Sebastián Ramírez Quintero
Expediente 275/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sebastián Ramírez Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En treinta de junio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del quince al veintiséis de junio de dos mil quince, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de junio de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 275/2015.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de junio de dos mil quince. Vista la certificación y cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida por este Tribunal Federal el diez de junio de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal citado en último término, se declara que esa resolución ha causado ejecutoria. De conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se ordena el archivo del presente Juicio de Amparo, como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En su oportunidad, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 275/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, SEBASTIAN RAMÍREZ QUINTERO, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas y otras autoridades; por los actos que se precisan a continuación: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO.- LA ORDEN GIRADA EL C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE RÍO GRANDE, ZACATECAS DE ASENTAR NOTA DE LITIGIO EN LOS DOCUMENTOS REGISTRADOS QUE AMPARAN MI PROPIEDAD, SIN HABERSE SEGUIDO JUICIO PREVIO B) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO.- EL CUMPLIMIENTO QUE DIERON A LA ORDEN ANTERIOR." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintiséis de febrero de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 275/2015; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La orden de asentar nota de litigio en los documentos registrales que amparan su propiedad, sin habérsele dado la garantía de audiencia. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Inexistencia, El Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en el informe justificado que rindió, negó los actos que se le reclaman y al no haber exhibido la parte quejosa prueba alguna conducente a desvirtuar esa negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, respecto de las citadas responsables, al actualizarse la causal prevista por fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto, es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II. 2. 2. Certeza: Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, y del Oficial Registrador de esa propia ciudad (fojas 11), toda vez que así lo reconocieron en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". En el caso, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo vigente. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." y "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, la faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, procede evidenciar, por qué los actos reclamados, a saber, la orden de nota de litigio respecto de un inmueble propiedad del quejoso, emitida el ocho de enero del dos mil quince, dentro del expediente 583/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, no afectan la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. Así, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del citado Juicio Civil registrado con el número 583/2015, y en esencia son: Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, Ma. Guadalupe Figueroa Delgado promovió en el juicio sumario civil tendiente a cobrar sus honorarios como abogado patrono de Sebastián Ramírez Quintero (fojas 13 a 23) El nueve de diciembre del dos mil catorce, el juez Primero de Primera Instancia de Río Grande, Zacatecas, previo cumplimiento por parte de la actora a un requerimiento que le fue realizado, dictó proveído mediante el cual tuvo por admitida la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada (foja 26). Mediante proveído del ocho de enero del dos mil quince, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, giró oficio al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa propia ciudad a efecto de que asentara nota de litigio respecto del inmueble inscrito bajo el número 30, folios 126, volumen CCCVII de escrituras públicas (foja 29). Hecha esa precisión, es importante destacar que la parte quejosa a su escrito inicial de demanda no anexó documental alguna, de tal suerte que, al no exhibir ni ofrecer prueba alguna no acredita la quejosa que se le vaya a ocasionar un perjuicio con motivo de nota de litigio realizada al inmueble inscrito bajo el número 30, folios 126, volumen CCCVII de escrituras públicas, ordenada por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Lo anterior se afirma, en virtud de que, si bien es verdad que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, dentro del Juicio Civil registrado con el número 583/2015, giró oficio al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa propia ciudad a efecto de que asentara nota de litigio respecto del inmueble inscrito bajo el número 30, folios 126, volumen CCCVII de escrituras públicas. Sin embargo, el quejoso en momento alguno de su demanda señaló la ubicación del inmueble que dice es de su propiedad, como tampoco, durante la tramitación del presente juicio de amparo, proporcionó los datos de registro del citado inmueble sobre el cual dice, es de su propiedad y se mandó hacer la anotación marginal; esto es, no está demostrado que el inmueble en el cual se ordenó realizar la nota litigiosa sea propiedad del impetrante de garantías, pues se insiste, no exhibió cuando menos copia fotostática certificada con la que acredite la propiedad que dice detentar. Por tanto, es evidente que el acto reclamado, esto es, la nota de litigio respecto del inmueble inscrito bajo el número 30, folios 126, volumen CCCVII de escrituras públicas, ordenada por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, no afecta la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. De ahí que no se le está afectando algún derecho sustantivo protegido por alguna norma legal, lo que provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, es procedente decretar el sobreseimiento del juicio conforme con la fracción V del artículo 63 del cuerpo normativo invocado. Es aplicable a lo anterior, las tesis del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto al acto reclamado a la autoridad ejecutora Oficial del Registro Público de la Propiedad de Río Grande, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SEBASTIAN RAMÍREZ QUINTERO, por su propio derecho, contra las autoridades responsables y en cuanto a los actos precisados en el considerando segundo, inciso 2, de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo, hoy diez de junio de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
- Principal
El veinticuatro de abril de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las doce horas con veinte minutos del veinticuatro de abril del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; y tomando en consideración que el Titular de este Órgano Jurisdiccional goza de licencia concedida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia de mérito, fijándose las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, siete de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas al rendir su informe justificado; se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente en el presente Juicio de Amparo le resulta el carácter de tercero interesada a MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO; quien tiene su domicilio en calle Luis Moya 17-5, Centro de Río Grande, Zacatecas. Por tanto, con fundamento en lo previsto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2º., párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, y 27, fracción II, de esta última legislación, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que con una copia simple de la demanda de garantías, lleve a cabo el emplazamiento a este juicio constitucional de la citada tercero interesada. Se solicita a la autoridad judicial antes mencionada, que en el momento de la respectiva diligencia se haga del conocimiento de MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO, la hora y fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías; data que en líneas posteriores se precisará; debiendo prevenirla para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que mientras no haga esa designación, las posteriores, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos del cuerpo de leyes invocado. Se hace del conocimiento de la autoridad jurisdiccional que por razón de turno conozca de la comunicación oficial ahora remitida, que si el emplazamiento se hace en la misma fecha que se encuentra señalada para la audiencia constitucional o en fecha posterior a su celebración, no obstante ello, deberá realizar el emplazamiento encomendado, toda vez que este Órgano Jurisdiccional proveerá de oficio en cuanto a su diferimiento. Finalmente, atendiendo a que del estado que guardan los presentes autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del nueve de abril de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional, dada su proximidad y a efecto de dar tiempo a que se emplace a la tercero interesada en comento, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE para su verificativo.
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