Sebastian Maximiliano Martínez Coronado

Expediente 1636/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1636/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Sebastian Maximiliano Martínez Coronado

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO.- SE HACE EFECTIVO EL AVISO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTE DE DICIEMBRE ACTUAL QUE EN SINTESIS DICE tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ***, promoviendo por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1636/2019-I-B, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. IMPROCEDENCIA En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la Legislación de la Materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por tanto, como la demanda de amparo constituye un todo y debe estudiarse en forma integral a efecto de estar en aptitud de establecer con precisión los actos reclamados que en ella se formulan y resolver lo que en derecho corresponda, de conformidad con la jurisprudencia 744, visible en la página 501, del apéndice de 1995, tomo VI, parte TCC, de la Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. " Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que da lugar a su desechamiento de plano. En efecto, el artículo 113, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de procedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Ahora bien, esta autoridad federal considera que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que no le asiste el carácter de autoridad responsable al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, en atención a las siguientes consideraciones: De los artículos anteriormente referidos, se aprecia que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, a aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, materia común, registro 161133 que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De las anteriores consideraciones deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares (que se emitan en el mismo plano de igualdad), precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y, en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, el quejoso se duele de que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de la suspensión del servicio de transportes a partir de enero de dos mil veinte, por el nuevo modelo de servicio de transporte mediante cobro independiente. Cabe señalar que Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, es una institución educativa, cuya finalidad es la de otorgar determinadas prestaciones educativos a aquél o aquellas personas que así lo soliciten; por lo que es de concluirse que la relación entre la institución y el estudiante, se da en un plano de igualdad, puesto que el primero es una persona moral y por tanto, no está investido de imperio. En el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, la suspensión del servicio de transportes a partir de enero de dos mil veinte, por el nuevo modelo de servicio de transporte mediante cobro independiente, de lo que se advierte que se trata de la modificación de la institución educativa para prestar el servicio de transporte. De manera que, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación. Por el contrario, se trata de una relación de coordinación, entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, de manera que cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Esto es, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo cuando se le reclamen actos como institución educativa; pues como se indicó, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a la autoridad, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación); motivos por los cuales carece de unilateralidad, imperatividad y coercitividad de que todo acto de autoridad está revestido, pues sólo actúa institución educativa y no como autoridad; de ahí que se insista que dicha relación es en un plano de coordinación y no como autoridad y gobernados con carácter de supra a subordinación, lo que resulta indispensable para que los gobernados estén en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Por tanto, respecto de la suspensión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de prestar el servicio de transporte a su alumnado y la modificación en sus condiciones, por lo que la relación jurídica que existe entre la institución y la parte quejosa no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre un sujeto que al negarse a celebrar el contrato respectivo, no acepta obligarse con el otro. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 647, registro 2017394, de rubro dispone: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En consecuencia, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que como se explicó la relación que existe entre el solicitante y la institución educativa en dicho supuesto, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad); por lo tanto, dicho acto reclamado no constituye un acto de autoridad como lo exige el artículo 1o, fracción I, de la Ley de Amparo. Se llega a tal conclusión ya que al existir jurisprudencia aplicable al caso es manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se actualiza, ya que la aplicación de la jurisprudencia es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez). Sin perjuicio de lo anterior, en razón de la naturaleza del presente proveído, se comisiona por única ocasión a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que con copia del presente acuerdo, notifique el mismo a la parte quejosa en el domicilio ubicado en: ***, Estado de México, código postal 54150; haciéndole del conocimiento que queda expedito su derecho para señalar nuevo domicilio dentro de la residencia de este juzgado. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversa persona que refiere toda vez que así lo señaló la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ***, promoviendo por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1636/2019-I-B, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. IMPROCEDENCIA En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la Legislación de la Materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por tanto, como la demanda de amparo constituye un todo y debe estudiarse en forma integral a efecto de estar en aptitud de establecer con precisión los actos reclamados que en ella se formulan y resolver lo que en derecho corresponda, de conformidad con la jurisprudencia 744, visible en la página 501, del apéndice de 1995, tomo VI, parte TCC, de la Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. " Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que da lugar a su desechamiento de plano. En efecto, el artículo 113, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de procedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto, se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Ahora bien, esta autoridad federal considera que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que no le asiste el carácter de autoridad responsable al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, en atención a las siguientes consideraciones: De los artículos anteriormente referidos, se aprecia que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, a aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, materia común, registro 161133 que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De las anteriores consideraciones deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares (que se emitan en el mismo plano de igualdad), precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y, en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, el quejoso se duele de que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de la suspensión del servicio de transportes a partir de enero de dos mil veinte, por el nuevo modelo de servicio de transporte mediante cobro independiente. Cabe señalar que Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, es una institución educativa, cuya finalidad es la de otorgar determinadas prestaciones educativos a aquél o aquellas personas que así lo soliciten; por lo que es de concluirse que la relación entre la institución y el estudiante, se da en un plano de igualdad, puesto que el primero es una persona moral y por tanto, no está investido de imperio. En el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, la suspensión del servicio de transportes a partir de enero de dos mil veinte, por el nuevo modelo de servicio de transporte mediante cobro independiente, de lo que se advierte que se trata de la modificación de la institución educativa para prestar el servicio de transporte. De manera que, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación. Por el contrario, se trata de una relación de coordinación, entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, de manera que cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Esto es, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo cuando se le reclamen actos como institución educativa; pues como se indicó, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a la autoridad, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación); motivos por los cuales carece de unilateralidad, imperatividad y coercitividad de que todo acto de autoridad está revestido, pues sólo actúa institución educativa y no como autoridad; de ahí que se insista que dicha relación es en un plano de coordinación y no como autoridad y gobernados con carácter de supra a subordinación, lo que resulta indispensable para que los gobernados estén en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Por tanto, respecto de la suspensión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de prestar el servicio de transporte a su alumnado y la modificación en sus condiciones, por lo que la relación jurídica que existe entre la institución y la parte quejosa no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre un sujeto que al negarse a celebrar el contrato respectivo, no acepta obligarse con el otro. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 647, registro 2017394, de rubro dispone: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." En consecuencia, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que como se explicó la relación que existe entre el solicitante y la institución educativa en dicho supuesto, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad); por lo tanto, dicho acto reclamado no constituye un acto de autoridad como lo exige el artículo 1o, fracción I, de la Ley de Amparo. Se llega a tal conclusión ya que al existir jurisprudencia aplicable al caso es manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se actualiza, ya que la aplicación de la jurisprudencia es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez). Sin perjuicio de lo anterior, en razón de la naturaleza del presente proveído, se comisiona por única ocasión a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que con copia del presente acuerdo, notifique el mismo a la parte quejosa en el domicilio ubicado en: ***, Estado de México, código postal 54150; haciéndole del conocimiento que queda expedito su derecho para señalar nuevo domicilio dentro de la residencia de este juzgado. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversa persona que refiere toda vez que así lo señaló la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto.

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