Sebastián Ortega Gallegos

Expediente 456/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
456/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Sebastián Ortega Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I-A "... Visto el estado de autos; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veinticinco de abril pasado, se desechó la demanda de garantías promovida por Sebastián Ortega Gallegos, el cual se notificó el tres de mayo siguiente (foja 15); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA I-A "... Vista la demanda de amparo, sin anexos, promovida por Sebastián Ortega Gallegos, contra actos del Integrantes de la Comisión de Carrera Policial del Consejo Estatal de Desarrollo Social Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 456/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, los artículos 1, 3 y 96 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en la parte que interesa, establecen: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. "ARTÍCULO 3.- Esta ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, reglamentos, bandos y demás ordenamientos que tengan vigencia en el Estado de Oaxaca. [.]" "ARTÍCULO 96.- Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: [.] I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; Los artículos transcritos revelan que cuando un acto administrativo emana de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas; lesionan los derechos del gobernado, quien tiene expedito su derecho para promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida por los integrantes de la Comisión de Carrera Policial del Consejo Estatal de Desarrollo Social Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la cual se le notificó verbalmente el cinco de abril de esta anualidad, donde se dio de baja entre otras cosas por incumplir el requisito de permanencia previsto en los artículos 88, apartado B, fracción XIV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 99, apartado B, fracción XIV de la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Pública de Oaxaca, al ausentarse del servicio sin causa justificada por periodo de tres días consecutivos; así como la terminación de la relación administrativa entre el quejoso y la institución, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción I, de la Ley de Sistema de Seguridad Pública. Como se ve, al tratarse el acto reclamado de una resolución administrativa, dado que la relación jurídica existente entre el hoy quejoso, como policía y la autoridad estatal emisora de aquél, es administrativa; el ahora quejoso está jurídicamente obligado a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, a través del cual se puede modificar, revocar o confirmar el acto lesivo. Máxime que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece que para poder acudir al juicio de garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en dicha ley, y por otra parte, la impetración del mismo suspende la ejecución del acto administrativo, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo requiere para conceder la suspensión del acto administrativo reclamado. Luego, si la parte quejosa tiene a su alcance el mencionado medio ordinario de defensa para combatir el acto aquí reclamado, es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo, debe agotar el principio de definitividad, esto es, el juicio de nulidad referido. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por SEBASTIÁN ORTEGA GALLEGOS. No obsta a lo anterior, que el promovente, no expresara bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; lo anterior, en virtud de que a nada práctico conduciría prevenir a afecto de que los antecedentes narrados los manifestara bajo protesta de decir verdad, toda vez que el sentido de la presente resolución sería el mismo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizado, en los términos en que señala a Ivo Esqueda Nava, y únicamente, para oír y recibir notificaciones a Emilio de los Santos López. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO CITATORIO. CONSTE.)

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