Sebastián May de la Cruz

Expediente 1621/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1621/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Sebastián May de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en el citado numeral, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, 23 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis del artículo 21 fracción d) del referido acuerdo. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno, y una vez transcurran tres años, procédase a la destrucción del expediente dentro de los treinta días siguientes y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa el contenido del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 1437/2021, de su índice, promovido por ******, por propio derecho, contra actos del Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Séptima Zona Naval, con sede en esta ciudad, en el que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo indirecto 1621/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal, se desprende que la suscrita tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, la suscrita advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendido al resultado de la resolución. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. (.)". De los numerales transcritos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, los que -de acuerdo con el propio texto legal- son aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De este modo, la Ley de Amparo prevé condiciones específicas para que el juicio constitucional sea procedente en la vía indirecta contra un acto intraprocesal, toda vez que es necesario que el acto emitido dentro de juicio afecte materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, quedando excluidos los perjuicios a derechos adjetivos o procesales. Lo anterior, en el entendido que los derechos sustantivos se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, será necesario que se impugnen junto con dicho fallo a través del medio de defensa establecido para tal efecto. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 (10ª), razonó que el artículo 107 de la Ley de Amparo proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto a los actos irreparables, toda vez que mediante una fórmula legal definió con precisión, que son aquéllos que generan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que producen consecuencias de tal entidad que impiden de manera actual el ejercicio de un derecho reconocido en la Norma Fundamental o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En ese entendido, la condición para afirmar que se está en presencia de un acto de imposible reparación, es que la afectación se produzca materialmente, lo que -en consideración del Alto Tribunal- significa que el acto reclamado debe impedir el ejercicio de algún derecho en forma presente y actual, lo que puede suscitarse incluso antes del dictado del fallo definitivo. Asimismo, como segunda condición, los actos irreparables deben producir una lesión a derechos netamente sustantivos, lo que se trata de una expresión que resulta antagónica con el concepto de derechos adjetivos o formales, los cuales se refieren a normas procesales y cuya inobservancia no produce necesariamente una lesión de modo actual y presente, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento respectivo. Los anteriores razonamientos son visibles en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 7, junio de 2014, tomo 1, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En ese orden de ideas, el requisito para reclamar actos intraprocesales mediante el juicio de amparo indirecto es que se afecten bienes jurídicos cuya fuente no provenga de leyes adjetivas, toda vez que el legislador fue categórico al disponer que los actos irreparables únicamente son los que lesionan derechos sustantivos (derechos fundamentales) reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, con lo que dejó fuera la posibilidad de que en esta vía se reclamen actos que afecten derechos adjetivos o procesales. En el caso concreto la parte quejosa reclama la citación para que comparezca ante el Consejo de Honor de la Séptima Zona Naval, con sede en esta ciudad, a las diez horas del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por considerarlo probable responsable de cometer faltas graves en contra de la Disciplina Naval, al haber sido sancionado durante el desempeño de sus funciones en la Guardia Nacional, con motivo de los hechos ocurridos el once de junio del presente año; lo que -en consideración de la suscrita- es un acto que no reviste la naturaleza de imposible reparación. De lo anterior, se tiene que el acto impugnado representa un aviso de que el quejoso debe comparecer ante el Consejo de Honor de la Séptima Zona Naval, con sede en esta ciudad, para esclarecer los hechos ocurridos el once de junio del año en curso. En consecuencia, de modo alguno, constituye una resolución definitiva, pues lo será aquella que asuma el Consejo de Honor luego de que revise el motivo que dio origen a la respectiva audiencia y, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, dicho acto debe estudiarse como parte integrante de aquella decisión. Por otra parte, se considera que tal acto tampoco afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo como propiedades, posesiones o derechos de la parte quejosa, pues tiene como finalidad sujetar al quejoso a un procedimiento administrativo, dándole la oportunidad de comparecer, a efecto de que asuma la postura que a su interés legal convenga y en su caso ofrezca pruebas que estime idóneas para acreditar su pretensión y desvirtuar la conducta atribuida. Ello, sin que sea condición que la resolución que se emita sea contraria a sus intereses, pues no obstante que, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 6 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército y Armada Nacionales, entre las facultades del Consejo de Honor se encuentra la de determinar un posible mala conducta de los elementos castrenses, cierto es que existe la posibilidad de que pueda obtener una decisión favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Además, con independencia de la determinación que emita el respectivo Consejo, en la especie, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 172/2019 (10a.), de rubro: "MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO LES ES APLICABLE CUANDO HAYAN OBTENIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU BAJA." , la cual prevé que, en caso de que pudiera resolverse la baja del quejoso como miembro de la milicia, de demostrarse ilegalidad del procedimiento en instancia judicial y se conceda la protección constitucional, no le es aplicable la prohibición para ser reinstalado, en términos del precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden, la citación a la audiencia del Consejo de Honor, no podría ser sujeto a escrutinio judicial por la vía de amparo, al considerarse intraprocesal, pues será hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento, en el que los agravios que genere, podrán reclamarse en conjunto como violación procesal. Lo anterior, guarda congruencia con el numeral 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea de México, que dispone que la baja definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea procede por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional. Finalmente, si bien el quejoso, por virtud del acto en estudio, debe comparecer ante el Consejo de Honor de la Séptima Zona Naval, con sede en esta ciudad, ello tampoco puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca proteger su garantía de audiencia a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa, más no privarlo de la libertad; es decir, la citación reclamada no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad. En tal virtud, el acto impugnado no constituye una resolución definitiva y tampoco de afectación de imposible reparación, por lo que no es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro digital 175221, tomo XXIII, abril de 2006, página 242, de texto y rubro siguiente: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto. Asimismo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, relativo a la Décima Época, página 1539, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Por los motivos expuestos anteriormente, de la lectura integral de la demanda, la suscrita advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS Se tiene como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a******y**********, así como con las limitaciones que establece el segundo párrafo del referido artículo, a Verónica Contreras Barroso, toda vez que no está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; esto, al tratarse de un asunto que versa en materia administrativa. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, en atención a lo solicitado por el promovente y toda vez que su autorizado Alejandro Flores González, está registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario LICALEXFLORES; se le concede acceso al expediente electrónico para su consulta y se ordena que las notificaciones de carácter personal en el presente asunto se le practiquen electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles para que el actuario realice las notificaciones correspondientes en el presente asunto; ello, atendiendo a las cargas de trabajo del juzgado y con la finalidad de tutelar el derecho fundamental de acceso a justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA QUE TRANSITEN HACIA LA ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y USO DE MEDIOS DE CONTACTO En otra tesitura, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con los diversos que lo reforman respecto a su vigencia, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse, y de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Igualmente, conforme al Acuerdo General conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como al referido numeral 3 de la ley de la materia, fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo indirecto; para ello, se ordena digitalizar las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que integren el expediente en que se actúa. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA También, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Con apoyo en el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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