Sebastián Rodríguez Flores
Expediente 1076/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2020
Partes del expediente
- Sebastián Rodríguez Flores
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que mediante sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso CLEMENTE GUZMÁN PLASCENCIA, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, y del Actuario adscrito al mismo, para que tomando en cuenta el estado procesal que guardan los autos del juicio laboral 237/2019 de su índice, proceda a pronunciarse en relación a la demanda laboral promovida por el aquí quejoso Clemente Plasencia Figueroa, y en su caso, de ser procedente, ordene celebrar la audiencia de conciliación a que se refiere el numeral 134 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, en el plazo fijado en dicho precepto. Asimismo, para que el Actuario adscrito a dicho Tribunal notifique a las partes el acuerdo que se emita en relación a la demanda laboral presentada por la quejosa de referencia. En cumplimiento a ello, el Presidente Árbitro del tribunal laboral responsable, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el cinco de febrero de dos mil veinte, adjuntó en cumplimiento al fallo copia autorizada del auto de cuatro de ese mismo mes y año, a través del cual se pronunció en relación al escrito de demanda interpuesta por CLEMENTE PLASCENCIA FIGUEROA, y señaló las diez horas del dieciocho de febrero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación precitada, ello dentro del expediente 237/2019. Sin embargo, a la fecha no se advierte que se haya notificado dicho auto a las partes, menos aún que se haya celebrado la citada audiencia; consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y al Actuario Notificador adscrito a dicho Tribunal, ambos con sede en esta ciudad de Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificadas del presente auto, procedan a dar cumplimiento en los términos indicados, debiendo justificar ello con las constancias debidamente certificadas, ordenadas y legibles, que se sirvan dar a la referida ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el precepto legal invocado, en relación con el diverso arábigo 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien días Unidades de Medida y Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado vía electrónica por Raúl Arellano Guzmán, en su carácter de apoderado legal de CLEMENTE PLASCENCIA FIGUEROA y en atención a su contenido, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito que remite vía electrónica Federico Benjamín Macedo Peña, autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele al aludido promovente que no ha lugar a tener por ampliada la demanda en el presente sumario, lo anterior se debe a que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo. En efecto, el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda o ampliación sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción; de ahí que se estime que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su aclaración y/o ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado y que influyen en la configuración de la litis constitucional, como el de la aclaración de la demanda de amparo. Es aplicable a lo considerado, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, Materia Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, del Tomo XXXIII, Junio de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Por otra parte, tomando en consideración que los autos del juicio de amparo 176/2020, se encuentran en proyecto de resolución, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, y en atención a las manifestaciones que expresa tendentes en señalar que para estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en los presentes autos, se requiera a LEOPOLDO PARTIDA SALAZAR, representante legal y Presidente del Consejo de Administración de la persona moral denominada "INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT", Sociedad Anónima de Capital Variable, FRANCIS RUBÍ TORRES NOVA y PAÚL LEDEZMA ROSALESMA, parte quejosa en el presente juicio de amparo, para que proporcione a la citada Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLAVE EXPEDIDA POR EL SAT, ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL, COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR y COMPROBANTE DE SU DOMICILIO, a efecto de que les sea depositada la cantidad que le será devuelta. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días justifique ante este Juzgado de Distrito, que compareció ante la autoridad que se indica en el oficio de cuenta, y proporcionó los datos solicitados a efecto de que, como se dijo con antelación, la citada autoridad esté en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por cumplido el fallo protector pronunciado en autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a lo diverso que solicita, en relación a que se le autorice un plazo de quince días hábiles contados a partir de que la parte quejosa le proporcione los datos requeridos para realizar el trámite y dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dígasele que en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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