuaderno, toda vez que se formó con motivo de la incompetencia planteada; por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado el archivo como asunto concluido. Lo anterior, previa acta de baja documental y listado de los expedientes a destruir que deberá elaborarse para constancia, misma que se remitirá en forma impresa y/o electrónica a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 22 del invocado acuerdo general.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado el promovente a notificarse personalmente del auto de veinte de julio de dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c), y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados del Juzgado, el acuerdo de referencia, mismo que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: Vista la comparecencia de diecinueve de los corrientes, a través de la cual el promovente, ratificó el escrito aclaratorio de demanda presentado el once de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se tiene por cumplida la prevención realizada en auto de seis de julio de este año. INCOMPETENCIA No obstante lo anterior, se considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo. Ello, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; 52, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman. En el caso, del escrito de demanda se advierte que el solicitante de amparo señaló como acto reclamado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades: - La retención y/o descuento a su salario como jubilada. Ahora, en el escrito de demanda, la parte quejosa manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: - Que es jubilado y percibe de manera quincenal * por parte del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; por tal motivo, el justiciable estima que los descuentos de la cantidad que percibe son irrisorios al recibir * por deducciones por los conceptos "*". - Que el descuento no debe ser mayor al treinta por ciento y tiene que ser consentido por los trabajadores, lo cual no aconteció y esa deducción excede el límite permitido por la constitución federal. - Que las responsables no justifican o prueban de alguna manera porqué hicieron las retenciones. - Que se conceda el amparo y protección de la justicia federal para que los descuentos cesen y se restituyan aquellos que se efectuaron; esto es, el reembolso de las retenciones o descuentos que la parte quejosa estima que deben declararse como nulos. Conforme a lo trascrito, se evidencia que el acto reclamado se traduce en reducciones a la pensión que percibe el inconforme. Ahora bien, del escrito inicial de demanda no se advierte que el justiciable señalara bajo protesta de decir verdad dónde tiene su domicilio particular. Sin embargo, en la comparecencia de diecinueve de julio del año en curso, el promovente señaló, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio particular es el ubicado en *a. Incluso, de la copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, se advierte el mismo domicilio De manera que, si la competencia por territorio atiende al lugar en el que el justiciable tiene su domicilio por ser en el que resiente el perjuicio que reclama y, por su parte, con lo manifestado por el justiciable, así como su identificación oficial revelan que el domicilio de la parte quejosa, es en *; entonces, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para resolver la presente controversia. Sin que pase desapercibido que en el apartado intitulado como: "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- *, con domicilio señalado en la presente demanda de amparo indirecto en la parte superior precedente, mismo ubicado en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa". No obstante, el domicilio que la justiciable refiere en la "parte superior precedente" es el procesal, como a continuación se evidencia: ".señalando domicilio para recibir notificaciones en *. Incluso tal circunstancia se advierte de las diversas demandas de amparo tramitadas en este órgano jurisdiccional en las que se cita como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que se precisa. Por tanto, se considera que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en una circunscripción territorial distinta a la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, Mazatlán, Sinaloa, pues en términos de la Jurisprudencia 2a./J.152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos efectos se materializan, en el lugar de su domicilio. Lo que se afirma (se insiste), pues conforme a lo trascrito, se evidencia que el acto reclamado se traduce en deducciones a la pensión que percibe en Concordia, Sinaloa, la parte quejosa por concepto de crédito personal que éste adquirió. De ahí que, resulta válido concluir que las retenciones para cubrir esos créditos y entregarlo a la institución crediticia de referencia, está intrínsecamente ligada a su domicilio por tratarse de persona jubilada, y ser el lugar donde materialmente se ejecuta ese acto. Pues es allí donde cobra vigencia la materialización de la retención ordenada, con independencia de que las autoridades responsables tengan su domicilio en Culiacán, Sinaloa, ya que en el presente caso debe considerarse el lugar donde la orden de retención deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado que lo será precisamente en el lugar en el que el justiciable tiene su domicilio, como se advierte de lo manifestado por la propia quejosa y la jurisprudencia 2a./J.152/2009, citada por analogía con anterioridad. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de distrito, se declara incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por *, sin juzgar sobre la procedencia del juicio. Por lo tanto, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa Ciudad, acompañándole los autos originales del expediente en que se actúa y copias de traslado de la misma, con el objeto de informarle el presente proveído y para lo que tenga a bien determinar. Solicitándole, de no existir inconveniente, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. CUADERNO DE ANTECEDENTES Ahora bien, con copia certificada de la demanda y demás constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    En virtud de no haberse presentado el promovente a notificarse personalmente del auto de doce de julio de dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c), y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados del Juzgado, el acuerdo de referencia, mismo que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el escrito que se dice firmado por ***********, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de seis de julio de dos mil veintitrés. Previo a acordar respecto a su contenido, INDÍQUESE a la parte promovente que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, deberá ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta ante presencia judicial en este órgano jurisdiccional, para lo cual deberá traer identificación oficial con fotografía. Lo anterior, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, de conformidad con el artículo 114, fracción I, de la Ley de la Materia, en la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADO EL ESCRITO. Lo anterior, atento a la comparativa entre la firma que obra en el escrito inicial de demanda, con la que calza el ocurso de cuenta, de la que se advierte la no concordancia entre los trazos y rasgos de los que se componen las mismas. Firmas que enseguida se digitalizan: Escrito inicial de demanda. Escrito que se acuerda: De ahí que ante la manifiesta y clara diferencia entre las firmas, y a fin de cerciorarse que el escrito de cuenta fue formulado por quien se dice lo autoriza con su firma; es que se ordena ratificar el mismo. Al respecto se cita, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XLVI, página 4364, registro 335035, cuyo rubro y texto dicen: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO. Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado". Ahora, en relación con lo anterior, hágase del conocimiento de la parte promovente que los artículos 261 fracción I, de la Ley de Amparo, y 247, fracción IV, del Código Penal Federal, imponen una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a quienes, entre otras cosas, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, así como de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa, al que faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales.

