Sebastián Nieves Gómez

Expediente 939/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
939/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Sebastián Nieves Gómez
  • Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Colegiado resuelve conflicto competencial. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, al cual adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria emitida el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 40/2023, a través de la cual declaró que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legamente competente para conocer del presente juicio. Acúsese de recibo de estilo. 2. Archivo. Atento a lo anterior, se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 19, fracción I inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que en el presente cuaderno no obra documento original. 4. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por estar dirigido a este órgano jurisdiccional. 1.1. Juzgado homólogo no acepta competencia. Téngase por recibido el oficio citado con antelación, suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, a través del cual devuelve el original del juicio de amparo 939/2023, el cual fue registrado con el número 538/2023, de su índice, en razón de que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia que le fue planteada en proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, por las razones que expone. 2. Se insiste en declinar la competencia. En ese tenor, este órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo en que se actúa, pues no se comparte el criterio esgrimido por la Juez de Distrito oficiante. Cabe recordar que de las constancias anexas por el quejoso a la demanda de amparo obra la tarjeta de circulación de servicio de autotransporte, de la que se advierte que dicho servicio será prestado en la localidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es decir, el territorio en el que el quejoso eventualmente desarrolla su actividad transportista es en el Municipio mencionado en el párrafo que precede y no en otro, lo que significa que aquello que lo pudiera poner en una situación jurídica concreta como resultado de la aplicación de la Ley, de modo alguno ocurre en Morelia, sino en la localidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dicho de otra forma, si bien el domicilio de las autoridades responsables se ubica en Morelia, Michoacán, lo cierto es que el título de Concesión de Transporte Público fue expedido para ser prestado el servicio en la localidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán; con lo anterior, debe entenderse que la ejecución material de los actos reclamados en su caso, ocurrirían en éste lugar. Por otra parte, el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto impugnado establece: "DÉCIMO PRIMERO. En lo referente a esta Ley, hasta en tanto no sea creado el Instituto, las atribuciones de éste serán entendidas como las de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán." Acerca de lo anterior, se tiene que no existe certeza sobre que la ciudad de Morelia es el lugar en que debe acudir el quejoso a realizar los trámites concernientes a la concesión de la que es titular y estar en condiciones de cumplir con la norma que tilda de inconstitucional, puesto que ello acontecerá una vez que sea creado el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán; y si bien la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, lo hará en lugar del mencionado Instituto, la verdad es que ello puede ocurrir en el lugar en que se presta el servicio o en su caso en alguna de las Delegaciones de tal Comisión, al interior del Estado. Se dice lo anterior, porque de la página de internet de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán la que constituye un hecho notorio para este Juzgado que puede ser invocado de oficio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2º, último párrafo, se advierte que existen delegaciones en los Municipios de Sahuayo, Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan. Así, el hecho de que existan delegaciones de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán fuera del Municipio de Morelia, Michoacán, provoca que no exista convicción del lugar en que los concesionarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, deben acudir a cumplir con la normatividad que los rige. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, de dichos actos reclamados. De modo que se insiste en que debe ser un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien conozca del presente juicio. 3. Se plantea conflicto competencial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el punto Décimo, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remítanse los autos originales del presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para que tenga bien determinar lo que estime conducente respecto del presente conflicto competencial que se plantea. Por tanto, continúese actuando en el cuaderno de antecedentes formado previamente; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. Lo anterior, hágase del conocimiento a la Juez homóloga, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    En catorce de julio de dos mil veintitrés, la secretaria certifica: que Gerardo Martínez Camacho cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así Viridiana Mercado Gutiérrez, Oscar Reyes Valdés, Tania Joven Solís y América Marmolejo Estrada; con ello, se da cuenta al Juez, y con la demanda de amparo con anexos que se recibió vía electrónica, registrada en la Oficialía de Partes con folio 11346, dentro del juicio de amparo 939/2023. Conste. Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de Sebastián Nieves Gómez-carácter que se le reconoce en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, al tenor del instrumento notarial que en documento electrónico anexa a su escrito inicial de demanda, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que el mismo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, con lo que cumple con lo establecido en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo-; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 939/2023. 