Sebastían Reyes Flores
Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sebastían Reyes Flores
- Sebastían Reyes Flores y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente asunto, misma que sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1142/2022, promovido por *************************, por propio derecho, respecto del acto reclamado a la [1] Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud de Guerrero, y [2] Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud de Guerrero; de acuerdo a lo expuesto en el considerando TERCERO de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal. Notifíquese.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 574/2022 promovido por María Verónica Barrera Gutiérrez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Rosa Rodríguez Guadarrama, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. RESULTANDO: 1. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el dos de junio dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito; la quejosa demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades siguientes: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Y por los siguientes actos: "IV. a) la falta de justicia pronta y expedita a la cual tiene derecho mi mandante de acuerdo al articulo 17 contenido en nuestra Carta Magna; ya que se abstiene de acordar en sus términos el diverso presentado el 18 de abril de 2022." 2. Admisión de la demanda y trámite. El seis de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda (foja 11-13); al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se le dio la intervención que le compete (foja 14); se emplazó al tercero interesado; la autoridad responsable rindió su informe justificado y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; además, el acto reclamado es atribuido a una potestad con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la peticionaria reclamó de la potestad responsable: La omisión de acordar el escrito firmado por su apoderada legal en el juicio laboral 152/2013, presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. TERCERO. Existencia del acto destacado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Señaló que no ha acordado la promoción presentada por la parte quejosa en virtud de sus cargas laborales. De ahí la certeza de acto reclamado que se le atribuyen. CUARTO. Estudio relativo a la procedencia del acto reclamado. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. Al respecto, las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia, y de oficio no se advierte la actualización de alguna; por tanto, lo procedente es entrar al fondo de este asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Para comenzar, se prescindirá de hacer una transcripción de los conceptos de violación; por ello, se deben tener por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, pues además de inexistir disposición legal obligatoria en ese sentido, ello no le causa perjuicio al quejoso ni lo deja en estado de indefensión. Así, se considera esencialmente fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso, el concepto de violación en donde medularmente alega que la responsable vulnera su derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 17 Constitucional señala: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El referido precepto constitucional establece: I) El derecho que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. II) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. III) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. El precepto en análisis pertenece a la especie de los principios de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto se tiene el derecho de seguridad jurídica, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De ahí que, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios, traducidos en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En ese sentido, el artículo 91 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su redacción aplicable dispone lo siguiente: Ahora, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte un término injustificado para acordar el escrito que presentó la parte quejosa el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. En dicho escrito solicitó: 1) que se hagan efectivos los apercibimientos decretados en auto de catorce de febrero del año en curso; 2) se requiera de nueva cuenta el pago del laudo con los apercibimientos respectivos. Las mencionadas peticiones se instan en etapa de ejecución de laudo, y no son una cuestión compleja, por ende, no se justifica que su estudio lleve más de tres meses. Se sostiene lo anterior, dado que la responsable únicamente debe analizar si existe renuencia por parte de las demandas en cumplir con lo ordenado, y en su caso, determinar si procede hacer efectiva la medida de apremio y volver a requerir el pago respectivo. De ahí que es irrazonable el término que ha trascurrido desde la presentación del escrito respectivo a la presente fecha, lo que genera una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución. Por tanto, es evidente que dicha omisión se refleja en una verdadera afectación a derechos sustantivos que vulnera la garantía de acceso a la impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ilustra lo anterior la mencionada Jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2024318, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, página 1927 de rubro y texto: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." Es relevante la tesis 1.4o.A.5K, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicada en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro y texto siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." Por tanto, el acto reclamado vulnera la garantía de acceso a la impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, es inconcuso que esa conducta transgrede en perjuicio de la quejosa, el derecho humano de justicia pronta y expedita prevista en el citado ordenamiento, por lo que es procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, obre en el sentido de respetar el derecho humano trasgredido a la quejosa, por lo cual, queda obligado a: Acordar de manera fundada y motivada el escrito firmado por la apoderada legal de la quejosa en el juicio laboral 152/2013, presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. SEPTIMO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a María Verónica Barrera Gutiérrez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Rosa Rodríguez Guadarrama; en lo concerniente al acto reclamado a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Lo anterior, por lo argumentado en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el diverso considerando SEXTO, de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, hoy dos de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta presentado por ******************** autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene por señalando como nuevo domicilio donde pudiera ser emplazado a juicio la aquí tercero interesada ********************el cual se ubica en Calle ********************por tanto, se le tiene por dando cumplimiento a lo ordenado en autos. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio antes señalado y emplace a juicio a la tercero interesada ********************asimismo, la requiera en el acto de la diligencia para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído; y, la aperciba que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este Tribunal Federal. Asimismo, le haga de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Sebastián Gómez González y Otros.478/2023
- Sebastián Gomez Gonzalez y Otros.543/2023
- Sebastián Gomez Gonzalez y Otros.1221/2023
- Sebastián Gómez González1526/2023
- Sebastían Gómez González y Otros.1505/2022
- Sebastían Ortiz Zayas1387/2022
- Secretario de Cultura del Estado de Guerrero229/2018
- Secretario de Salud en el Estado de Guerrero1346/2018
- Secretario de Salud en el Estado de Guerrero1145/2018
- Selene Irra López1220/2023
- Selene Sotelo Maldonado y Otros.1179/2023
- Seleni Rodríguez Romero185/2019