Sebastián Patishtan Méndez
Expediente 1272/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 54 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 27/07/2018
Partes del expediente
- Sebastián Patishtan Méndez
- Ignacio Pérez Martínez
- Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación criminal de Distrito Altos, residente en san Cristóbal de las Casas, Chiapas
- Mariano Pérez Pérez y Otros.
- Ayuntamiento Constitucional de san Cristobal de las Casa, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el sobre cerrado que devuelve el Administrador del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, que contiene el oficio 13812/2018, dirigido al Fiscal del Ministerio Público Investigador Titular de la Mesa de Trámite Número Tres de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por las razones que ahí expone. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones reexpídase el citado oficio con la denominación y domicilio correcto. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DOS: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil y Comandante Regional Zona Altos de la Policía Especializada, ambas con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez qué cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Juez de Control responsable, deberá realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 111/2017 de su índice, únicamente por lo que respecta al quejoso **********; y, b) Con libertad de jurisdicción, observando las características y principios del sistema penal acusatorio y subsanando los vicios formales que quedaron destacados en esta resolución, determine lo que estime legalmente procedente respecto a la solicitud ministerial de orden de aprehensión únicamente en lo que respecta al quejoso **********; esto es, de emitir de nueva cuenta una orden de aprehensión, deberá establecer de forma clara y precisa, con qué elementos objetivos aportados por el Ministerio Público se acredita la necesidad de la cautela para su emisión, específicamente por cuanto hace al aludido quejoso. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuye a la autoridad ejecutora Comandante Regional Zona Altos de la Policía Especializada, ambas con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al no impugnarse por vicios propios". Ahora, mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 767-768), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil y Comandante Regional Zona Altos de la Policía Especializada, ambas con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que dieran cumplimiento a la misma. Posteriormente, en proveído de doce de junio esta anualidad (foja 804), se dio vista a las partes en este asunto, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las comunicaciones remitidas por las responsables en las que adujeron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 791-792 y 795-802). Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias y autos se advierte lo siguiente: Mediante resolución de cuatro de junio del año en curso, pronunciada en la causa penal 111/2017, el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, declaró insubsistente la resolución dictada con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la citada causa penal y por otra parte, se niega la orden de aprehensión solicitada en contra de **********. Asimismo, mediante telegrama que contiene el número de oficio DGPE/CRZA/0375/2018, el Comandante Regional de la Policía Especializada, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, informó que se encontraba enterado de la sentencia dictada en este asunto, y que a su vez le dio de baja a la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, y en su momento se ordena depurar éste, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil y Comandante Regional Zona Altos de la Policía Especializada, ambas con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez qué cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Juez de Control responsable, deberá realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 111/2017 de su índice, únicamente por lo que respecta al quejoso **********; y, b) Con libertad de jurisdicción, observando las características y principios del sistema penal acusatorio y subsanando los vicios formales que quedaron destacados en esta resolución, determine lo que estime legalmente procedente respecto a la solicitud ministerial de orden de aprehensión únicamente en lo que respecta al quejoso **********; esto es, de emitir de nueva cuenta una orden de aprehensión, deberá establecer de forma clara y precisa, con qué elementos objetivos aportados por el Ministerio Público se acredita la necesidad de la cautela para su emisión, específicamente por cuanto hace al aludido quejoso. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuye a la autoridad ejecutora Comandante Regional Zona Altos de la Policía Especializada, ambas con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al no impugnarse por vicios propios". Ahora, mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 767-768), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil y Comandante Regional Zona Altos de la Policía Especializada, ambas con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que dieran cumplimiento a la misma. Posteriormente, en proveído de doce de junio esta anualidad (foja 804), se dio vista a las partes en este asunto, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las comunicaciones remitidas por las responsables en las que adujeron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 791-792 y 795-802). Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias y autos se advierte lo siguiente: Mediante resolución de cuatro de junio del año en curso, pronunciada en la causa penal 111/2017, el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, declaró insubsistente la resolución dictada con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la citada causa penal y por otra parte, se niega la orden de aprehensión solicitada en contra de **********. Asimismo, mediante telegrama que contiene el número de oficio DGPE/CRZA/0375/2018, el Comandante Regional de la Policía Especializada, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, informó que se encontraba enterado de la sentencia dictada en este asunto, y que a su vez le dio de baja a la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, y en su momento se ordena depurar éste, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, y en su momento se ordena depurar éste, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Notifíquese.
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