2. Se declara incompetencia por razón de territorio. Ahora, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el presente caso, se advierte que la parte quejosa reclama la iniciativa, discusión, votación, aprobación de la expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II, y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierten anexas la constancia de concesión de servicio público de autotransporte, la tarjeta de control de servicio público de autotransporte y la tarjeta de circulación de servicio público de autotransporte, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a favor de la parte quejosa. En consecuencia, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, porque los actos reclamados tienen como efecto la realización de actos que se materializarán en el lugar en donde fue expedida la concesión de autotransporte expedida a la parte quejosa. De modo que debe ser un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el que conozca del presente juicio, atendiendo a que dicho órgano es quien ejerce jurisdicción en aquél lugar, y que será en éste en donde en donde habría de ejecutarse los actos que reclama. Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: "(.) XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." En mérito a lo anterior, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito residente en esa ciudad, en turno. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época Julio-Septiembre de 1989, con número de registro 820159, de rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". Igualmente es aplicable por su contenido jurídico sustancial la jurisprudencia emitida por el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página, 2459, Libro 7, noviembre de 2021, Tomo III, de la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2023765, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, CUANDO SE RECLAMA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA, Y EN LA DEMANDA DE AMPARO SE EXHIBEN DOCUMENTALES (FACTURAS) EN LAS QUE SE APRECIA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DICHO LUGAR. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señala que será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; asimismo, de tal precepto se aprecia que tales actos son aquellos que después de su emisión, requieren de una ejecución material. Ahora bien, si se reclaman diversos artículos de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, con carácter de autoaplicativa, afirmando medularmente que los quejosos realizan actividades comerciales en el Estado de Quintana Roo, demostrando dicha situación con diversas documentales (facturas), y de ellas se advierte que tales transacciones fueron concretadas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y dicha localidad es donde tendrán ejecución las normas tildadas de inconstitucionales, el Juez de Distrito competente para conocer del asunto, es aquel que ejerza jurisdicción en la localidad donde tendrán ejecución material las normas reclamadas como autoaplicativas, siempre y cuando de las documentales anexas al ocurso de derechos fundamentales se aprecie el lugar de ejecución del acto reclamado, pues se trata del lugar de ejecución de dichas disposiciones legales". Así mismo se cita, la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1687, tomo XXVI, diciembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES QUE REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE EL QUEJOSO TENGA EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS ACTIVIDADES, AUN CUANDO MANIFIESTE LLEVARLAS A CABO EN DIFERENTES CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL. Cuando se trata de un juicio de amparo contra leyes que requieren de ejecución material, es aplicable la primera regla de competencia contenida en el artículo 36 de la ley de la materia, es decir, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el domicilio donde el quejoso tiene el principal asiento de las actividades que lo vinculan a las normas impugnadas; porque en ese lugar es donde debe, en principio, acatarlas, no obstante que manifieste llevarlas a cabo en diferentes ciudades del territorio nacional. De ahí que sea competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde el quejoso tenga el principal asiento de sus actividades". Sin que pase desapercibido que el domicilio de las autoridades responsables lo es en Morelia, Michoacán, lo cierto es que el Título de Concesión de Transporte Público fue expedido para ser ejecutado en la localidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán; con lo anterior, debe entenderse que la ejecución material de los actos reclamados en su caso, ocurrirían en aquél lugar, respecto del cual corresponde conocer a un Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, por ser el que ejerce jurisdicción en ese Distrito. Lo anterior, con apoyo en la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Por tanto, solicítese el acuse de recibo respectivo por parte del Juzgado de Distrito al que corresponda conocer del asunto, así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito y con copias simples de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra; en el entendido de que únicamente Gerardo Martínez Camacho gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Mientras tanto, por lo que ve a Viridiana Mercado Gutiérrez, Oscar Reyes Valdés, Tania Joven Solís y América Marmolejo Estrada, se les tiene como autorizados en los restringidos términos a que alude el precepto citado, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de abogado. 4. Autorización del expediente electrónico. Atento a su diversa solicitud, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene como usuario "VALENTEALVAREZ" que proporciona, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico. 5. Notificaciones electrónicas. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 6. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa, a través del uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos); asimismo, si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia. Mrg Razón. En esta fecha se giraron los oficios 22117 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste.

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