  4. Principal

    En virtud de no haberse presentado el promovente, a notificarse personalmente del auto de seis de julio de dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la Sección de Actuaría, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que fija en los estrados de las instalaciones del Juzgado y que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por ***************************, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese el expediente 775/2023-I-C, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II, y V, en relación con el 108, fracción V y 110, todos de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Informe si ha celebrado algún(os) contrato(s) y/o convenio(s) con alguna institución financiera y, que pudiere haber motivado u originado las retenciones y/o descuentos que aduce aparecen en sus recibos de nómina, que reclama en esta instancia constitucional. En caso de haber celebrado algún(os) contrato(s) y/o convenio(s), deberá allegar a este órgano jurisdiccional copia certificada u original del mismo. Asimismo, en relación con la manifestación que bajo protesta de decir verdad que se requiere en la prevención, hágase del conocimiento de la parte promovente el contenido de los artículos 261 fracción I, de la Ley de Amparo, y 247, fracción IV, del Código Penal Federal, que disponen: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". "Artículo 247.- Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa: (.) IV.- Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales." SOLICITUD DE COPIAS DE ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA En el entendido que deberá allegar cinco copias del escrito aclaratorio, para distribuirse para distribuirse de la siguiente manera: - dos para las autoridades responsables; - una para la tercero interesada; - una para el cuaderno incidental; y, - una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. En la inteligencia que deberá cumplir con la prevención que se le hace, por escrito, dentro del plazo señalado para tal efecto; APERCIBIDA que de no hacerlo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 del citado ordenamiento legal, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en **************************, y como sus autorizados únicamente para esos efectos a *****************, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico y número de teléfono que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, se autoriza a la reproducción electrónica a través de fotografías o scanner de las actuaciones del presente expediente, SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ AVISO A LA SECRETARIA RESPECTIVA ANTES DE REALIZAR ESA ACTIVIDAD, para asentar la constancia respectiva, y se trate de actuaciones que no sean de uso reservado o restringido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso.

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