Sebastian Reyes Abogado

Expediente 646/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
646/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Sebastian Reyes Abogado

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio del Juzgado Decimotercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo e informa que aceptó la competencia declinada, de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se determinó la incompetencia por conocimiento previo de la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ..., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 646/2022, tramítese el asunto en su versión física y electrónica, observando el artículo 3° de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PLANTEADA, en atención a lo siguiente: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su Título Cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces federales, desprendiéndose un conjunto de reglas para la distribución de la misma con base en los elementos fundamentales siguientes: 1. La materia misma o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiere a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado, que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. 2. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa. 3. Si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Conforme al ordinal 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los y las jueces de distrito en materia administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial. Atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo, la tesis I.3º.C.100 K, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 1431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163502, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito, se advierte, entre otras disposiciones, que los Jueces de Distrito en Materia administrativa conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial administrativa en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; de igual forma, conocerá de los actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio o fuera de él o después de concluido. En el caso, de la demanda de amparo, se aprecia que el accionante reclama: "Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS se reclama la omisión en determinar los lineamientos y modalidades para otorgar los permisos para obtener la autorización sanitaria para la circulación, comercialización, venta, producción y similares cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, Cigarrlos [sic] electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, además, de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. Esta negativa estaría fundamentada en el sistema prohibitivo conformado por los artículos 235, último párrafo, 245, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, los cuales han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Traduciéndolo en el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, publicado el treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, entrando en vigor en esa misma fecha. Del H Congreso de la Unión se reclama la omisión en eliminar la prohibición circulación, comercialización, venta, producción y similares cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, Cigarros electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, además, de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte, además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. Esta omisión está fundamentada en el sistema prohibitivo conformado por los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, los cuales han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del H. Congreso de la Unión se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción Il. 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, los cuales han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que continúan vigentes en perjuicio del suscrito. De la Secretaria de Salud se reclama la omisión en determinar los lineamientos y modalidades para otorgar los permisos para obtener la autorización sanitaria para consumo, circulación, comercialización, venta, producción y similares cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de nicotina- Sistemas Similares sin Nicotina Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, Cigarros electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, además, de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte, además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. Esta omisión está fundamentada en el sistema prohibitivo conformado por los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, los cuales han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se reclama la prohibición absoluta de la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, publicado el treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, entrando en vigor en esa misma fecha, además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. Se reclama la falta de medio legal de defensa en contra de la prohibición absoluta del de la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alterativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores como usos similares, así como las Soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, publicado el treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, entrando en vigor en esa misma techa, además de los actos necesarios a esos efectos, talos como la adquisición, posesión y transporte, además de los actos necesarios a esos electos, tales como In adquisición, posesión y transporte De la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se reclama la vulneración a mi derecho a la integridad psicológica y al libre desarrollo a la personalidad Subrayando que en octubre del das mil veintiuno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo dieciséis de la Ley General para el Control del Tabaco que prohibía los cigarrillos electrónicos, alegando que la regulación vulneraba la libertad de comercio. De la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México se reclama la aplicación de la prohibición absoluta del de la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alterativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, publicado el treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, entrando en vigor en esa misma fecha, además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte, además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte, consistentes en la aplicación de los articulos235, ultimo parrato,D57,245, fracción, 247, último párrafo. y 243 de la Ley General de Salud. " En ese sentido, se advierte que el quejoso reclama las normas generales que en su concepto, mantienen un sistema de prohibición total, para el ejercicio del comercio, circulación y comercialización de los Sistemas Alternativos de Consumo de tabaco; además, de la omisión de establecer la normatividad que permita realizar las propias actividades, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De donde se sigue que la litis planteada consiste en reclamar el proceso regulatorio de las sustancias y medios previstos en la Ley General de Salud, la justificación o fundamento de la omisión del Estado de regular el ejercicio de una libertar personal, tanto en las normas vigentes, como en las funciones orgánicas de la autoridad competente. De donde se sigue que la causa de pedir es de naturaleza intrínsecamente administrativa, en principio porque la autoridad encargada de regular y en su caso avalar y/o otorgar el permiso que en concepto del impetrante, ha omitido otorgar, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (señalada como responsable), que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa en atención a que su objetivo principal radica en unificar las políticas y criterios que en la materia definan y permitan tomar con mayor rapidez las decisiones relativas a los riesgos sanitarios. Esto es, se trata de un ente administrativo, con facultades regulatorias, por