Sebastian Palafox Perez
Expediente 1007/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Sebastian Palafox Perez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente a los autos el oficio signado por la Directora General de la Unidad de Medidas Cautelares, sin necesidad de proveer lo conducente en razón de que en proveído de veintisiete de junio del presente año, se determinó desechar la demanda de amaro que nos ocupa y causo estado ordenando enviar al archivo del presente expediente en proveído de veinticuatro de agosto de este mismo año. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado GUADALUPE ALVAREZ SANCHES, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintisiete de junio del dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Sebastián Palafox Pérez, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 153/2022 número de orden 264/2022-II del índice de este juzgado. En consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno la comunicación enviada y háganse las anotaciones respectivas. Consecuentemente, advirtiéndose de las constancias que emite la autoridad oficiante que se llevó a cabo la diligencia encomendada, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene por emplazado dentro de este juicio de amparo al tercero interesado Gaudencio Gayosso Díaz. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el término de tres días otorgados al citado tercero interesado para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de junio del año en curso, sin que haya realizado manifestación alguna. En virtud de lo anterior, procédase a notificarle los subsecuentes proveídos por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, con sustento en la tesis aislada de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO.", resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que para su celebración se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ********, por derecho propio, en contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1007/2022-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: Es decir, que el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de treinta de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 352/2022. Precisado lo anterior, se reitera, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos normativos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las disposiciones legales precedentes, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En efecto, de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente se desprende, que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Entre estos supuestos, se destaca lo que debe entenderse jurídicamente por, notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución; y que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Respecto del inciso a), es cuando el quejoso está notificado del acto o resolución que reclama, es decir, que existe una noticia formal del acto que puede traducirse en su perjuicio, lo que permite, al menos suponer, que tendrá a su alcance todos los elementos para su debida defensa en el proceso constitucional. Concerniente al diverso inciso b), relativo a que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución, es cuando la noticia del acto reclamado la obtiene de diversos modos, como información de personas cercanas a él o las que de algún modo estén relacionadas con la ejecución de los actos reclamados o bien por información publicada por medio de prensa, radio, televisión, redes sociales, etcétera. En este supuesto, es decir, si el quejoso tuvo conocimiento directamente de la responsable en cuanto a la negativa de la devolución del vehículo cuestionado, el plazo para promover la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento. Apoya esta consideración, Jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Finalmente, por lo que hace al inciso c), respecto a que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados, es cuando una persona se ha manifestado, mostrado o ha hecho patente, tal es el significado literal de la voz ostentar, cuando ha comparecido ante la autoridad, a aun sin haber sido notificado, para actuar precisamente en relación con el acto de autoridad que pretende ser reclamado, cuando en documento consta que ya se ha mostrado sabedora de la existencia de los propios actos. En el caso particular, se actualiza la primera hipótesis del artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. Lo anterior es así, pues del escrito de demanda refirió lo siguiente: Manifestación que constituye una confesión en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. En ese contexto, si se notificó al quejoso Sebastián Palafox Pérez, el auto de vinculación de proceso de treinta de mayo de dos mil veintidós, en esa misma fecha treinta de mayo, surtió efectos al día siguiente hábil, entonces, el término de quince días que la Ley de Amparo concede para la promoción de la demanda relativa, empezó a correr al día siguiente, esto es, del uno al veintiuno de junio del año en curso. MAYO Domingo Lunes 30 Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 30 (notificación) 31 (surtió efectos) JUNIO 1 (uno) 2 (dos) 3 (tres) 4 5 6 (cuatro) 7 (cinco) 8 (seis) 9 (siete) 10 (ocho) 11 12 13 (nueve) 14 (diez) 15 (once) 16 (doce) 17 (trece) 18 19 20 (catorce) 21 (quince) -cuando debió presentar demanda- 22 (dieciséis) 23 (diecisiete cuando presentó la demanda EXTEMPORANEA Descontándose los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y dieciséis de junio. En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En consecuencia si la demanda de amparo se ingresó al buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veintitrés de junio de dos mil veintidós, conforme se advierte en la papeleta de turno correspondiente (foja 1 de autos), en la que se observa número de registro, folio, "tipo de ingreso: buzón judicial", hora y fecha de presentación "23-06-2022". Es evidente, que ello sucedió fuera del término de quince días que para la promoción del juicio de amparo, prevé el ordinal 17 de la Ley de la materia, se puede concluir que fue extemporánea y como consecuencia de esto, se hace patente que la parte quejosa consintió el acto que reclama, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del término legal establecido para tal efecto. Resulta aplicable el contenido de la tesis IV.3o.78 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, enero de 1994, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". También es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sin que pase por alto destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el plazo para promover el juicio de amparo contra autos restrictivos de la libertad personal dictados en el proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, es el genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA de derechos, promovida por *******, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Tomas Ortiz Ruiz y Pedro Orozco Omaña, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Onailime Benhur Percastregui Soria, en virtud de carecer de dicho registro, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizado en términos amplios. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Se tiene a la parte quejosa solicitando la consulta vía electrónica del presente expediente, a través del usuario "OMAZCO", lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes.
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