lo que se estima actualizada la regla de asignación competencial, consistente en determinar la naturaleza jurídica de la autoridad responsable. Al respecto, se cita la tesis 1a. XCV/2014 (10a.), de la Primera Sala del Tribunal Pleno, visible en la página 558 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo l, Marzo de 2014, décima época, en materia común Administrativa, que dice: "REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS. SU NATURALEZA, ALCANCE Y FINALIDAD. De los artículos 194, 368 y 376 de la Ley General de Salud, así como 1 y 3 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deriva que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, ejercer el control sanitario nacional, el cual comprende múltiples acciones para verificar las actividades relacionadas con la salud humana conforme al marco jurídico vigente, ya sea mediante verificaciones, supervisiones, monitoreo, muestreos, la imposición de sanciones o medidas de seguridad, así como el otorgamiento de las autorizaciones sanitarias para permitir a una persona pública o privada llevar a cabo actividades relacionadas con la salud humana, las cuales pueden tener el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario. Así, los registros sanitarios son autorizaciones especiales para ciertos productos que por su uso y naturaleza pueden incidir en un riesgo sanitario para la población, como los medicamentos y fármacos. De ahí que el registro sanitario de medicamento constituya el acto administrativo a través del cual la autoridad sanitaria avala que un medicamento o fármaco es eficaz, seguro y de calidad, lo que no implica la autorización para comercializarlos libremente, ya que su comercio o distribución tiene que sujetarse a las diversas disposiciones de regulación de comercio de medicamentos, en tanto que la COFEPRIS sólo verifica cuestiones estrictamente sanitarias, por lo que el referido registro únicamente avala la seguridad, calidad y eficacia del medicamento o fármaco." Por otra parte, el acto reclamado también es de naturaleza administrativa porque la omisión reclamada tiene implícita la acción para solicitar un registro sanitario, que avale la utilización de los medios alternativos del consumo del tabaco. Al respecto el artículo 368 de la Ley General de Salud, determina que las autorizaciones sanitarias tienen el carácter de licencias, permisos, o registros de control sanitario, esto es, son en sí mismos actos administrativos que por su contenido caen dentro de la clasificación de actos positivos o favorables al particular, es decir, al consistir en autorizaciones o licencias, en las que en la generalidad de los casos hay un ejercicio restringido del particular pues este derecho puede afectar la tranquilidad, la seguridad o la salubridad pública, y sólo al dejar a salvo determinados requisitos es cuando la administración permite el ejercicio de aquel derecho previo. De modo que al tratarse de un proceso que tiene como objeto obtener un registro sanitario, que es un acto administrativo de la autoridad sanitaria para efecto de autorizar calidad, eficacia y seguridad de los insumos a los cuales el quejoso busca conferirles determinados fines, y no así para conceder otro tipo de derechos a los particulares, que además es regulado por una autoridad administrativa, que se habrá de valer de normas generales de ese orden, entonces, es claro que el juzgador federal que habrá de avocarse al conocimiento del asunto es uno especializado en la materia administrativa. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XCVIII/2014 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "FARMACOVIGILANCIA. COMPRENDE LA POTESTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA REVISAR LOS REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS O FÁRMACOS. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en términos de su reglamento, es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y operativa para ejercer las múltiples actividades del control sanitario por medio de sus unidades, por lo que sus facultades principales consisten en realizar verificaciones, supervisiones, monitoreo, imponer sanciones o medidas de seguridad, y otorgar las autorizaciones sanitarias; actividades de las que deriva la facultad de farmacovigilancia que refiere a la constante operación de los programas permanentes relativos para verificar una identificación clara de los medicamentos, supervisar y monitorear su comportamiento frente al consumo humano. Por tanto, conforme al artículo 378 de la Ley General de Salud, que dispone que la autoridad sanitaria puede revisar las autorizaciones sanitarias otorgadas en aras de evitar riesgos sanitarios, puede deducirse que la farmacovigilancia de los medicamentos y fármacos comprende también la potestad discrecional de la autoridad sanitaria para revisar su registro sanitario de acuerdo al marco regulatorio vigente, sin necesidad de esperar al término de su vigencia." También se cita la jurisprudencia 1a./J. 8/2021 (10a.), de la Primera Sala del Tribunal Pleno, visible en la página 1631 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo lI, Julio de 2021, décima época, en materia común Administrativa, que dice: " COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS U OMISIONES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROSOC) EN EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES, PREVISTO EN LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes decidieron qué Juzgados de Distrito son competentes para conocer de las demandas de amparo indirecto que se promuevan contra actos u omisiones de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en un procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, si uno en materia administrativa o en materia civil. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida contra actos u omisiones de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en el marco del procedimiento sancionador, corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se fija conforme a la naturaleza del acto reclamado; en consecuencia, el conocimiento del amparo promovido contra actos u omisiones en el marco del procedimiento sancionador previsto en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa pues, conforme a la legislación aplicable, dicho procedimiento y la actuación de la autoridad, tienen naturaleza administrativa, ya que a pesar de que se ventilan obligaciones y derechos relacionados con el régimen de propiedad en condominio, no se trata de prestaciones de carácter civil entre los particulares, sino de concretar las facultades regulativas de la autoridad, encaminadas a garantizar los objetivos de política pública, en torno a dicho régimen. Lo anterior es así, ya que el procedimiento de aplicación de sanciones es uno característico y propio de las facultades administrativas de la Procuraduría Social, que es diferente a los procedimientos de conciliación y arbitraje que se ventilan ante ella; incluso, como se precisa en el reglamento de la ley de la materia, el procedimiento sancionador inicia después de agotadas esas otras instancias. Así, es claro que, en el citado procedimiento sancionador, la Procuraduría Social actúa como autoridad, en un plano de supra-subordinación, además de que el mismo concluye con la imposición de una sanción administrativa." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo planteada, por lo que fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, para que provea lo que en derecho corresponda. Remítase al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, el presente expediente de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. El correo y número telefónico que refiere la quejosa únicamente serán considerados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo planteada por ..., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. TERCERO. Se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno. NOTIFÍQUESE.

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